El exjuez español Baltasar Garzón informó que activó este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) una petición que le permita a Evo Morales concurrir como candidato en las próximas elecciones en Bolivia, precautelando el derecho de sufragio pasivo.
«Si su partido (el Movimiento Al Socialismo) así lo define (que sea candidato) tendría que ser él que lo hiciera; lo que no se puede justificar es cómo con un golpe militar tal como se ha producido se diga que se restablece el orden constitucional convocando unas elecciones y no se garantice el derecho de sufragio pasivo, es decir, que se presente el candidato que quiera y pueda presentarse porque así lo deciden las normas legales y constitucionales», explicó Garzón a un medio argentino en Buenos Aires.
El que no se permita a Morales asistir como candidato a unas nuevas elecciones sería -según el exjuez- la consumación del golpe militar de Estado «desnaturalizando» y «prostituyendo» cualquier proceso electoral boliviano.
Ante los graves hechos de violencia en Bolivia que derivaron en la renuncia de Morales y de su vicepresidente Álvaro García Linera el domingo 10 de noviembre, Garzón detalló que en la petición para garantizar el derecho de Morales se pide viabilizar el salvoconducto para los exministros Héctor Arce, Carlos Navarro y Javier Zavaleta a fin de que dejen la Embajada de México en La Paz y sean trasladado a México.
Además, se solicitó el debido proceso para las personas detenidas después de la renuncia de Morales como la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, y del exvicepresidente de ese tribunal Antonio Costas.
«En total 15 juristas de distintos países del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia hemos firmado la iniciativa para que se garantice tanto el debido proceso para las personas que están detenidas como el sufragio pasivo y que se facilite el salvoconducto correspondiente para que quienes están en la Embajada de México en Bolivia puedan salir e ir a México en virtud al asilo diplomático al que se han acogido», arguyó.
Garzón consideró que en Bolivia lo que hubo fue un golpe de Estado, a cuyo presidente constitucional se le obligó a renunciar. «Los militares en una actuación desde luego más que sospechosa, también por parte de la oposición, se alzaron y asumieron el poder de facto y por lo tanto se puede decir, sin lugar a dudas, que ha sido un golpe militar, así lo pusimos de manifiesto en la petición que hicimos ante la CIDH», dijo.
«Hemos sentado esa iniciativa ante la situación grave de violencia que se vive en Bolivia y que ha obligado al presidente Evo Morales y al Vicepresidente (Álvaro García Linera) exiliarse en México; los ministros de Justicia, Minería y Defensa asilados en la Embajdada de México en La Paz y la presidenta del tribunal electoral y vicepresidente detenidos de facto sin ningún tipo de garantías, por eso denunciamos esa situación muy grave para que se otorguen medidas cautelares que hagan cesar esta situación de facto que puede todavía ser más grave», remarcó.