El mismo día que Jeanine Áñez asumió el poder, el expresidente Eduardo Rodríguez presentó su renuncia como embajador en los Países Bajos y agente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda chilena por derechos sobre el Silala. Su dimisión fue aceptada de forma inmediata e incluso de “forma retroactiva”.
Dos semanas después le propusieron seguir, pese a que le habían comunicado que ya había un nuevo representante diplomático y agente en el juicio entablado por Chile por derecho sobre el agua del Silala, recurso ubicado en la frontera.
Esos hechos fueron revelados durante una entrevista con Fides Tv, donde justificó su renuncia porque correspondía “por decoro y respeto” ante la llegada de un nuevo Gobierno de transición, tras la renuncia de Evo Morales.
“A mí se me acepta la renuncia de manera inmediata e incluso retroactiva, el Gobierno hace conocer que ha designado a un nuevo representante ante el gobierno de Holanda e incluso ante la CIJ”, reveló sobre los hechos que rodearon a su dimisión.
Rodríguez fue designado por Morales en el cargo de agente de Bolivia ante la CIJ en abril de 2013. Estuvo representando los intereses nacionales en el juicio que se perdió contra Chile por un negociación para resolver el diferendo marítimo. Posteriormente fue designado como agente en la demanda chilena por el Silala.
A dos semanas de su renuncia, dijo que desde el gobierno de Áñez se le pidió quedarse. “Yo no creo que se trate de un tema de quédese no más, es un tema de respeto, no a Eduardo Rodríguez, sino un respeto al país para hacer bien las cosas”, argumentó al explicar que su rechazo a ese pedido.
La administración de Áñez no hizo ningún pronunciamiento sobre la situación de la demanda por el Silala hasta el 23 de diciembre. Ese día, la canciller Karen Longaric afirmó del inicio de reuniones con la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar) para conocer el estado de la defensa del proceso.
“(La demanda por el Silala) es sensible a los intereses del Estado, independientemente quien sea el agente, el abogado, el Gobierno, el Presidente, el o la canciller; es un tema que atinge a los intereses de Bolivia y cómo administra y define con sus cinco vecinos los recursos hídricos compartidos”, reflexionó Rodríguez.
Dentro de ese proceso, hubo dos rondas de alegatos escritos que finalizaron en mayo con la presentación de la réplica a la dúplica boliviana. Según Longaric, se tiene perfilado que en mayo puedan darse los alegatos orales, la última fase antes de que se dicte la sentencia.
“Los alegatos orales son un momento procesal que lo único que hace es reiterar todo lo vertido en los alegatos escritos, es decir, no hay innovación alguna, no hay aportes nuevos a la causa, simplemente es refrendar los argumentos ya incorporados en la fase escrita”, había señalado la canciller.
Rodríguez negó tener algún tipo de afinidad política con algún partido político y dijo que era solo un servidor público durante toda su carrera en el ámbito público. “Lo hacía por sobre todo por los intereses de mi país y no se puede, por estas coyunturas políticas, menospreciar un servicio público”, añadió.
En 2016, Chile demandó a Bolivia para que la CIJ declare que el Silala es un “río internacional” y de uso “equitativo”, tesis que es rechazada por La Paz, que defiende la soberanía sobre ese recurso desviado hacia territorio chileno a través de una canalización artificial encarada hace más de 100 años, bajo el amparo de una concesión que ahora está anulada.