Jorge Lazarte calificó de un «caso extremo» la censura que aplicó el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) sobre la encuesta de intención de voto de la UMSA.
ANF.- El exvocal de la extinta Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte, aseguró que en los reglamentos aprobados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se esconden las violaciones y limitaciones en el ejercicio de los derechos fundamentales que cada vez son recortados por razones políticas y no jurídicas, a propósito de la censura en la difusión de las encuestas de intención de voto de la Universidad Mayor de San Andrés (Umsa).“Es en esos reglamentos donde se esconden hasta qué punto esos derechos fundamentales van siendo recortados poco a poco, y en este caso, han aprobado un compendio de más de 500 páginas de toda la reglamentación que se le autorizó al Tribunal Supremo Electoral a través de la Ley del Régimen Electoral, para que dicte reglamentos y esos reglamentos terminan violando la Constitución”, manifestó a ANF.Precisó que los derechos fundamentales están garantizados en la Constitución Política del Estado, sin embargo, se le ha otorgado al TSE “un margen demasiado grande, por tanto, de manejo arbitrario de esos derechos a través de los reglamentos”.Lazarte analizó el tema después que la vocal Lucy Cruz anticipó que la encuesta de la UMSA ha sido invalidada, además que violó la Ley del Régimen Electoral 026 y finalmente anticipó que existirán sanciones.Para el exvocal y constituyente, el TSE ingresa en argumentaciones que ya no son jurídicas, sino políticas, porque confunde una institución académica como es la Universidad Mayor de San Andrés con las organizaciones políticas y la información de las encuestas como si fuera campaña y propaganda política, “estas confusiones entran en sus reglamentos”, dijo.“Entonces esta multiplicidad y diversidad es casi hasta caótica le da este margen al TSE de hacer lo que quiera con la Constitución, a través de este poder de reglamentación que tiene y no hay donde recurrir”, manifestó Lazarte.
El TSE censuró la publicación de la encuesta bajo el argumento que existían “observaciones” técnicas y jurídicas, haciendo hincapié en el tema del financiamiento y de la metodología, ambos temas habían sido debidamente justificados al momento en que la Umsa solicitó la autorización para la publicación de estudios de opinión rumbo a las Elecciones Generales de octubre.El relator especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, en una entrevista con ANF, manifestó que la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la censura, en la realización y difusión de encuestas cuando los requisitos se convierten en un “impedimento” o “limitaciones” para su práctica.Precisó que, si bien las encuestas deben estar bien elaboradas, con calidad, con la respectiva ficha técnica, de quién hace la encuesta, por un manejo transparente, estos requisitos mínimos que pueden estar regulados por ley, no pueden constituirse en un impedimento para que se practiquen o se difundan sus resultados.“Cuando estos requisitos se convierten en limitaciones a la posibilidad de realizar o difundir encuestas, la Relatoría dice que podemos estar frente a una situación de censura que está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos”, declaró Lanza.Lazarte recordó que, en los años 80, cuando en el país se empezó nuevamente a votar se produjo una “inflación de encuestas”, es decir, cualquiera podía publicar encuestas alegando que era una empresa, pero en realidad eran los partidos políticos, por lo que existió la necesidad de reglamentar, pero sin violar los principios que garantizan el ejercicio de derechos.“Había necesidad de reglamentar de buena fe y no de mala fe, respetando derechos fundamentales que son también como son los derechos políticos”, detalló.
Calificó como un “caso extremo” la censura que sufrió la encuesta de la Umsa, además, con la directa prohibición de que los medios de comunicación publiquen.Lamentó que ni la Ley, ni los reglamentos sean sometidos al control constitucional, e incluso criticó a los partidos políticos por no intentar demandar las normas que vulneran derechos. Observó que el TSE incluso se dé de intérprete de la norma, cuando los únicos que pueden interpretar las leyes son el Tribunal Constitucional y la Asamblea Legislativa Plurinacional.Página Siete / La Paz