Han pasado más de dos meses desde que Cotas denunció ante el Ministerio Público a un grupo de funcionarios que habían cometido un desfalco al interior de esa cooperativa, en connivencia con una empresa privada, Media Market, que operaba como intermediaria en un programa de compras de electrodomésticos que desvió más de 7 millones de dólares.En un primer momento, la Fiscalía procedió en base a indicios contundentes a detener a los implicados, comandados por el ex director de marketing Hubert Gil. Sin embargo, poco después judicializó también a los denunciantes del desfalco, en una maniobra que fue interpretada por muchos como un desvío de atención impulsado por los responsables del delito.Desde entonces, el asedio judicial contra uno de los principales pilares del cooperativismo cruceño ha continuado, sembrando incertidumbre entre las 1.000 familias de los funcionarios de la entidad, que piden estabilidad.Hay demasiados ejemplos en años recientes sobre manejos a nivel fiscal, donde se vieron prácticas extorsivas que alargaron procesos injustos durante largo tiempo (Caso Rozsa, Caso Ostreicher), que finalmente acabaron volviéndose contra los perseguidores: el fiscal Marcelo Soza terminó en el exilio y los integrantes del “gabinete de la extorsión” en prisión.Esperemos no estar ante una nueva versión de esa metodología boomerang que, como se ha visto, acaba por volverse contra sus inventores. Mientras tanto, la opinión pública cruceña tendrá que “fiscalizar a los fiscales”… Imagen: Qué Tal Esa Socio! 