Evaluación. Cuestionan el incumplimiento a las normas vigentes en el país. El Gobierno apunta a incrementar el presupuesto al órgano judicial.
Estefany Claros Aldana [email protected]
Por otro año consecutivo, Bolivia vuelve a estar entre los países con mayor índice de corrupción en el mundo, de acuerdo al informe emitido por la organización Transparency International (TI).
El informe anual que corresponde al año 2019, refleja que Bolivia, se encuentra en el puesto 123 de un total de 180 países que fueron sometidos a la evaluación.
Evaluación de Bolivia
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De acuerdo al documento de la organización TI, Bolivia obtuvo una puntuación de 31, es decir se ubica en la parte media baja.
Pese a ello, el país en ésta nueva evaluación subió de peldaño en el ranking de evaluación a comparación del estudio del 2018 cuando su calificación se situó en el puesto 132, aunque en relación del 2017, permanece entre los puntajes más bajos.
A partir del año 2012, desde cuando son comparables los datos del índice, Bolivia ha ido reduciendo su puntaje, lo que significa el incremento de la percepción de corrupción.
Sin embargo, la calificación que obtuvo en el año 2016, ha sido una de sus peores dentro del ranking de evaluación que realiza TI. Bolivia en esa oportunidad ocupó el puesto 111.
Cabe resaltar que la evaluación corresponde a la gestión 2019, misma que aún estaba a cargo del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lideró el expresidente Evo Morales, hasta noviembre.
Acciones de prioridad
La experta constitucionalista, Silvia Salame, lamentó que Bolivia aún permanezca entre los países con alto nivel de corrupción.
Indicó que el nuevo Gobierno que asuma, debe aplicar un sistema de ‘cero tolerancia a la corrupción’ y dar castigos ejemplarizadores a los involucrados en los actos ilegales.
Salame considera urgente que el nuevo Gobierno aplique como una de sus políticas principales combatir la corrupción.»Este problema debe ser una política del gobierno. Se tienen que dar castigos ejemplarizadores a los involucrados a través de la justicia», manifestó.
Ante ésto, hizo mayor énfasis en la situación del sistema judicial del país, dado que es la instancia que sanciona a las personas involucradas en hechos de corrupción.
La experta recordó que en más de una oportunidad se han llevado adelante cumbres o reuniones con el propósito de mejorar la justicia, pero que ninguna de éstas ha tenido el éxito que esperaba la población.
Señaló que el presupuesto asignado al Órgano Judicial en todos estos año no cubre con la realidad ni lo que se necesita en particular. «Para garantizar cero corrupción tenemos que tener un órgano judicial fuerte, independiente, competente y para esto se debe mejorar el presupuesto del órgano judicial, mejorar y fortalecer las carreras judiciales. Lamentablemente todas las cumbres que se realizaron, fueron direccionadas a lo que el gobierno anterior quería y por eso no hubo ninguna solución», remarcó.
Normas en la mira sin aplicación correcta
Por su parte, la diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, recordó que durante 14 años, la evaluación de Bolivia en cuanto al índice de corrupción, no ha logrado estar entre los países menos corruptos. «Tenemos una justicia corrupta, aquí se venden cargos, fallos judiciales, hay pasanaku de favores. Lamentablemente nuestro órgano ejecutivo naturalizo la corrupción y el acceso a la justicia se convirtió en una especie de chantaje», expresó.
Indicó que en el país, las leyes Marcelo Quiroga Santa Cruz y la 1178 de Administración y Control gubernamentales (Safco), quedaron chicas, ante los cientos de casos que salieron a la luz en los últimos años.
Así también dijo que la Unidad de Investigaciones financieras ha fallado en los últimos tiempos, además del sistema de declaración jurada.
Recomendó a los nuevos gobernantes que asuman el poder tras las elecciones de mayo, se enfoquen en las tarea pendientes que hay en el país y que apliquen normas en donde las sanciones sean más duras para quienes cometen actos irregulares, para dar ejemplo al resto de la población. «Estamos en una etapa previa electoral y uno de los temas principales debería ser recuperar la trasparencia de los órganos de Estado, las instituciones y entidades centralizadas o no. El manejo de las gobernaciones y alcaldías tampoco es transparente, no se han cumplido las normas y muchas de ellas urge modificarlas», precisó la legisladora.
