El gerente de comercialización y otros 15 funcionarios de la cementera chuquisaqueña son investigados por la pérdida. El principal responsable huyó del país.
“La empresa San Mauricio, que se dedicaba a la comercialización de cemento, recibía el producto a crédito para la venta; lamentablemente esta empresa no cumplió con Fancesa y a raíz de eso se tiene un daño económico de alrededor de ocho millones de bolivianos”, declaró el rector de la Universidad San Francisco Xavier, Sergio Padilla.La distribuidora que estafó a Fancesa tenía una línea de crédito de la cementera para recibir el material de construcción y vender las bolsas en la capital oriental, donde funcionaba como el negocio más grande del sector.San Mauricio obtenía el cemento en consignación, bajo el compromiso de pagar a Fancesa una vez genere las ventas.Sin embargo, la empresa con la que se tenía una relación de más de un año comenzó a incumplir con los pagos y a fines de 2018 el directorio recomendó cortar la provisión de cemento, hasta que San Mauricio se ponga al día, pero, en noviembre, los dueños desaparecieron del país.De acuerdo con Padilla, gracias a la auditoría se tiene identificados a los responsables de la estafa, por lo que la universidad chuquisaqueña, la Gobernación y el gobierno municipal -copropietarios de Fancesa- decidieron retirar su confianza en el gerente comercial y otros 15 dependientes de esa compañía.“De manera responsable hemos quitado la confianza en el gerente de comercialización, el auditor, en la parte jurídica de la parte de Santa Cruz, además de otras 15 personas en el aspecto administrativo”, dijo Padilla.El rector agregó que la Universidad San Francisco Xavier “no va a permitir el manejo negligente” de la cementera, por lo que manifestó que se exigirá el resarcimiento y la sanción a los responsables del daño económico.“Llamo, insto a las otras copropietarias de Fancesa a que puedan allanarse a la decisión que hemos tomado como universidad y retirar también la confianza en los funcionarios responsables del daño económico, y se tomen las acciones pertinentes para que éstos sean sancionados por las vías administrativa, civil y penal”, aseguró.El presidente del directorio de Fancesa, Armin Cortez, informó a Página Siete que San Mauricio también estafó a varias otras empresas del rubro de la construcción en Santa Cruz, por lo que sus boletas de garantía y las anotaciones preventivas de inmuebles de San Mauricio no cubrirán los ocho millones de bolivianos de la estafa, ya que las otras compañías estafadas también reclaman el resarcimiento.“Tenemos un problema de carácter legal, ya que los bienes entregados como garantía también fueron dados a otras empresas y otros acreedores”, dijo Cortez.Sobre la situación de los funcionarios de la cementera implicados en la estafa, el titular del directorio sostuvo que se estableció un grado de responsabilidad civil, administrativa y penal por haber actuado con negligencia en el caso San Mauricio, y se determinó que incluso la empresa que hizo el avalúo de los inmuebles entregados en garantía “infló” su valor comercial.“San Mauricio presentó garantías hipotecarias irreales, ya que se ha aumentado el monto de la cuantía de los mismos. Para los avalúos que hizo se ha inflado el valor de los bienes”, manifestó Cortez, quien aclaró que los empleados involucrados todavía trabajan en la cementera.La empresa Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa) en la actualidad tiene tres copropietarios, cada uno de ellos con el 33,33% del paquete accionario de la empresa. Estos son la Universidad San Francisco Xavier, el Gobierno Departamental de Chuquisaca y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Ocho auditorías desde 2016 detectaron varias irregularidadesDesde 2016 se llevaron a cabo ocho auditorías especiales “recurrentes y necesarias” en la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa).
La más reciente auditoría especial estableció que hubo una “sobrevaloración” de los dividendos pagados a las copropietarias por Concretec, que infló los ingresos de Fancesa en 19,5 millones de bolivianos en la gestión 2014-2015; 62,2 millones de bolivianos en 2015-2016, y 69,7 millones de bolivianos en 2016-2017, informó el gerente general de la empresa, Marcelo Díaz.Es decir, la sobrevaloración de las utilidades durante estos periodos se traduce en 151,4 millones de bolivianos, monto del que se restaron seis millones de bolivianos correspondientes a las deudas recurrentes por la utilización de cemento de las copropietarias, por lo que se repartieron 145,4 millones de bolivianos, 48,5 millones a cada una, según Díaz.Las autoridades regionales anunciaron que el directorio ratificará la posición de investigar las acciones, para establecer las responsabilidades en el caso de los ingresos.Fuente: https://www.paginasiete.bo