Por: Iván Quisbert Soria
Es de conocimiento público, que el presidente del Estado anunció el incremento en Bs. 50 mensuales a la Renta Dignidad, beneficio recibido por todos los adultos mayores a partir de los 60 años de edad, la cual se verá materializada mediante una Ley que establezca dicho incremento por lo que es oportuno analizar este beneficio.
La incorporación de la Renta Universal de Vejez, también conocida como “Renta Dignidad”, se constituye en un punto de alta relevancia en la Seguridad Social de Largo Plazo en Bolivia porque, bajo el principio de universalidad, incluye a la totalidad de las personas de la tercera edad sea que viva en el área rural, y que en su mayoría no realizaron aportes para su jubilación, o personas del área urbana quienes trabajaron de manera independiente como gremiales, transportistas, vivanderos, amas de casa y otros.
Es esta característica, el de la universalidad, la que la diferencia de anteriores beneficios (como el Bolivida o Bonosol) que solo alcanzaban a un sector específico de la población, por lo que cualquier otra persona que no se encontraba en ese grupo, no sería merecedora de ningún pago en su etapa de adulto mayor.
La Ley N° 3791, de 28 de noviembre de 2007, estableció como fuentes de financiamiento de la Renta Dignidad el 30% de todos los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de Gobiernos Departamentales, Gobiernos Municipales, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación y los dividendos de las empresas públicas capitalizadas/nacionalizadas en la proporción accionaria que corresponde a los bolivianos, siendo esta última fuente otra particularidad de la Renta Dignidad, ya que su sostenibilidad no solo depende del IDH, sino que además está en función a las utilidades obtenidas de ciertas empresas públicas.
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Por tales motivos, la Renta Dignidad se convirtió en una política de Estado desde 2008, y si bien ha existido fluctuaciones en los niveles de ingresos por los Hidrocarburos, que financia la mayor parte de este beneficio, esto no ha sido impedimento para continuar con su pago y, contrariamente a suspender el beneficio o dejarlo en un monto fijo, el monto anual de la Renta Dignidad se incrementó en las gestiones 2013, 2014 y 2017 para mejorar los ingresos de las personas adultas mayores.
Por otra parte, de acuerdo a un estudio realizado por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) con el apoyo de la Representación en Bolivia del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y de HelpAge Internacional, se evidenció que la Renta Dignidad ha permitido reducir el índice de pobreza extrema, especialmente en el área rural del país, cuyo impacto no solo ha sido con carácter personal, sino ha contribuido a la subsistencia de toda una familia.
Considerando que, según datos oficiales, actualmente se tienen a más de un millón de beneficiarios y el 85% corresponde a personas que no tienen una pensión o renta de la Seguridad Social de Largo Plazo, siendo posible que la Renta Dignidad sea su único ingreso mensual, esta política estatal debe ser garantizada en los siguientes años, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en Bolivia.
Iván Quisbert Soria es Analista en Pensiones