Los trabajos de la vía Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey (departamento de La Paz) empezaron en 2010 y debían terminar en 2014, pero aún no se entregan. En el primer tramo se produjo el derrumbe que segó una veintena de vidas.

 La carretera Santa Bárbara- Caranavi-Quiquibey, considerada como la obra vial más importante del país,  tiene cinco años de retraso. Aún no ha sido entregada, salvo algunos tramos y éstos presentan  problemas.     El Gobierno anunció su intención de anular el contrato de esta millonaria obra  por segunda vez. 

El primer tramo de  esta ruta  fue recientemente  escenario del derrumbe de Puente Armas. La tragedia ocurrió del 2 de febrero y cobró una veintena de vidas.   

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 En enero de 2010,  el Gobierno suscribió el contrato   por  257 millones  dólares para la construcción de la carretera, que debía ser entregada en 1620 días calendario; es decir, en 2014.  “Hay retrasos evidentes y estamos implementando todos los mecanismos legales que el contrato  establece”, declaró hace dos semanas el director regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Boris Calcina. 

Autoridades departamentales y nacionales observan   falta  de seguimiento y fiscalización a la construcción por parte del Gobierno. Se suma que la primera empresa contratada,   ArBol, fue vinculada al caso “Lava Jato argentino”.  

“La ABC tiene mucho que explicar a  La Paz. La Gobernación ha  puesto una contraparte de 60 millones de dólares y tenemos derecho a saber cómo fueron administrados. Hasta ahora no hay un informe oficial del estado en el que estaban las obras cuando se rescindió el contrato con ArBol y ahora se habla de una segunda anulación”, manifestó el  director de Comunicación  de la Gobernación de La Paz, Édgar Ramos.

   Los transportistas  amenazan con  demandar a la ABC por el retraso y el  mal estado de la carretera que aún no ha sido entregada. “Son nueve años de construcción  sin avance. Ya han pasado dos empresas y parece  que la actual  también  dejará las obras. Cuando pasen las lluvias, los transportistas tomaremos  determinaciones radicales”, dijo el  secretario ejecutivo de la Federación Regional de Transportes Yungas,     Edson Valdez.

5 años de retraso y 4 contratos

 Desde 2010, el Gobierno suscribió cuatro contratos para esta carretera  por un monto total de 326 millones de dólares. Los dos primeros fueron con las constructoras ArBol y  Royal, respectivamente. El tercero y cuarto corresponden a  servicios de fiscalización y de mantenimiento de la obra.   

El 19 de enero de 2010  el presidente  Morales y la Asociación Accidental Argentino-Boliviana, ArBol, firmaron el contrato  para el diseño y construcción de la  carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey. El proyecto –que une La Paz, Beni y Pando– es parte del  Corredor Amazónico que  conecta  Bolivia y Brasil.

El contrato, modalidad llave en mano,  tenía un costo  de 257.252.531  dólares. El 67% de los  recursos  provenían  del financiamiento venezolano. El resto  del dinero fue puesto por  el Gobierno  y la    entonces Prefectura de La Paz. El plazo de entrega era de 1.620 días calendario (alrededor de cuatro años y medio). Hasta  la fecha  obra está inconclusa.

 En 2013, un millar de obreros paralizaron la construcción  exigiendo el pago de salarios atrasados  por parte de ArBol, la constructora  que ya había cobrado dinero de la ABC. Un centenar de empresas subcontratadas –para  alimentación, transporte, maquinaria pesada y otros  servicios– también denunciaron deudas cuantiosas. En 2014 ya se hablaba del rescindimiento  del contrato, pero la empresa ArBol logró adjudicarse otras dos obras gubernamentales.

   “Según documentos de la ABC, esa empresa incumplió con los plazos y por eso en 2015 se rescinde el contrato. Eso es evidente porque desde Santa Bárbara (donde comienza la vía) hasta Quiquibey (frontera con el Beni) no se cumplió ni siquiera con el asfaltado de los 184 kilómetros y los túneles están  a medias”, explicó Ramos de la Gobernación.

     En  2016, el Gobierno adjudicó la obra  a la empresa Royal por 68,3 millones de dólares. Las especificaciones del   contrato señalan que la nueva contratista se haría cargó de los ítems inconclusos; no hay un informe  sobre el  estado  en que  ArBol   dejó la obra.

“Como transportistas estamos preocupados porque Royal debería estar haciendo el mantenimiento, pero no lo hace. Dicen que  sólo deben hacer construcción y  lo que  estaba terminado ya se ha malogrado”, indicó el dirigente de los transportistas yungueños.    

Valdez señaló que entre  2016 y   2018, Royal también  tuvo problemas con  obreros y empresas subcontratadas  por falta de pagos. “Hasta a dinamitazos han bloqueado  el camino”, dijo.

El plazo de entrega  de Royal  venció en junio de 2018. Meses antes, tras una inspección,  la ABC  y organizaciones sociales  dieron su venia a los trabajos; no obstante, la empresa pidió una extensión. 

La solicitud fue  aceptada pues la ABC  evidenció una demora importante. El 28 de enero envió a la contratista una nota en la que le comunicaba la intención del Gobierno de rescindir el contrato. El documento refiere serias deficiencias que ponen en riesgo  la obra.

“Vidas en peligro”

Los choferes sostienen que no sólo esta en peligro la carretera, sino la vida de los usuarios de la vía. El dirigente de los transportistas a Yungas denunció que, además de las fallas en el asfalto y falta de ensanche en las vías, los  dos túneles habilitados  no han sido pavimentados y presentan  filtraciones.

“Son un riesgo para los viajeros y los transportistas. Días antes de la tragedia de Puente Armas, más adelante había un derrumbe menor. Royal no atendió esa emergencia que abriría el paso y hubiera habido tantos vehículos esperando  y el derrumbe no hubiera causado tantas muertes”, dijo Valdez.

