La carta de renuncia de la jueza ciudadana, Sonia Mamani, generó reacciones de procesados y del Poder Ejecutivo. El juicio se debe reiniciar mañana, pero podría no llevarse adelante por la ausencia de la mujer, que denunció amenazas del anterior Gobierno de Evo Morales. 
Rómulo Calvo recibió en su oficina a Alejandro Brown y Alejandro Saucedo. Foto: Fuad LandívarSanta Cruz, BoliviaLos procesados en el juicio por el supuesto caso de terrorismo y quienes salieron del país, obligados por lo que consideran fue una persecución política de los anteriores administradores gubernamentales del MAS, exigen a las autoridades transitorias del Poder Ejecutivo nacional retirar las acusaciones, sustentadas por el Ministerio de Gobierno, que dieron pie a este proceso y así acabar con esta causa que lleva más de siete años en los estrados judiciales y más de diez desde que se realizó el operativo en el hotel Las Américas, principio de esta acción penal.La renuncia de la jueza ciudadana Sonia Mamani a ser parte del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que se ha hecho cargo del procesamiento de esta causa, puede provocar que este caso no tenga el suficiente número de juzgadores para continuar con las sesiones de alegatos y de debates, lo que provocaría que la causa pase a otras manos y allí se pueda asumir una determinación diferente a la que mantiene a una docena de acusados participando de audiencias judiciales una semana por medio.Pero si bien la decisión de Mamani hirió de muerte al juicio, al menos con este Tribunal que no podría continuar por falta de quórum de sus integrantes (la ley establece que los jueces técnicos no pueden ser más que los ciudadanos), los acusados quieren acabar, de una vez por todas, con este proceso.Gary Prado, abogado de varios de los sindicados en esta causa, reconoce que lo detallado en la carta de renuncia de Mamani es lapidario para el caso y que demuestra la veracidad de las denuncias que hicieron muchos de los encausados durante los últimos años, respecto a las irregularidades que observaron, pero que nunca fueron tomadas en cuenta por ninguna autoridad.“Estamos esperando que el Gobierno retire la acusación particular que presentó al juicio, lo mismo que el Ministerio Público; sobre todo luego de que quedó evidenciado en una causa separada que el exfiscal Marcelo Soza, extorsionó económicamente a familiares de los acusados para ingresarlos o retirarlos de las imputaciones que él redactó”, apuntó Prado.Para el jurista la actual administración transitoria del Estado, no debe ser cómplice de lo que hicieron otros actores políticos que solo trataron de amedrentar a los cruceños y de provocar muerte y dolor en muchas familias. “Ya se demostró que el fiscal que firmó la acusación es corrupto y un extorsionador, y una de las juezas ciudadanas confirmó las denuncias que reiteramos, durante casi todo el juicio, sobre el manejo irregular de los dineros del Estado para mantener este caso armado. Ellos no tienen que ser cómplices”, enfatizó el abogado.La jueza señaló que el Ministerio de Gobierno de la pasada gestión era el que pagaba los pasajes y viáticos de los miembros del tribunal; además, que ella fue presionada para votar “en línea” con el resto de los jueces.Zvonko Matkovic, exdirigente cívico y uno de los procesados a los que más veces los juzgadores le negaron el derecho a defenderse en libertad (sigue en el juicio pero con detención domiciliaria conseguida en 2018, casi ocho años después de estar preso), coincidió con Prado de que la mejor manera para que el caso se cierre, es que “se retiren las denuncias, basadas en acciones corruptas”.“Creo que la carta de renuncia de la jueza Sonia Mamani será la base para que las autoridades tomen decisiones. El ministro (de Gobierno, Arturo Murillo) debe darse cuenta que los anteriores responsables de esa cartera cometieron actos de corrupción”, señaló Matkovic y agregó que a diferencia de otros momentos ahora hay testimonios y pruebas de los ilícitos que se habrían cometido durante la realización del juicio.El exvicepresidente cívico espera que el ministro Murillo no avale las acciones irregulares cometidas por sus antecesores y, al igual que los otros procesados, espera que la acusación particular que el Ministerio de Gobierno presentó en su tiempo, ahora sea retirada lo antes posible.