Una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en 29 terminales terrestres y 31 retenes de peaje y puestos de control en carreteras del país, identificó ausencia de mecanismos para prevenir la trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes. La institución también advirtió de falencias y debilidades en las acciones de vigilancia que deben realizar las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y la Policía Boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, presentó hoy el informe “Rol Estatal en el Control de Documentos como Mecanismos de Prevención de la Trata y Tráfico de Niñas, Niños y Adolescentes”. La investigación desarrolló entre agosto y diciembre de 2018, en siete poblaciones del área rural, nueve ciudades capitales y El Alto.El estudio indica que no hay personal suficiente o especializado para la detección de casos de trata. Además los gobiernos municipales no tienen como prioridad el fortalecimiento de las oficinas de las DNA.Se identificó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Dirección de Trata y Tráfico de Personas de la Policía tampoco cuentan con personal especializado para el control en retenes de peaje y puestos de control en carreteras. En la mayoría de los puntos existe efectivos de la Policía Caminera pero que sólo con atribuciones específicas para el control de tránsito y seguridad vial. En muchos casos los menores de edad son trasladados sin que se controlen sus documentos de viaje.Se constató que las DNA intervenidas, verifican la documentación de los niños, niñas y adolescentes contrastando documentos originales y fotocopias, un procedimiento que se constituye en una debilidad del mecanismo de control ante posibles casos de falsificación de documentos. La Defensoría del Pueblo identificó la ilegalidad en el uso de poderes especiales, cartas notariadas y actas de tenencia, como documentos permitidos para la autorización de viajes de menores de edad, en los municipios de Quillacollo, Trinidad y Cobija.

Los gobiernos departamentales y la ATT no cuentan con programas destinados a informar, socializar y concienciar a los operadores de transporte, respecto a las causas y consecuencias del fenómeno de la trata de personas.La defensoría del Pueblo emitió recomendaciones al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Policía Boliviana, ATT, a los nueve gobiernos departamentales; a 24 gobiernos municipales, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al AGETIC para la prevención de la trata.Página Siete Digital / La Paz