A ocho años de la violenta represión, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) conmina al Gobierno y le da un plazo hasta el 11 de octubre para presentar informes de avances en la investigación por el caso Chaparina.
La pasada semana (25 y 26 de septiembre), en una reunión extraordinaria con sus subcentrales afiliadas, el pueblo mojeño abordó temas de interés nacional y regional y emitieron cinco resoluciones.
«Ante los escasos avances de la justicia por el caso de la represión a la octava marcha indígena en Chaparina, se exige que el Gobierno dé un informe de avance de las investigaciones en un plazo de 15 días y que el caso no quede en la impunidad», detalla uno de los puntos.
El pasado 25 de septiembre se recordó ocho años del hecho de violencia en Chaparina sin que se haya dado sanción a los responsables. La comisión de fiscales del caso, integrada por Patricia Santos y José Ponce, solamente determinó imputar al exsubcomandante nacional de la Policía, Óscar Muñoz Colodro, y al exviceministro de Régimen del Interior, Marcos Farfán.
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En tanto, dejó fuera del proceso al señalado por los indígenas como el que dio la orden para la represión, el ahora exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a quien liberaron de culpa por la supuesta existencia de una «ruptura en la cadena de mando».
El 25 de septiembre de 2011, efectivos policiales reprimieron violentamente a la marcha de los indígenas del Tipnis, quienes se dirigían hacia La Paz para exigir respeto a su territorio y que no se construya una carretera a través del mismo.
Otros puntos
Ante los recientes incendios en el oriente del país y las medidas que tomaron sectores indígenas de la región, también se determinó respaldar desde la Central de Pueblos Étnicos Mojeños a la marcha por la Chiquitanía.
Luis Héctor Tamo, presidente de la CPEM-B reiteró el apoyo moral a los hermanos chiquitanos movilizados que están exigiendo la declaración de desastre nacional.»No estamos de acuerdo con las políticas de quemas y del daño al medio ambiente que se vienen realizando, tampoco estamos de acuerdo con el avasallamiento», dijo Tamo, según una nota de prensa del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).
Otro de los puntos principales tras esta reunión es la exigencia al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Beni para dar celeridad al proceso agrario de las organizaciones afiliadas, ya que «el proceso de saneamiento de tierras ha beneficiado a ganaderos e interculturales relegando a los pueblos indígenas».
En ese marco, señalan como «los casos más graves de injusticia a los procesos del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), San Lorenzo de Mojos y Comunidad Bella Selva». Otorgaron un plazo de 15 días calendario al INRA para que entregue un informe de avances de los procesos de las subcentrales mencionadas.
En la reunión participaron 11 organizaciones de las 12 afiliadas; el Cabildo Indígena de San Lorenzo de Mojos, Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos, Subcentral de Cabildos Indigenales del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Subcentral de Cabildos Indigenales del Territorio Mojeño Ignaciano (TIMI), Subcentral de Cabildos Indigenales del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Cabildo Indigenal de Desengaño, Organización de Jóvenes Indígenas Mojeños (OJIM), Subcentral de Comunidades del Río Mamoré, Subcentral de Bella Selva, Subcentral del Río Isiboro. También participaron las y los líderes históricos del movimiento indígenas del pueblo mojeño.
Fuente: lostiempos.com