El procurador del Estado, José María Cabrera, dijo que la suma corresponde a decenas de casos millonarios con afectación al erario, entre ellos, el Fondo Indígena.
La Procuraduría General del Estado busca recuperar 2.251 millones de dólares, que corresponden a procesos internos relacionados con los daños económicos contra el Estado causados por diferentes personas. En el caso de los laudos internacionales, Bolivia tiene demandas que pueden costarle hasta 1.000 millones de dólares.“Esos 2.251 millones de dólares corresponden a diferentes casos, entre los que destaca el Fondo Indígena, que sólo suma 71 millones de bolivianos. Son importantes estos procesos internos que fueron descuidados y en esta nueva gestión se priorizarán”, dijo a Página Siete el procurador José María Cabrera, en el cargo desde el 3 de diciembre.Cabrera precisó que los 2.251 millones de dólares están divididos en tres tipos de casos: juicios penales por la comisión de delitos de orden económico que ocasionaron daño al erario nacional; juicios civiles, en los que sin que se constituya delito hubo daño económico y, por último, los procesos coactivos fiscales.“La suma de los 2.251 millones de dólares corresponde básicamente en esos tres tipos de procesos. Por ejemplo, en el caso del Fondioc habían autoridades ediles que inscribían proyectos fantasmas. Aproximadamente el 95% de los 2.251 millones son por casos que exceden el millón de dólares, es decir, no estamos hablando de cientos de casos millonarios, sino de decenas de casos millonarios”, afirmó.
Sobre el Fondo Indígena adelantó que con el fin de recuperar los recursos, en el transcurso de estos días se ocupará del proceso penal que se realiza con el objetivo de que no sea uno más de los casos de la Procuraduría, sino uno al que se le dé prioridad.El Fondo Indígena se creó en 2005 y entregó su primer desembolso en 2010. Transfirió 729,7 millones de bolivianos para 1.100 proyectos. Pero, en 2014 se conoció sobre proyectos fantasmas.En la memoria anual 2018 de la Procuraduría se señala que, por mandato constitucional, interviene y participa directamente en los procesos judiciales, cuya intervención está sujeta a la relevancia social y económica.El nuevo procurador evitó referirse a los otros casos que causaron afectación al Estado, pero indicó que son varios y se registraron en diversos lugares del país, entre ellos por delito penal, civil y por coactivo fiscal.Las demandas extranjerasSobre los procesos internacionales que encara Bolivia, Cabrera afirmó que como abogado del Estado la Procuraduría tiene la obligación de hacer la defensa “férrea y a ultranza” de los derechos e intereses de Bolivia.“Se atenderá caso por caso, cada una tiene su particularidad y no se puede generalizar ni anticipar una estrategia”, sostuvo.
No obstante, enfatizó que cumplirán su rol como defensor de los intereses nacionales y que cualquier propuesta o arreglo que se haga con los demandantes deberá estar enmarcada en la Constitución Política del Estado y la legislación específica.Caso QuiboraxSobre el cuestionamiento al resultado obtenido en el arbitraje por Quiborax, Cabrera anticipó que se hará una auditoría legal a todo el proceso, para conocer cómo se preparó la defensa.“Hay varias aristas para abordar en el caso de Quiborax, es un arbitraje concluido con un laudo arbitral internacional ejecutoriado en el que se han agotado absolutamente todas las instancias. Entonces, lo que cabe realizar es una auditoría jurídica a cómo se llevó a cabo la defensa del Estado”, señaló la autoridad.También declaró que la Asamblea Legislativa, en virtud a un decreto aprobado por el anterior gobierno, podía emitir una nueva amnistía para el exmandatario Carlos Mesa, a quien el anterior Gobierno procesó por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica fue pasible a sanciones en el caso Quiborax.“De inicio corresponde a esas dos instancias tomar las determinaciones para la prosecución de dicha acción y la Procuraduría está a la expectativa de esas determinaciones para también ejercer el rol constitucional que le corresponde”, adelantó.
Los casos externos
- Arbitrajes El procurador José María Cabrera detalló que entre los casos demandados en el ámbito internacional y que suman unos $us 1.000 millones están el de la empresa minera Glencore, que demanda al Estado por 675,7 millones de dólares. El arbitraje de inversiones se inició en julio de 2016 ahora está en fase de sustanciación ante la Corte Permanente de Arbitraje, en París.
- BBVA El caso de la BBVA, sobre la administradora de fondo de pensiones, por la implementación de la Gestora, con cuantía aún no definida pero con la expectativa del demandante reclame 120 millones de dólares. En mayo de 2017 la BBVA presentó su notificación de controversia. Ahora en etapa de negociación.
- Hecho En 2018, Julio Miguel Orlandini Ágreda y CMO presentaron notificación de arbitraje. Los demandantes alegaron que Comibol hizo actividades mineras ilegales dentro de su zona de concesión, en Oruro. La empresa demandante pide “cientos de millones”, según el procurador Cabrera.
- Nacionalización El cuarto caso tiene que ver con la demanda interpuesta por la Air BP, que pide una compensación de cinco millones de dólares. Controlaba la provisión de combustible para aviones e inicio la demanda en 2009. Hasta ahora se sigue en negociación.
Se eliminará el secreto para la contratación y pago a los bufetes
El procurador general del Estado, José María Cabrera, informó que se redacta un proyecto de decreto para abrogar la norma que permite las contrataciones en secreto de bufetes de abogados para defender al Estado en los juicios internacionales.“En los próximos días, la Procuraduría cursará un proyecto de decreto a la presidenta Jeanine Añez y al gabinete de ministros para abrogar el decreto supremo que permitía la contratación directa, sin comparación de precios ni sin licitación de bufetes internacionales, y levantar el secreto en cuanto a la cuantía de dichas contrataciones”, afirmó.El Decreto Supremo 2698, del 9 de marzo de 2016, guarda en secreto las contrataciones de bufetes de abogados hechas por la Procuraduría, además de que exime a la institución de hacer su rendición de cuentas sobre el monto pagado, entre otros.Cabrera explicó que por norma, solamente dos categorías admiten el secreto de Estado: defensa nacional y seguridad de Estado, argumento que servirá para anular dicha norma.Anticipó que en el artículo uno se señala dejar sin efecto el decreto; en el segundo artículo se establecerá una nueva modalidad pública y transparente, con el fin de que esté disponible al público las modalidades y condiciones de cada contrato.
El Procurador señaló que se recopila información detallada de los gastos legales por concepto de honorarios profesionales, peritajes internacionales, pago de aranceles a los centros y cortes de arbitraje e incluso de los viajes y viáticos, que fueron erogados durante las defensas de juicios internacionales que encaró el Estado boliviano.“Una vez concluido el relevamiento de datos, tanto de los casos vigentes y concluidos, será puesto a disposición de la población y otras entidades públicas como la Contraloría, la Asamblea e incluso el Ministerio Público”, afirmó el Procurador.Página Siete / Lidia Mamani / La Paz