El proceso contra Lucas Ara está en la Asamblea Legislativa de Bolivia.
Explica a la Comisión de Derechos Humanos que el Contralor, a través de su apoderada Catherine Nolasco, coaccionó a la juez de garantías advirtiéndola para que exija el cumplimiento del fallo con la advertencia que ellos ejercen tuición y fiscalización a todas las entidades del sector público.Indica que en forma simultánea el Contralor desplegó otra estrategia de coacción hacia el Tribunal Constitucional de Sucre, donde a través de sus representantes legales Edino Clavijo y Katherine Guibarra, solicita “priorización del sorteo”, advirtiendo sobre un posible daño económico al Estado si acaso emiten un fallo en favor de la denunciante que obligaría a pagar sueldos devengados.La auditora entiende que esa advertencia no tenía otro objetivo que eludir la responsabilidad del Contralor de pagar con sus propios recursos los sueldos devengados y de sacar de la Gerencia Departamental de Tarija a Daniel Lazarte, quien fue luego fue ascendido al cargo de Sub Contralor General, pese a tener un proceso penal por falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y otros en el municipio de Colcapirhua.El 4 de julio de 2019 finalmente las magistradas Karen Gallardo Sejas y Georgina Amusquivar Moller se pronunciaron a favor del Contralor, sin tomar en cuenta la condición de la señora Carmen Rosa, aclarando que el cargo de libre nombramiento (Gerente Departamental), “es una excepción a la inamovilidad laboral de una persona con discapacidad”.En su denuncia ante la Asamblea señala que las actuaciones del Contralor se adecúan a tipos penales de prevaricato, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes 223, 977, 2027, refrendadas por tratados y convenios internacionales, por lo cual pide a la Comisión actuar conforme a la ley que, de prosperar, puede derivar en la suspensión del Contralor Henry Ara.Erbol / Página Siete