Gabinete de transición: un equipo con desafíos urgentes y tiempo breve
Personas conocedoras, especializadas y con formación técnica, este fue el perfil que definió la presidenta transitoria Jeanine Áñez para su gabinete posesionado el 13 de noviembre en Palacio de Gobierno.
11 ministros acudieron inicialmente al llamado de la nueva mandataria que debido a la premura en el control del mando, fue armando de manera parcial.
Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores; Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia; Arturo Murillo, ministro de Gobierno; Luis Fernando López, ministro de Defensa; José Luis Parada, ministro de Economía y Finanzas Públicas; Yerko Núñez, ministro de Obras Públicas; Álvaro Coimbra, ministro de Justicia y Transparencia Institucional; Samuel Ordoñez, ministro de Desarrollo Rural y Tierras; Álvaro Guzmán, ministro de Energías; María Elba Pirckert, ministra de Medio Ambiente y Aguas; Carlos Díaz, ministro de Planificación y Desarrollo; y Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación; fueron los primeros posesionados.
Luego, en otro acto, se incluyeron oficialmente al gabinete: Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos; Anibal Cruz, ministro de Salud; Milton Navarro, ministro de Deportes; Martha Yujra, ministra de Culturas y Turismo; y Wilfredo Rojo, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Finalmente, Carlos Huallpa como ministro de Minería y Virginia Patty Torres en la cartera de Educación. Aún no se designó al ministro de Trabajo.
De acuerdo a Áñez, tres objeticos fueron definidos desde el gobierno central transitorio para este gabinete: “restaurar la paz social, realizar elecciones libres y transparentes en el plazo más breve posible y traspasar el Gobierno a quienes los bolivianos elijan con plena legalidad y legitimidad democrática”.
Si bien, por el tiempo que tendrán en el gobierno las obligaciones no pasan por cambios estructurales, se pueden asumir acciones urgentes y necesarias para responder a las demandas de la población.
Analistas de diferentes áreas, consultados por Los Tiempos, delinearon algunas directrices de las funciones que podría cumplir este Gabinete de transición.
De acuerdo al abogado constitucionalista, Williams Bascopé, considera que por el tiempo breve que tiene el gabinete no se les puede exigir obras porque no sería coherente, pero sí “hacer un informe del Estado y de cómo lo encontraron los manejos de las obras públicas. Esa es una gran tarea para que luego el próximo Gobierno haga una investigación más profunda de los casos de corrupción o sobreprecios”.
Respecto a la labor de la canciller, Karen Longaric, Bascopé destaca sus gestiones ante la comunidad internacional y el alejamiento de país como Cuba y Nicaragua, además de Nicolás Maduro. “Estos tres países no le hacen bien a Bolivia”, dice Bascopé.
También considera que el reclamo ante México y otros organismos internacionales respecto a las declaraciones del expresidente Evo Morales, deben ser más enérgicas, por los mensajes de agitación y sedición, que emite en medios de comunicación.
Lo imornate es extender la mano a la comunidad europea y empezar a trabajar con las potencias en el mundo, dice el especialista.
“Creo que Longaric es una persona que está poniendo las cosas en el orden que corresponde, en el tiempo que le toca. Veremos qué ocurre”.
El ministerio de Gobierno fue asumido por el senador cochabambino, Arturo Murillo, mientras que, en el viceministerio de Seguridad Ciudadana, la cabeza fue asumida por Wilson Santamaría.
Jaime Zamora es el nuevo Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas y Daniel Humerez viceministro de Régimen Interior y Policía.
De acuerdo a su misión, esta dependencia implementa políticas públicas de seguridad ciudadana, régimen interior, migratorio, penitenciario y defensa social, “asegurando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática”.
La titularidad de Murillo generó críticas tras anunciar una “cacería” contra Juan Ramón Quintana y otras personas vinculadas presuntamente con delitos de subversión y sedición, lejos de un mensaje conciliador para el momento político del país.
El politólogo Diego Ayo explica que el Gobierno tiene dos funciones principales de pacificación y el llamado a elecciones, en las que debe enfocarse en el tiempo de mandato.
A partir de aquellas actitudes el analista cuestiona el actuar del Gobierno de Añez que lleva dos semanas en el poder. “Este Gobierno empieza a comportarse partidariamente y no como un Gobierno de transición”, declaró.
