Deficiencias en infraestructura, personal especializado y presupuesto crean momentos muy duros para las víctimas que se animan a denunciar abusos.Para varias mujeres denunciar un caso de violencia es un acto de valentía. Seguir este proceso se convierte en una lucha constante y muchas veces ingrata por el desamparado de las mismas autoridades. Eso sintió Mariel cuando denunció una violación y escuchó en una oficina policial la frase: “Como no era virgen, no quedaría muy afectada”.La Defensoría del Pueblo presentó este mes un informe que evidencia que a pesar de los avances institucionales alcanzados en cumplimiento a la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, aún no son suficientes para revertir la situación de mujeres víctimas de violencia. La investigación identifica al menos tres debilidades en la aplicación de dicha norma.“Existe falta de infraestructura, personal y presupuesto (en el país), pero sobre todo para ciudades intermedias y área rural”, explicó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.Según el informe, “el personal especializado es insuficiente para la protección de mujeres víctimas de violencia”.El caso de Melani sucedió el año pasado. Ella acudió a la oficina de la FELCV para sentar una denuncia por violación. Describió la agresión (el hecho acababa de suceder); poco después detuvieron al agresor y a ella le pidieron regresar al día siguiente; cuando lo hizo le preguntaron si quería presentar denuncia. La Defensoría observa que en este caso se cometieron varias omisiones por parte del efectivo policial que recibió la denuncia. “En primer lugar desconoce o no aplica los protocolos de acción para víctimas de violencia”, dijo.El informe indica que si bien la Policía, mediante la FELCV, ha incrementado la cantidad de personal de investigación, la institución sólo se encuentra en un 22% de los municipios del país. Esta situación “podría atenuarse mediante la implementación de las unidades móviles contra la violencia, conformadas por un equipo y personal especializado para la recepción de denuncias y auxilio inmediato, hecho que aún no se da cumplimiento debido a la falta de equipamiento y de los medios necesarios”.Cruz destacó que aunque los SLIMS se encuentran en los 57 municipios, muchos de éstos comparten atenciones con las defensorías de la niñez o atención a adultos mayores. En algunos casos sólo un funcionario (pasante) realiza las orientaciones.Otro de los casos que expone el informe es el de una víctima que contó que una funcionaria le comentó que su esposo tenía mucha influencia, por lo que desestimó la denuncia y lamentó pedir ayuda a la institución.“En el SLIM primero me han atendido, una doctora ha actuado bien, pero me dijo: ‘por defenderte a ti casi pierdo mi trabajo, por ayudarles me he metido en problemas’”, dice el testimonio, según el documento.Otra de las grandes falencias que se muestran en el informe es sobre la reducción en la asignación y ejecución de recursos públicos. “El presupuesto inicial asignado a los gobiernos autónomos departamentales durante la gestión 2015 ascendía a 2.344.952.537 bolivianos, el cual fue reducido a 12.426.213 bolivianos previstos para la gestión 2018, lo que represente el 99,47% menos que el previsto hace tres años”.Del análisis presupuestario realizado en la intervención defensorial, que abarcó a nueve departamentos y 54 municipios, se observa que el presupuesto designado disminuyó durante las gestiones 2015-2018, de contar con más de 59 millones de bolivianos en la gestión 2015, en la de 2018 se cuenta con 35 millones. En ninguna de las gestiones alcanzan una ejecución mayor al 61%.El informe dice que para lograr una protección efectiva se requerirá asignar vehículos a todas las oficinas que atienden estos casos. De las 23 verificaciones defensoriales realizadas en oficinas de la FELCV y Policía, 12 no cuentan con un vehículo para la atención y rescate. “La falta de equipamiento de las oficinas de la FELCV afecta a las condiciones para brindar auxilio inmediato y seguimiento a mujeres víctimas de violencia”. Y así un caso que se inició en la ciudad de Cochabamba puede terminar en el municipio de Tiquipaya, en una larga búsqueda de justicia.De 113.269 casos, 1,13% con sentencia
Solamente el 1,13% de los casos concluyeron con sentencia condenatoria (entre 2015 y marzo de 2018); los demás, contaron con sobreseimiento, salidas alternativas y rechazo.Feminicidios, una gran preocupación
Bolivia tendría una tasa de 2,16 feminicidios por cada 100 mil mujeres. Concretamente, mirando 2017, cada tres días y medio se reporta un feminicidio en Bolivia.
Desamparo en el área rural
Las mujeres víctimas de violencia pertenecientes a ciudades intermedias y rurales no acceden a los servicios de protección, según el estudio de la Defensoría del Pueblo.Fuente: paginasiete.bo