Cochabamba. Loteamientos rebasan a las alcaldías de siete municipios

Cristina Cotar  

La proliferación de conflictos por tierras en el eje metropolitano pone en evidencia las limitaciones que tienen las alcaldías para frenar los loteamientos en enclaves agrícolas (áreas productivas dentro la mancha urbana) y en zonas de recarga hídrica en el Parque Nacional Tunari, reconocieron ayer  alcaldes, concejales y funcionarios.

Autoridades de Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Sacaba y Cercado coinciden en señalar que la ampliación del área urbana rebasó sus mecanismos de control y que requieren una ley nacional para resguardar el Tunari.

Sólo en el eje se han identificado 32 puntos de conflicto desde Sipe Sipe hasta Sacaba.

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El más grave actualmente en Itapaya, Sipe Sipe, por un terreno que pertenecía a la fundación de la iglesia y ahora es privado, donde el domingo una persona murió y tres resultaron heridas por impacto de bala y perdigones.

En Sipe Sipe, el concejal José Terán recordó que en  2018 se inició un proceso contra la alcaldesa María Heredia (MAS) por no resguardar predios en Molle Molle.

“Lamentablemente la política de protección ha sido abandonada desde niveles nacionales y subnacionales”, declaró el alcalde suplente de Quillacollo, Willy  López.

Siguió: “Esto se refleja en la falta de normativas y políticas de planificación. La gente se asienta en todo lado, sin distinguir entre área urbana y rural”,  comentó.

Mencionó que la Alcaldía interviene con demoliciones sólo cuando se avasalla predios municipales. Adelantó que el Ejecutivo avanza en elaborar un reglamento para tomar posesión de 54 hectáreas en el playón de Marquina. En Quillacollo hay cuatro conflictos, en Cotapachi, la OTB Venancio Mercado, el cerro de Cota y el playón.

En Vinto, la Alcaldía coordina acciones con el  INRA  y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para preservar la vocación productiva del municipio y el Tunari, declaró el secretario administrativo, Renán Luján.

“Hemos solicitado a la Controlaría General del Estado que intervenga en el caso de las tierras fiscales de Combuyo, gran parte está sobre  la cota 2.750 del Tunari”, aseveró.

En Colcapirhua la disputa de tierras en Albarrancho preocupa al alcalde Mario Severich.  El asesor legal, Leonardo Flores, aseveró que cumplen con el Decreto Supremo 1809/2013. “En  la homologación de mancha urbana hemos incluido los enclaves agrícolas”, afirmó. La normativa obliga a las alcaldías a proteger las áreas agrícolas.

Tiquipaya ratificó que elabora una norma rigurosa para evitar  construcciones ilegales en el Distrito 5, en el Tunari, donde un aluvión cobró la vida de cinco personas y sepultó más 100 de viviendas en 2018.

El alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez, pidió a la gente verificar la situación legal de un lote antes de adquirirlo.

En Cercado, el Concejo Municipal prevé convocar al director del Sernap, Abel Mamani, para que explique la aplicación de la guía de adecuación ambiental del Tunari porque es inviable.

El control de los asentamientos se ha descuidado en el nivel nacional y subnacional.

DECLARACIONES

«Instruí que se trabaje en una propuesta técnica para reglamentar el uso de los terrenos del playón Marquina, porque son municipales, estamos avanzando. Informar que la familia Campos presentó un recurso de queja a un tribunal de garantías. Nos toca esperar  los resultados». Willy López. Alcalde de Quillacollo.

«Exhortamos a la población interesada en realizar una construcción en nuestra jurisdicción a pasar por las oficinas de las subalcaldías para ver en qué área está. No vamos a permitir asentamientos en zonas protegidas, si tenemos que demoler lo haremos como en Tuscapujllo». Humberto Sánchez. Alcalde de Sacaba.

«La comisión segunda prepara un taller técnico legal para luego hacer la socialización y validación  de la guía de adecuación ambiental del Tunari, porque para el Ejecutivo es inviable. Se tiene que unificar las voces y que salga un solo documento». Rocío Molina. Concejal de Cochabamba.

Fuente: lostiempos.com