Santa Cruz. San José, San Ignacio y Guarayos están en alerta por el tema tierra

La ‘cuna de la cruceñidad’ aprobará una norma para vetar nuevos asentamientos y San Ignacio de Velasco demanda auditoría técnica 

En marzo, se conoció que el INRA autorizó el asentamiento de más de 2.400 familias en 130.000 hectáreas

 

Los alcaldes de la Chiquitania cierran filas en defensa de su territorio. En San José de Chiquitos darán vida a una norma que vetará a los nuevos asentamientos en ese municipio; mientras que en San Ignacio de Velasco anuncian la exclusión de nuevas comunidades campesinas en tanto no se realice una auditoría y se regularice la información de la dotación y tenencia de la tierras. Desde Guarayos piden articular mesas técnicas para transparentar la política pública agraria.Germaín Caballero, burgomaestre de San José, indicó que esperan la convocatoria cívica para definir la forma técnica y operativa de las acciones para hacer cumplir la resolución y el ultimátum del Cabildo.El alcalde de la ‘cuna de la cruceñidad’ indicó que hoy prevé reunirse con el Concejo Municipal para aprobar un marco normativo que impida el asentamiento de nuevas comunidades.Uno de los alcances que incluirá la norma, según reveló, será la verificación técnica y social en función del asentamiento, permanencia y productividad de las comunidades. “La que no esté asentada y produciendo, por más que tenga autorización del INRA, no será tomada en cuenta, incluyendo las comunidades nuevas aprobadas por la estatal de tierras, pero que aún no tomaron posesión”, advirtió.Aludió que desde 2013, en San José se han contabilizado 26 asentamientos y que existen 400 nuevas comunidades campesinas con autorización y ‘confirmación de vuelo’ para aterrizar en dicho municipio chiquitano. “No permitiremos más ocupaciones y defenderemos nuestro territorio”, puntualizó Caballero.En esa misma línea, Moisés Salces, alcalde de San Ignacio de Velasco, indicó que tienen vigente una norma que prohíbe las ocupaciones en la zona, pero que pedirán, además del cumplimiento imperativo, no dar curso a nuevas comunidades en tanto el INRA no realice una auditoría técnica al procedimiento y se sanee la información referida a la dotación y tenencia de la tierra.Desde Guarayos, el alcalde Suizo de Nilson Carrasco, sugirió a la estatal de tierras conformar mesas de trabajo para esclarecer los procedimientos que emplea el INRA en la administración pública y repartición de tierras. Dijo no estar de acuerdo con el desalojo.El director del INRA, Roberto Polo, indicó que esa entidad está cumpliendo la ley, en sentido de regular derechos de asentamiento de comunidades en lugares que son de producción. 

EL DEBER / Fernando Rojas MorenoMás sobre el tema: Cívicos activan comisión de tierras ‘itinerante’ para desalojos en la Chiquitania