“De una vez debe quedar claro que todo fue manejado y de ahí en adelante debe averiguarse, qué pasó en realidad. Los que encubrieron, los que extorsionaron, todos los policías que actuaron, los jueces y los ministros que favorecieron a lo que se hizo están aquí, el único que se escapó fue Marcelo Soza, los demás tienen que ser procesados y sentenciados por lo que hicieron”, enfatizó Matkovic.Por su parte Alcides Mendoza, otro de los enjuiciados, señaló que la carta de Mamani solo confirma la malversación de fondos estatales que hizo el Gobierno y espera que el jueves, día previsto para el reinicio de la semana de audiencias, se pueda llegar a un punto final en esta causa.“Su conciencia (la de la jueza Sonia Mamani) no la dejó dormir y se ha visto en la necesidad de renunciar. Esperamos que el presidente de este circo (juez Sixto Justo Fernández), también haga conciencia y decida acabar con todo. Esto no tiene más recursos jurídicos, no hay pruebas, todas fueron suplantadas, todo lo elaboró el Estado, pero dejaron muchos huecos que no pudieron tapar. Este juicio no tiene sentido. Esto solo se hizo para descabezar a la oposición. Lo único que le pido al juez es que nos declare inocentes a todos, eso está por demás demostrado”, aseguró Mendoza, que pudo pasar las fiestas de Fin de Año junto a sus familiares, después de diez años de estar preso.La posición de MurilloArturo Murillo, ministro de Gobierno, en diálogo con EL DEBER dijo que se ha comenzado a recabar toda la información necesaria para indagar la denuncia realizada por la jueza ciudadana Sonia Mamani, sobre el pago de viáticos, pasajes y estadía de ella, que venía junto a la otra jueza ciudadana, Anastacia Calizaya, desde La Paz hacia la capital cruceña.La autoridad dijo que la responsabilidad de todo lo sucedido recae en el exministro Juan Ramón Quintana y los exdignatarios Álvaro García Linera y Evo Morales. Este último, de acuerdo con las afirmaciones de Murillo, admitió que mandó a matar a los extranjeros (Eduardo Rózsa, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer) en el hotel Las Américas.“Todos sabemos que el caso terrorismo ha sido armado, no hay un boliviano que no lo sepa y lo peor es que sabemos que hubo ejecución, ordenada por Evo Morales y además él lo dijo fuera del país. Eso es terrible, Evo Morales tiene problemas serios”, apuntó la autoridad y señaló que el expresidente no podrá andar por ninguna parte del mundo, porque los europeos no pararán con el juicio que le siguen.Respecto a la posibilidad de retirar la acusación que hay en el juicio explicó: “Está claro que yo no puedo abandonar un caso como Ministerio de Gobierno, pero con lo que se ha comprobado, los abogados están analizando para ver qué pasos se dan, porque con la denuncia de la jueza se abren otro tipo de abanicos. Entonces, es importante profundizar este tema, para no cometer errores e injusticia contra esa pobre gente”.Carta al ComitéPor la tarde y más de diez años después, Alejandro Brown, uno de los acusados en el juicio terrorismo que está refugiado en Brasil, se presentó en el Comité pro Santa Cruz para entregarle al titular actual, Rómulo Calvo, una carta a nombre de todos los perseguidos políticos que están fuera del país.La misiva firmada por él y Alejandro Melgar Pereira, pide al líder cívico su intervención para acabar con el juicio terrorismo y reitera que si las actuales autoridades gubernamentales mantienen a exiliados fuera de su tierra, compartirán la responsabilidad jurídica y política de la persecución iniciada con la intervención en el hotel Las Américas, abril de 2009.Al igual que los otros procesados en este caso, Brown a nombre de quienes están fuera del país, piden que se retiren las acusaciones y el Tribunal Supremo de Justicia cierre definitivamente el caso.EL DEBER / Christian Gabriel Peña Y Lillo Herrera, Carmela Delgado Quispe