Cuestionó que el mecanismo de rendición de cuentas de las instituciones, se ha convertido en un resumen de folletos e imágenes y no así en el detalle del trabajo realizado.
Acciones de mejoras
Ante las críticas de la constitucionalista Salame, desde el Gobierno transitorio de Jeanine Añez, se anunció que en para ésta gestión se realizará un incremento al presupuesto judicial.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, anunció que se tiene el compromiso de mejorar el presupuesto mediante medio millón de bolivianos solicitado para cubrir las necesidades emergentes en la gestión 2020. «Es un año especial para la administración de justicia porque va a haber una atención por parte del Órgano Ejecutivo y porque se va a mejorar la asignación presupuestaria en lo que esperamos este año sea un tercio de los 500 millones de bolivianos, solicitados para que existan mayores juzgados y operadores de justicia», informó a los periodistas.
Indicó que el Gobierno actual está trabajando en base a un informe de necesidades que le presentó el mismo Órgano Judicial.
Datos de la región
Los países de América, tienen un promedio de 43 sobre 100, donde Venezuela es el país con mayor Índice de Percepción de Corrupción en América y el Caribe.
Venezuela tiene una calificación de 16/100 y ocupa el quinto lugar de los países con mayor índice de corrupción en la evaluación mundial del año culminante, seguido de Nicaragua que se sitúa en el puesto 152 de la lista oficial.
A diferencia de estos, Uruguay que se encuentra en el puesto 23 y Chile en el 26 son percibidos como los países latinoamericanos menos corruptos.
Estados Unidos, está en el mismo puesto que Uruguay, aunque en comparación con el ranking del año anterior, cae dos puntos, obteniendo una calificación de 69.
Sistema de evaluación
El análisis de percepción que realizó TI, se establece bajo los parámetros de la política, acceso a la información pública, el dinero y su manejo, y los hechos de corrupción en cada uno de los países.
La medición basada en una escala de 0 a 100 puntos, donde cero es el peor desempeño en los esfuerzos de los países en la lucha contra la corrupción, mientras que el cien es la calificación de las acciones más eficientes que han tomado los países.
Más de dos tercios de los países obtienen puntuaciones menores a 50, con una puntuación media de solo 43. En comparación con el año 2012, sólo 22 países mejoraron significativamente su puntuación, ente ellos Estonia, Grecia y Guyana. Del total de países, 22 empeoraron significativamente en este mismo periodo, entre ellos Australia, Canadá y Nicaragua.
La Organización No Gubernamental (ONG) cuenta para ello con la ayuda de otras doce organizaciones internacionales. Realizan encuestas a expertos y empresarios sobre la corrupción en sus respectivos países. Por eso Transparencia lo llama Índice de Percepción de la Corrupción.
Recomendaciones
La organización mundial Transparencia Internacional recomienda que para poner fin a la corrupción y restablecer la confianza en la política de éstos países, es imperativo prevenir las oportunidades de corrupción política y fomentar la integridad de los sistemas políticos:
Gestionar conflictos de interés* Los gobiernos deberían reducir el riesgo de una influencia indebida en la formulación de políticas al reforzar los controles sobre los intereses financieros y de otro tipo de los funcionarios gubernamentales.
Control de financiamiento político* Para evitar el exceso de dinero e influencia en la política, los gobiernos deben mejorar y hacer cumplir adecuadamente las regulaciones de financiamiento de campañas.* Los partidos políticos deberían divulgar sus fuentes de ingresos, activos y préstamos.* Los gobiernos deberían habilitar a las agencias de supervisión con mandatos más fuertes y recursos apropiados.
Fortalecer la integridad electoral* Los gobiernos deben garantizar que las elecciones sean libres y justas.* Prevenir y sancionar la compra de votos y las campañas de desinformación son esenciales para restablecer la confianza en el gobierno y garantizar que los ciudadanos puedan usar su voto para castigar a los políticos corruptos.
Regular actividades de lobby* Los gobiernos deberían promover el acceso abierto y significativo a la toma de decisiones y consultar a una gama más amplia de grupos, más allá de cabilderos con recursos suficientes y algunos intereses privados.* