Sostuvo que el texto del mismo artículo es inentendible, porque ratifica la vigencia del artículo 161 de la CPE en relación a la Ley 044 de juzgamiento de altas autoridades de Estado, donde transforma el carácter penal del juicio de privilegio a un proceso disciplinario como hicieron con el exmagistrado Gualberto Cusi.
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A Cusi no lo llevaron a la cárcel pero lo sacaron del cargo. Esta modificación – precisó Vásquez – quieren extender en favor de Evo Morales y Álvaro García Linera para que ante cualquier proceso penal, por los 14 años de gobierno, ya no se les aplique una sanción penal sino sean sometidos a juicios disciplinarios.
Y volvió a preguntarse ¿Es eso constitucional? Y la respuesta es no, porque está pretendiendo modificar la facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional de autorizar juicios de orden penal contra altas autoridades de Estado. Aseguró que el objetivo práctico es que los exmandatarios no sean juzgados penalmente, lo cual constituye una lesión objetiva a la Constitución.
Un tercer elemento es que la inviolabilidad reservada para los asambleístas en el artículo 151 y 152 de la Constitución, pretende ser extendida también en favor de los funcionarios electos y designados de Evo Morales.
De manera que si son llevados a juicio, tampoco serán sancionados penalmente. La pregunta es ¿Pueden hacerlo por una ley? y la respuesta es no, porque las prerrogativas que da la Constitucional son exclusivas para los parlamentarios y no para todos los funcionarios.
Dijo que una ley como esta no puede ser aprobada por dos principios básicos: la paz debe asentarse en la justicia y no haber paz a cambio de inmunidad.
“Estás amnistías encubiertas o disfrazadas con otras palabras, lo único que buscan es que la gente que cometió delitos, no sea juzgada”, manifestó el abogado Vásquez Villamor, a tiempo de advertir que una democracia sólida se asienta en una paz duradera resultado de una verdadera justicia.
Recomendó a los asambleístas reflexionar antes de aprobar y dijo que si el MAS se impone con su mayoría y logra sancionar la ley, la presidenta Jeanine Añez debería enviar al control previo ante el Tribunal Constitucional y que sea esta instancia la que defina si es o no constitucional y de hecho que esa ley se cae, aseguró.Fuente: erbol.com.bo