A raíz de la tragedia, la diputada  Concepción Ortiz (MAS) anunció una evaluación al trabajo de la constructora Royal.  “Hubo mucho descuido. La empresa se comprometió a trabajar, pero lamentablemente no cumple”, declaró.

Página Siete solicitó a la  ABC información sobre el estado   de la carretera,  montos de financiamiento y porcentaje de avance; pero hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.

Cuestionada  Corsán

• Denuncia En abril de 2018 el senador Yerko Núñez (UD) denunció que para adjudicarse  obras bolivianas, Corsán Corvian  contrató una empresa consultora a la que le prometía el 3,5% del monto contrato si consolidaba la adjudicación. En el caso de la hidroeléctrica Miguillas, fue  por invitación directa.
• Soborno Juan Carlos de Goycoechea, el presidente de la filial Argentina de Isolux Corsán Corviam, fue implicado en el “Lava Jato argentino”,  el caso de los cuadernos de sobornos, que destapó  una red de corrupción en la adjudicación de  obras en el gobierno kirchnerista.
•  Fama En 2017 el periódico español Mundo señaló que la empresa había montado una red de sobornos en Sudamérica.

La primera empresa fue vinculada  con el “Lava Jato argentino”

La empresa  ArBol fue la primera adjudicada  para la construcción    de la  carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey en 2010. Años después, la contratación de este  consorcio  argentino-boliviana fue cuestionada por el vínculo de la firma mayoritaria con el caso    “Lava Jato argentino”.

En agosto de 2018, tal como ocurrió en Brasil en 2014, en Argentina se descubrió  una red de sobornos que salpicó a la familia presidencial. El periódico La Nación denunciaba entonces  10 años de una asociación ilícita que recolectó al rededor de 53 millones en “coimas”.

Uno de detenidos por el caso fue  Gerardo Ferreyra, empresario que mantenía especial  cercanía con los Kirchner. Su firma –Electroingeniería– es la dueña del  85% de las acciones de la empresa ArBol.  

Ferreyra, quien permanece detenido en Argentina, estuvo en Bolivia en enero de 2010 para la firma del contrato de  la  carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey, documento rubricado  por el presidente Evo Morales.  El acto se llevó a cabo en el antiguo  Palacio. 

Ese era el segundo  contrato que Ferreyra se adjudicaba en pocas semanas y que era financiado con recursos venezolanos. En Bolivia fue el primero de tres; siendo el mayor de ellos la construcción de la vía.

Corsán y “la maldición para el norte de  La Paz”

“Esto pareciera una maldición para el norte de La Paz. Hubo muy mala suerte no sólo con la carretera Caranavi-Quiquibey; para el ingreso al norte, hay otro proyecto inconcluso por el abandono de la empresa constructora”, dijo el vocero de la Gobernación de La Paz, Édgar  Ramos.

 La  hasta ahora  inconclusa carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey debía empalmarse con otro proyecto vial de  vital importancia para el ingreso a la zona amazónica de La Paz en la provincia Abel Iturralde: la  carretera San Buenaventura-Tumupasa-Ixiamas. Esta  ruta es también una de las salidas  para el contrabando de castaña.

En 2015, la española Corsán Corviam fue la empresa    que ganó la adjudicación de  la ABC para la construcción de 114 kilómetros de carretera en dos tramos.

El contrato era  por  137 millones de dolares y  el tiempo de ejecución era de  algo más de tres años. La contratista también debía encargarse del mantenimiento de la vía durante el tiempo de ejecución de la obra.

Sin aviso, el 31 de marzo de 2017 –cuando la obra apenas había alcanzado un 25% de avance– la empresa abandonó la obra de la noche a la mañana. El primero de abril los campamentos amanecieron  vacíos, todo el personal se había ido dejando abandonada la maquinaria pesada.

Pero el de esa carretera no fue el único contrato de Corsán Corviam. El Estado le adjudicó la hidroeléctrica de Miguillas por 397,9 millones de dólares, obra  también abandonada. Decenas de subcontratadas denunciaron deudas cuantiosas arrastradas por hasta seis meses

9 años sin carretera 

A la fecha, la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey lleva casi cinco años de retraso respecto al plazo original. Se han firmado cuatro contratos, pero no existe un informe oficial sobre el estado de la vía. 

2010 El 10 de  enero  la ABC suscribió el contrato con la empresa ArBol para la construcción de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey por  257.252.531  dólares. Debía ser entregada en 1.620 días calendario.

 2013 Centenares de trabajadores y decenas de empresas subcontratadas denunciaron falta de pago y despidos injustificados. Los obreros pararon las obras y aunque hubo un acuerdo el conflicto se reanudó en 2014.

2015 En agosto, ante  el incumplimiento de contrato,  el Ministerio de Obras Públicas rescindió  el contrato con ArBol.  La decisión fue tomada en la localidad de Caranavi.

2016 En mayo, el Gobierno contrató a  la empresa Royal para continuar la construcción de la carretera, que había quedado inconclusa. El  financiamiento fue de  68.316.000 dólares. La  entrega debió ser en  febrero de 2018.

2017 La ABC hace la contratación del “Servicio de la fiscalización y control” para la  carretera, entonces en manos de Royal, por tres millones de  bolivianos. En 2018 suscribe un contrato para el mantenimiento por 143.678 dólares.

2019 El 28 de enero, días antes del deslizamiento del sector Puente Armas, la ABC  notificó a Royal su intención de rescindir el contrato por “serias deficiencias que ponen en riesgo la conclusión de obras”. 

Página Siete / Leny Chuquimia  /  La Paz