Ayo considera que Arturo Murillo, es la “excepción a la regla” frente a los perfiles y la “capacidad propositiva” de los nuevos ministros de otras carteras.
“Murillo es una persona que suele generar una suerte de traba con la población, es una persona reticente al diálogo, a las diferencias, incluso de género”, explica. En contraparte reconoce que ha sabido cumplir su rol de autoridad en los últimos días.
“La regla debe ser clara lograr una transición pacífica, puede haber desvaríos, pero creo categóricamente que es la excepción”, enfatiza Ayo sobre la autoridad.
De acuerdo al análisis de Ayo “este momento no importa el carácter partidario, si tal partido tiene más o menos representación, un partido que ha tenido solo el 4 por ciento de la votación nos está gobernando, intentar utilizar esta fortuna para realizar un acto político es un error” y resalta: “este Gobierno tiene que servir para hacer una transición lo más pronto posible”.
En el ministerio de Justicia, Jeanine Añez decidió posesionar a Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo como ministro de Justicia y Transparencia Institucional. La nueva autoridad nació en Trinidad, Beni y es abogado de profesión.
En esta cartera, Coimbra resolvió ir acompañado de Angélica Mendieta como Viceministra de Defensa del Consumidor; Oscar Urquizu como viceministro de Igualdad de Oportunidades; Simeón Jaliri como viceministro de Justicia Indígena Originario Campesina y Guido Melgar como viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Finalmente, Huberth Vargas fue posesionado como Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales. Es cruceño y abogado de profesión.
Hasta el momento este Ministerio se mantuvo con la tarea de participar en las reuniones con organismos internacionales y expertos para el camino a nuevas elecciones. Además, se elaboró el proyecto para la convocatoria a comicios 2020 presentado a la Asamblea.
Sin embargo, también participó en el inicio de un proceso al expresidente Evo Morales y otros casos relacionados con el exgobierno.
Para el analista Francesco Zaratti se deben establecer parámetros en cuanto a la apertura de procesos para no caer en “una cacería de brujas” y sugirió dar seguimiento y esperar denuncias muy precisas.
En los últimos días Coimbra cambió ayer al delegado del viceministerio de Transparencia en Cochabamba, Ever Veizaga, el mismo día que se llevaba a cabo la audiencia del alcalde de Cochabamba (Demócrata) José María Leyes.
Entre sus principales tareas además de iniciar un proceso electoral transparente Coimbra se propuso “tratar los casos de amnistía y sancionar a los actores del fraude electoral” y mencionó por ejemplo el caso Porvenir.
Antes de su dimisión el exministro de justicia, Héctor Arce había iniciado el periodo de implementación de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. Esta tarea debería culminar la primera semana de febrero de 2020, según cronograma, aunque se ve objetada por la carga procesal y la falta de personal capacitado en algunas dependencias.
El Ministerio de Defensa fue asumido por el exmilitar Luis Fernando López Julio.
El Decreto Supremo 4078, emitido en relación a este Ministerio, fue la primera norma cuestionada del Gobierno de Añez.
El Gobierno se vio obligado a aclarar la intención de la decisión de eximir de responsabilidad a los efectivos que actúen en las protestas, ante las críticas de organismos internacionales.
“…el Decreto 4078 no pretende estimular ningún tipo de represión sino solamente replica exenciones contenidas en la ley para situaciones en la que el personal de las FFAA actué en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”, dijo la carta aclaratoria.
Para Ayo esto responde a un pedido del pueblo que no quiere dilaciones. Desde la salida del expresidente Evo Morales se han generado movilizaciones en el país, de sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que agudizaron la crisis política.
En contraposición, Zaratti considera que esta cartera tiene que reflexionar sobre el uso excesivo de la fuerza, o “cuanto no” “El Gobierno tiene que limitar los daños, que resultan en acciones violentas frente a la supuesta provocación eso no lo sabemos habrá que averiguar”, explica.
Al criterio de los expertos el Ministerio de la Presidencia debe guiar el proceso de convocatoria a nuevas elecciones.
Ayo identifica cuatro ejes en los que se tiene que concentrar el Gobierno de transición y dirigir desde la Presidencia: elegir un mandatario de transición que en esta ocasión se lo hizo de manera ágil, reconoce; reconformar el Tribunal Supremo Electoral, llamar a elecciones y posesionar al nuevo presidente y a la nueva Asamblea. “Las tareas son inmediatas”, explica.
Jerjes Justiniano asumió la dirección del Ministerio de la Presidencia, si bien presentó un papel con una intención de consenso hacia los sectores sociales su figura política es cuestionada. Jerjes acompañó al líder cívico Luis Fernando Camacho como principal asesor. Ante las acusaciones sobre el nombramiento Camacho se vio obligado a explicar que no se trataba de una “cuota” política.
En el pasado también fue cuestionado por patrocinar, como abogado, a uno de los acusados del caso de violación grupal conocido como La Manada.
Sin embargo, los analistas destacan su trayectoria y liderazgo.
Ayo considera que el gabinete no debería buscar un horizonte político sino más bien concentrarse en la única tarea de llamar a elecciones “no hay nada más que hacer”.
Para el analista periodo no debería extenderse por más de tres meses, sino existe el riesgo de un desgaste en la población, “este Gobierno es aceptado en la medida que sea transitorio”.
El gabinete económico es fundamental para dar continuidad en el Estado en términos de inversión pública. Para el economista, Gabriel Espinoza, esta cartera es uno de los terrenos donde más se puede trabajar, en términos de Gobierno de transición.
El experto advierte que no se le puede exigir al Gobierno más de lo que puede realizar, hay que entender que hay muchas medidas administrativas a corto plazo que puede ser solucionadas.
Aseguró que instituciones estatales como la Aduana Nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la mayoría que dependen del ministerio de Economía, han entorpeciendo el desarrollo del sector privado.
“Hay sobre regulación, abuso en fiscalización y otros problemas que pueden ser corregidos en corto plazo y sin mucho esfuerzo administrativo y técnico. Esto para entregarle al próximo Gobierno un esquema institucional un poquito más ordenado”, explicó.
Esta cartera queda a la cabeza de José Luis Parada, quien aseguró que mantendrá el tipo de cambio (precio de la moneda boliviana frente al dólar), y dijo que el presupuesto de este año garantiza el pago de los bonos sociales y la Renta Dignidad.
Parada indicó que también se mantendrá estable el precio de los combustibles, ya que la subvención está garantizada, y se abrirán las exportaciones, aunque precautelando el mercado interno.
El Ministro aseguró que las acciones asumidas en su gestión estarán orientadas a evitar crisis económicas, como las que viven países vecinos, como Argentina.
Espinoza dijo que todo el gabinete económico debe continuar con los proyectos y obras que se estaban llevando adelante. “A partir del cambio de Gobierno se agregan algunas tareas: no tenemos información respecto a la ejecución de la inversión pública en el segundo semestre, no tenemos información sobre el verdadero estado de las cuentas fiscales y el déficit fiscal, la mismo sucede con los proyectos de inversión a mediano y largo plazo, en términos de infraestructura”, indicó Espinoza.
Es necesario ejecutar el Hub Viru Viru, las hidroeléctricas Rositas, Oquitas, Cachuela Esperanza y El Bala; la terminal portuaria de Puerto Busch, que permitirá una salida soberana al océano Atlántico, y varios proyectos.
“Otra tarea es la asociación público-privada para la exportación por varios puertos. Hay proyectos en curso o en proceso de licitación o estudio, hay ver si hay avances o si hay otras alternativas a corto plazo”, mencionó el experto.
El bloqueo de carreteras en diferentes regiones del país genera una pérdida de aproximadamente un 15 por ciento de la producción nacional de pollos, que bordea los 20 millones por mes, debido a la imposibilidad de transportar este producto, así como el alimento para las aves, según la Federación Nacional de Avicultores.
Espinoza dijo que el Gobierno tiene que hallar soluciones políticas para poder frenar perdidas en el sector productivo. Un claro ejemplo es la pérdida de aproximadamente un 15 por ciento de la producción nacional de pollos.
Según cálculos del sector, el 15 por ciento de la producción mensual equivale a 3 millones de pollos que perecieron en galpones por falta de alimentos o durante su traslado a los centros de consumo.
El bloqueo de carreteras en diferentes regiones del país genera pérdidas millonarias y esto se refleja en sectores como el lechero, ganadero y otros.
El otro elemento que tiene que encarar la cartera económica es el presupuesto general para el 2020, que debe ser enviado a la Asamblea Legislativa en las próximas semanas.
El rol fundamental para la asignación del presupuesto general debe ser reformulado porque la propuesta de la anterior gestión gubernamental no contempla los efectos negativos a la economía boliviana por las protestas y bloqueos de caminos.
A diferencia de Economía y otros, los ministerios de Planificación y Obras Públicas, en este periodo de transición, deben cumplir tareas de cooperación con otras carteras de Estado con el objetivo de coadyuvar las acciones inmediatas del Gobierno, antes de las nuevas elecciones generales.
Espinoza pone como ejemplo la explotación del Litio en Potosí, una tarea que debe ser encarada por el ministerio de Minería; sin embargo, es una labor que involucra a los ministerios de Planificación y Obras Públicas.
Asimismo, dijo que ambas carteras tendrán que evaluar si se dará continuidad a contratos firmados con empresas extranjeras. “Es importante ver que se va a hacer hacia futuro. Todo estará sujeto a los tiempos políticos y cuanto dure este gobierno de transición”, señaló.
La dotación de alimentos, a través de puentes aéreos, es otra de las tareas que involucra al ministerio de Obras Públicas. Contratar aviones de carga implica costos altos que esta cartera de Estado deberá analizar y determinar hasta cuándo podrá sostener esos gastos.
El ministro de Planificación del Desarrollo es Carlos Melchor Díaz Villavicencio, quien comprometió acelerar los proyectos que estaban en curso y que brinden tranquilidad al país.
“Vamos a hacer todos los esfuerzos para que podamos realizar los trabajos que permitan devolver la tranquilidad para que todos los proyectos que estaban en curso nuevamente se puedan reencauzar. Trabajaremos con el Ministerio de Hacienda y los demás ministerios para que podamos facilitar a través del Viceministerio de Inversión Pública todos aquellos proyectos que necesitan acelerarse”, dijo Díaz.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, afirmó que es necesario hacer auditorías tanto internas como externas a todas las instituciones que recibió. «No tiene por qué molestar a ningún funcionario público que se lo fiscalice, es una obligación que tenemos quienes administramos recursos del pueblo», señaló.
Bernardo Prado, experto en el área energética, aseguró que el ministerio de Hidrocarburos tiene muchas tareas que encarar durante el periodo de transición. Sin embargo, transparentar la información es uno de los roles más importantes que debe llevar a cabo.
“Su tarea es más grande porque hay que evaluar resultados. Es uno de los sectores donde mayor ausencia de información se ha tenido (…). Transparencia de la información en el sector de Hidrocarburos. En la anterior gestión era prácticamente imposible acceder a información verídica. Ahora es oportunidad de transparentar este tema y se pueda acceder a información”, señaló.
Además de transparentar la información, Hidrocarburos debe realizar un “trabajo de hormiga” en temas como el aprovisionamiento de carburantes, negociación de contratos y reuniones con las cabezas del sector.
“Es un sector clave en la economía, pese a ser un Gobierno transitorio tiene un rol muy importante, hay temas críticos por el poco tiempo que se tiene. Debe definir inteligentemente qué temas tocar y cuáles priorizar, no puede haber contratos de exploración, por ejemplo, tienen que ser cosas puntuales”, señaló Prado.
Aseguró que es de vital importancia el constante contacto con la Cámara de Hidrocarburos que aglutina todas las empresas del área “para tratar temas de incentivos, áreas protegidas como Tariquía donde ya hay contratos firmados y retroceder en eso daría mala imagen”, agregó.
Los expertos afirman que también sería ideal un proceso de auditoría a todos los ministerios, pero los plazos hasta un nuevo proceso electoral pueden frenar este proceso. Sin embargo, Prado y Espinoza indicaron que se podrán transparentar ciertas acciones para que el próximo Gobierno haga una fiscalización completa.
Hidrocarburos queda al mando de Víctor Hugo Zamora, que entre sus primeras tareas instruyó la paralización de los trabajos de exploración y explotación hidrocarburífera dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, en Tarija.
La autoridad anunció que el 29 de noviembre se reunirá con la Cámara Boliviana del Gas, donde participarán las empresas operadoras de pozos que tienen contrato con San Telmo y Astilleros, que son los bloques que estarían inmersos en la reserva de Tariquía.
El Ministerio de Energías tiene la finalidad de formular, gestionar y evaluar las políticas, normas y planes orientados al desarrollo integral del sector energético.
Se enfoca principalmente en lograr el acceso universal y equitativo al servicio básico de electricidad además de ejecutar programas y proyectos con altas tecnologías energéticas como el litio y la energía nuclear.
Sin embargo, el analista económico, Pablo Cuba, advierte que, por el escaso tiempo que tiene el gobierno de transición, no se pueden modificar planes o diseñar nuevos sistemas de planificación. Por lo que sugiere que se continúen con los planes estratégicos existentes pero que se pongan en pausa algunos proyectos.
“El Ministerio de Energías se basa en un plan estratégico existente, en el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). Existen muchos proyectos energéticos en marcha, éstos se deben seguir impulsando, pero algunos deben ponerlos en pausa”, indica.
Explica que en el tiempo del gobierno de transición este ministerio debe garantizar el autoabastecimiento y abastecimiento de la demanda interna de electricidad. Sin embargo, pausar los proyectos de altas tecnologías energéticas, “como en el caso del litio y energía nuclear que se debe tratar con cuidado porque es un tema sensible en el país”.
El actual ministro del gobierno de transición, Álvaro Guzmán – dirigente político, diputado y ganadero Beniano- es quien encabezará esta cartera. Para Cuba es importante que el cualquier ministro conozca los procedimientos administrativos y avances institucionales.
El Ministerio de Minería y Metalurgia es responsable de la definición y aplicación de las políticas y normas que establecen el marco de acción de las actividades mineros metalúrgicos en el país.
Para Cuba, el ministro del gobierno de transición de esta cartera, Carlos Fernando Huallpa, “no está entrando a un vacío. Existen muchas leyes y disposiciones legales”.
Asegura que este ministerio también es parte del (SPIE) y, “en este momento (de transición), quererla modificar o invalidar se requeriría de la aprobación de los 2/3 de la Asamblea por lo que sería un problema”. Por lo que sugiere que lo que se puede realzar es detener algunos proyectos que sean complejos, ya que esto le corresponderá “al siguiente gobierno para ajustar, ver los pros y contras”.
“Se debe impulsar lo más urgente e importante que está dentro la institución”, expresa Cuba.
Destaca que Huallpa sea minero cooperativista ya que “sabe el negociado y conoce sobre el sistema de planificación de leyes y decisiones. Además, puede apoyar, en el corto plazo que queda, todas las demandas que han sido sesgadas”.
La principal función el ministerio de Trabajo, empleo y previsión social, es garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones sociolaborales de trabajadores y servidores públicos, erradicando progresivamente toda forma de explotación, exclusión y discriminación laboral en el marco de la construcción de la economía plural.
Para el Bruno Rojas, representante del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), este ministerio es uno de los que enfrenta los más grandes desafíos para cumplir sus objetivos planteados.
“Como herencia del gobierno anterior ha quedado trabajo limitado; empleo altamente precarizado con vulneración y restricción de derechos laborales; aumento en el desempleo juvenil y femenino; mayor crecimiento en el sector informal; poca creación de empleos para jóvenes profesionales y técnicos; vulneración al derecho de la huelga, protesta y sindicalización”, expresa Rojas quien asegura que este ministerio tuvo “retrocesos enormes” en garantizar el cumplimento de la legislación laboral.
Asegura que el ministro que sea designado por el gobierno de transición y debido a los grandes desafíos que tiene dicha cartera solo puede lograr que no se permitan más vulneraciones y mantenerse en vigencia y fuerza de la legislación laboral de la Constitución Política del Estado.
“Se debe lograr, en este tiempo corto, que no se permitan vulneraciones y desconocimientos de la legislación laboral. Si esto continuo estamos permitiendo que se mantenga esa tendencia de retroceso”, expresa Rojas.
Por su parte, Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), indica que se debe esperar que el nuevo ministro que sea designado por el gobierno de transición “no actúe con cálculos políticos, que no esté influenciado por una ideología secante que impida conversar y llegar acuerdos, y que tenga capacidad de “empatía” para entender que en una relación obrero-patronal”.
El ministerio de Desarrollo Rural y Tierras está encargado de definir e implementar políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, forestal, acuícola y de la coca, de forma sustentable.
Para Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, la agenda que ha dejado el gobierno de Evo Morales es “contraria a los intereses de una mayoría de campesinos e indígenas·, por lo que el gobierno (de transición) debe poner en pausa muchas decisiones políticas.
“Hay temas delicados como auditorias e intervención del INRA en cuento a las demandas de tráfico de tierra, entrega de tierras fiscales a privados. A este gobierno no le corresponde reevaluar la agenda agropecuaria ni reconducir en otros términos la dirección”, advierte.
Además, asegura que el nuevo gobierno que ingrese debe investigar a fondo cada proceso y el gobierno de transición de enfocarse netamente en la pacificación del país y el llamado a las elecciones.
Sin embargo, el gerente general de IBCE dice que el de transición debe “atender las demandas en el sector agropecuario hacia su reactivación y crecimiento (seguridad jurídica, tecnología, riego, asistencia técnica, etc.), con especial énfasis en sectores de rápida reacción en función del mercado externo, como el agrícola y pecuario”.
El nuevo ministro de esta cartera es Samuel Ordoñez quien trabajó como director nacional y departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).
Su principal objetivo es promover el desarrollo del sector de la transformación industrial, manufacturera y artesanal del país generando condiciones para el acceso a los recursos productivos y el desarrollo del mercado interno y externo, a precio justo.
Para Rodríguez, la principal tarea del ministro de este gabinete ministerial transitorio es garantizar el abastecimiento de bienes básicos para la población y generar diálogos con actores claves del empresariado para aumentar la producción y exportación, a corto plazo.
Además, asegura que otros retos de esta cartera también deben enfocarse en “Eliminar las restricciones a la exportación, resolver la pérdida del mercado interno (contrabando, importación a muy bajos precios por la debilidad del dólar); atender el desbalance comercial externo e informar a la población sobre la situación real de las empresas públicas”.
El actual ministro es Wilfredo Rojo, empresario de larga trayectoria, quien, desde la perspectiva de Rodríguez, “su formación económica, administración de empresas, el manejo del ente público y su visión empresarial le ayudarán a realizar su tarea con visión de país”.
Los analistas coinciden que el trabajo fundamental del Gabinete Ministerial del gobierno de transición debe enfocarse principalmente en pacificar el país y garantizar elecciones transparentes al menor plazo posible
“En ese marco y dado que la economía no puede detener, considerando además que varios de indicadores no son los mismos de antes, a fin de revertir ciertas tendencias negativas, los ministerios del área económica deben tomar medidas de impacto a corto plazo, y sentar las bases para una reforma a futuro”, expresa Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Por su parte, el analista económico, Pablo Cuba, expresa que ninguno de los últimos cinco ministros nombrados debe “modificar las leyes ni disposiciones legales a menos que estás sean claves o críticas, de lo contrario se puede producir un desbalance”.
El 2014 se creó el Ministerio de Deportes para promover las acciones necesarias que impulsen el desarrollo de este sector. Tito Montaño fue primer y único ministro antes del Gobierno de transición.
“Desde que se creó el Ministerio de Deportes tiene la labor fundamental de poder ser un nexo entre las federaciones, el Comité Olímpico y los deportistas que muchas veces no están bien vinculados”, explica el periodista deportivo, Roberto Costa.
Costa explica que el “Ministerio de Deportes tenía asumido que es el apoyo a los deportistas, que esto no puede quedar de lado, tiene que continuar, tiene que encontrar la manera de que a pesar de que es una etapa de transición, mantenga ese rol de apoyo a los deportes porque, lamentablemente, los deportistas quedan huérfanos de apoyo”.
El periodista tomó como ejemplo las becas Tunkas para los deportistas de élite, un apoyo que los deportistas ya tomaron en cuenta para poder preparar su temporada de preparación para las competencias en sus disciplinas.
“Es cierto que durante la última etapa puede haberse usado mucho para un formato de campaña política, pero que en el fondo es un apoyo para los chicos que ahora están viajando a Asunción, no se los puede dejar desamparados”, manifestó Costa.
El representante de plataformas ciudadanas de Potosí, Milton Navarro, ocupa ahora el cargo de Ministro de Deportes.
Costa aclara que no conoce personalmente a Navarro, y señala que habrá que esperar a “ver cómo maneja administrativamente” el Ministerio.