Rómulo Calvo recibió en su oficina a Alejandro Brown y Alejandro Saucedo. Foto: Fuad LandívarSanta Cruz, BoliviaLos procesados en el juicio por el supuesto caso de terrorismo y quienes salieron del país, obligados por lo que consideran fue una persecución política de los anteriores administradores gubernamentales del MAS, exigen a las autoridades transitorias del Poder Ejecutivo nacional retirar las acusaciones, sustentadas por el Ministerio de Gobierno, que dieron pie a este proceso y así acabar con esta causa que lleva más de siete años en los estrados judiciales y más de diez desde que se realizó el operativo en el hotel Las Américas, principio de esta acción penal.La renuncia de la jueza ciudadana Sonia Mamani a ser parte del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que se ha hecho cargo del procesamiento de esta causa, puede provocar que este caso no tenga el suficiente número de juzgadores para continuar con las sesiones de alegatos y de debates, lo que provocaría que la causa pase a otras manos y allí se pueda asumir una determinación diferente a la que mantiene a una docena de acusados participando de audiencias judiciales una semana por medio.Pero si bien la decisión de Mamani hirió de muerte al juicio, al menos con este Tribunal que no podría continuar por falta de quórum de sus integrantes (la ley establece que los jueces técnicos no pueden ser más que los ciudadanos), los acusados quieren acabar, de una vez por todas, con este proceso.Gary Prado, abogado de varios de los sindicados en esta causa, reconoce que lo detallado en la carta de renuncia de Mamani es lapidario para el caso y que demuestra la veracidad de las denuncias que hicieron muchos de los encausados durante los últimos años, respecto a las irregularidades que observaron, pero que nunca fueron tomadas en cuenta por ninguna autoridad.“Estamos esperando que el Gobierno retire la acusación particular que presentó al juicio, lo mismo que el Ministerio Público; sobre todo luego de que quedó evidenciado en una causa separada que el exfiscal Marcelo Soza, extorsionó económicamente a familiares de los acusados para ingresarlos o retirarlos de las imputaciones que él redactó”, apuntó Prado.Para el jurista la actual administración transitoria del Estado, no debe ser cómplice de lo que hicieron otros actores políticos que solo trataron de amedrentar a los cruceños y de provocar muerte y dolor en muchas familias. “Ya se demostró que el fiscal que firmó la acusación es corrupto y un extorsionador, y una de las juezas ciudadanas confirmó las denuncias que reiteramos, durante casi todo el juicio, sobre el manejo irregular de los dineros del Estado para mantener este caso armado. Ellos no tienen que ser cómplices”, enfatizó el abogado.La jueza señaló que el Ministerio de Gobierno de la pasada gestión era el que pagaba los pasajes y viáticos de los miembros del tribunal; además, que ella fue presionada para votar “en línea” con el resto de los jueces.Zvonko Matkovic, exdirigente cívico y uno de los procesados a los que más veces los juzgadores le negaron el derecho a defenderse en libertad (sigue en el juicio pero con detención domiciliaria conseguida en 2018, casi ocho años después de estar preso), coincidió con Prado de que la mejor manera para que el caso se cierre, es que “se retiren las denuncias, basadas en acciones corruptas”.“Creo que la carta de renuncia de la jueza Sonia Mamani será la base para que las autoridades tomen decisiones. El ministro (de Gobierno, Arturo Murillo) debe darse cuenta que los anteriores responsables de esa cartera cometieron actos de corrupción”, señaló Matkovic y agregó que a diferencia de otros momentos ahora hay testimonios y pruebas de los ilícitos que se habrían cometido durante la realización del juicio.El exvicepresidente cívico espera que el ministro Murillo no avale las acciones irregulares cometidas por sus antecesores y, al igual que los otros procesados, espera que la acusación particular que el Ministerio de Gobierno presentó en su tiempo, ahora sea retirada lo antes posible.