“Él mismo (Navarro) cuenta que no tiene mucha experiencia como deportista, que yo creo que no es un requisito para estar ser Ministro de Deportes, pero sí que se manejen bien los recursos del Estado, que sepa cuidarlos, que entienda que las cosas que están bien hechas hay que mantenerlas y no venir a borrar todo solo por rencores”, considera.
Costa manifiesta que es una buena señal que Navarro haya decidido mantener a los viceministros y espera que el siguiente Gobierno mantenga vigente el Ministerio y que no vuelva a ser parte del Ministerio de Salud o de Educación como en el pasado.
La salud es una de las preocupaciones más grandes de la población y sobretodo de los enfermos crónicos y los médicos, que estuvieron desde 19 de agosto por más de 60 días de paro esperando respuestas a sus demandas durante la gestión de Morales.
Gabriela Montaño, expresidenta del Senado y de la Cámara de Diputados, fue la última ministra de Salud antes de la transición y ahora es colaboradora de Morales en México.
Días antes de los comicios de 20 de octubre, los médicos tuvieron que levantar el paro y la huelga de hambre debido al auto del buen gobierno, que no permite reuniones y aglomeraciones, para las elecciones del 20 de octubre.
Entre las demandas que tiene los médicos se encuentran: la incorporación plena a la ley general del trabajo de los profesionales del sector público, la modificación de la Ley que implementó la construcción de más de 67 infraestructuras en todo el país, aplicar la Ley financial en función a la capacidad de los profesionales, abrogar la ley financial al sector salud, la dotación de ítems de nueva creación, entre otros.
Ante este panorama, el dirigente médico, Carlos Nava, explicó que el Ministerio de Salud en este tiempo de transición debe “administrar los conflictos que se presentaron en todo un proceso de gestión anterior y esa es la tarea inmediata para resolver las dificultades y los problemas por los que está atravesando el sector salud tanto como el recurso humano prestador de servicios como la población que está insatisfecha de un seguro de salud que no tiene presupuesto”.
Por su parte, la representante de la Asociación Nacional de Padres de Niños con Cáncer, Patricia Mendoza, manifestó que es importante dar continuidad a los proyectos que ya fueron elaborados y realizar las licitaciones de los medicamentos para la siguiente gestión. Además de continuar con la reglamentación de la Ley del Cáncer.
Cuando se realizó la entrevista a Mendoza, aún continuaban los cercos y bloqueos en las carreteras, por lo que una de las preocupaciones era el traslado de los niños desde el interior y provincias para que puedan recibir sus tratamientos de quimioterapia.
El expresidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz fue posesionado como Ministro de Salud para enfrentar esta etapa de transición.
Mendoza consideró que Cruz “sabe sobre las necesidades del área de los médicos, pero necesita saber las necesidades de los pacientes en nuestra coyuntura actual, esperemos que pueda solucionar lo más urgente y primordial, aunque el tiempo que tiene como ministro de salud en un gobierno de transición es reducido, con todo esperamos que sea muy bien aprovechado”.
Por su parte Nava detalló que un Ministro de Salud “tiene que ser un profesional formado en Bolivia que tenga una especialidad o maestría en salud pública y gerencia o mínimamente en administración de servicios de salud”.
También manifestó que en para ocupar el cargo, la persona debe “tener básicamente experiencia mínima de unos 15 años, conocer el sistema boliviano de salud y ser un médico especializado en Salud Pública, en Gerencia y administración de servicios de Salud y Gestión”.
Durante los bloqueos post electorales, las laborales educativas fueron afectadas por lo que una de las prioridades inmediatas fue la reformulación del calendario escolar.
La dirigente de Maestro Urbanos de Cochabamba, Norma Barrón, manifestó que también es importante velar por la seguridad de los profesores destinados a los lugares donde se vive mayor convulsión social y que hasta ayer, los pobladores mantenían un drástico bloqueo de carreteras que produjo escasez de alimentos.
Por el momento, el sector del trópico de Cochabamba aún analiza los acuerdos que se lograron ayer en la Defensoría del Pueblo.
El Ministerio de Educación en esta etapa de transición está a cargo de Virginia Patty.
Barrón manifestó que Patty “no es, precisamente, maestra normalista por eso en esa línea no conoce a fondo los problemas cotidianos de la educación, sin embargo, no creo que sea un problema para esta etapa transitoria”.