“De una vez debe quedar claro que todo fue manejado y de ahí en adelante debe averiguarse, qué pasó en realidad. Los que encubrieron, los que extorsionaron, todos los policías que actuaron, los jueces y los ministros que favorecieron a lo que se hizo están aquí, el único que se escapó fue Marcelo Soza, los demás tienen que ser procesados y sentenciados por lo que hicieron”, enfatizó Matkovic.Por su parte Alcides Mendoza, otro de los enjuiciados, señaló que la carta de Mamani solo confirma la malversación de fondos estatales que hizo el Gobierno y espera que el jueves, día previsto para el reinicio de la semana de audiencias, se pueda llegar a un punto final en esta causa.“Su conciencia (la de la jueza Sonia Mamani) no la dejó dormir y se ha visto en la necesidad de renunciar. Esperamos que el presidente de este circo (juez Sixto Justo Fernández), también haga conciencia y decida acabar con todo. Esto no tiene más recursos jurídicos, no hay pruebas, todas fueron suplantadas, todo lo elaboró el Estado, pero dejaron muchos huecos que no pudieron tapar. Este juicio no tiene sentido. Esto solo se hizo para descabezar a la oposición. Lo único que le pido al juez es que nos declare inocentes a todos, eso está por demás demostrado”, aseguró Mendoza, que pudo pasar las fiestas de Fin de Año junto a sus familiares, después de diez años de estar preso.La posición de MurilloArturo Murillo, ministro de Gobierno, en diálogo con EL DEBER dijo que se ha comenzado a recabar toda la información necesaria para indagar la denuncia realizada por la jueza ciudadana Sonia Mamani, sobre el pago de viáticos, pasajes y estadía de ella, que venía junto a la otra jueza ciudadana, Anastacia Calizaya, desde La Paz hacia la capital cruceña.La autoridad dijo que la responsabilidad de todo lo sucedido recae en el exministro Juan Ramón Quintana y los exdignatarios Álvaro García Linera y Evo Morales. Este último, de acuerdo con las afirmaciones de Murillo, admitió que mandó a matar a los extranjeros (Eduardo Rózsa, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer) en el hotel Las Américas.“Todos sabemos que el caso terrorismo ha sido armado, no hay un boliviano que no lo sepa y lo peor es que sabemos que hubo ejecución, ordenada por Evo Morales y además él lo dijo fuera del país. Eso es terrible, Evo Morales tiene problemas serios”, apuntó la autoridad y señaló que el expresidente no podrá andar por ninguna parte del mundo, porque los europeos no pararán con el juicio que le siguen.Respecto a la posibilidad de retirar la acusación que hay en el juicio explicó: “Está claro que yo no puedo abandonar un caso como Ministerio de Gobierno, pero con lo que se ha comprobado, los abogados están analizando para ver qué pasos se dan, porque con la denuncia de la jueza se abren otro tipo de abanicos. Entonces, es importante profundizar este tema, para no cometer errores e injusticia contra esa pobre gente”.Carta al ComitéPor la tarde y más de diez años después, Alejandro Brown, uno de los acusados en el juicio terrorismo que está refugiado en Brasil, se presentó en el Comité pro Santa Cruz para entregarle al titular actual, Rómulo Calvo, una carta a nombre de todos los perseguidos políticos que están fuera del país.La misiva firmada por él y Alejandro Melgar Pereira, pide al líder cívico su intervención para acabar con el juicio terrorismo y reitera que si las actuales autoridades gubernamentales mantienen a exiliados fuera de su tierra, compartirán la responsabilidad jurídica y política de la persecución iniciada con la intervención en el hotel Las Américas, abril de 2009.Al igual que los otros procesados en este caso, Brown a nombre de quienes están fuera del país, piden que se retiren las acusaciones y el Tribunal Supremo de Justicia cierre definitivamente el caso.EL DEBER / Christian Gabriel Peña Y Lillo Herrera, Carmela Delgado Quispe