Patty manifestó que las labores escolares concluirán el 6 de diciembre y se buscará los mecanismos para garantizar la conclusión exitosa de la gestión.
El incendio de la Chiquitanía, que se extendió más de 30 días y durante los cuales el Gobierno se negó a pedir ayuda internacional, y los incendios descontrolados en diferentes lugares y sitios protegidos del país, avivaron el descontento social sobre el Decreto 3973 y la Ley 741, que permiten chaqueos y desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Morales justificó existe necesidad en “pequeñas familias (que) ai no chaquean, ¿de qué van a vivir?” mientras que los ganaderos y agroindustriales pidieron no abrogar las normas, como exigían los ambientalistas.
Tras el incendio se pidió inamovilidad de los bosques Chiquitanía y su restauración previo estudio multidisciplinario.
“En el Gobierno de transición, ese Ministerio solo debe dedicarse a dejar la casa en orden para quienes los sucederán, es decir, recuperar, reconstruir la institucionalidad que administra nuestros RRNN y hacer un saneamiento normativo de todas las Resoluciones Ministeriales, Decretos y Leyes aprobadas en el anterior gobierno que están en contra de la CPE y Tratados internacionales y a través del procedimiento que corresponda gestionar su anulación”, consideró la activista Eliana Torrico.
Respecto al plan de restauración de la Chiquitanía, Torrico consideró que: “debe ser encarado desde la Gobernación y los Municipios afectados, no desde el Ministerio de MMAA, es un gobierno de transición, no está para ejecutar proyectos”.
Por su parte el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Antonio Rodríguez A., aseveró que el Ministerio de Medio Mabiente “estuvo copado por ONGs y personas con “agenda propia” contrarias a un mayor desarrollo del sector agropecuario, la agricultura a escala, el pleno uso de la biotecnología, la producción de biocombustibles y la expansión de las agroexportaciones, corresponde “poner en orden la casa” primero, para no tener tal oposición desde dentro. Escuchar a los sectores productivos para armar una agenda de desarrollo con sostenibilidad”.
Rodríguez destacó que la decisión de reforestar la Chiquitanía.
En este punto se debe explicar que la reforestación y restauración son medidas diferentes. La primera tiene que ver zonas urbanas y con especies que no necesariamente son propias del lugar.
Por otro lado, la restauración un proceso que trata de recuperar la estructura y funcionalidad de un ecosistema, donde se debe considerar la vegetación, la fauna, el suelo, el agua y otros componentes.
El cargo del Ministerio de Medio Ambiente recayó sobre la abogada María Elba Pinckert.
Torrico expresó que escuchó que Pinckert tiene experiencia como política y como agro productora, y manifestó que no conoce si la Ministra tiene algún tipo de experiencia o formación medio ambiental.
Mientras que Rodríguez destacó los estudios de abogacía, sus conocimientos de la actividad agropecuaria en el Norte Integrado en Santa Cruz, y su participación como senadora de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente y del Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.
La reunión de Pinckert con agroindustriales, la semana pasada, generó alarma entre los ambientalistas. Tras esto la Ministra convocó a diferentes sectores a presentar propuestas para la recuperación de la Chiquitanía.
El Ministerio de Culturas recayó sobre Martha Yujra Apaza quien, en una entrevista con Los Tiempos, reconoció aún se interioriza en los asuntos del Ministerio, pero adelantó que continuará los proyectos del anterior gobierno.
Su formación va de la mano de la dirigencia sindical. A sus 17 años fue representante de los estudiantes secundarios de Chojlla y luego, cuando llegó a El Alto junto a su padre, minero relocalizado, fue dirigente de padres de familia, de su zona y fundó junto a otras compañeras la federación de mujeres de la ciudad de El Alto. También representa a los gremialistas.
En este tiempo de transición, Marco Depp, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), considera que el Ministerio de Comunicación, liderado por Roxana Lizárraga puede trabajar en desajustes que ha habido en la administración de los recursos del Estado en materia de publicidad y propaganda y las políticas de asfixia que durante el anterior gobierno se han denunciado.
Sin embargo aclaró que no debe ir a los extremos, sino solo volver al equlibrio democrático y la relaciones de normalidad entre el Estado y los medios de comuncación.
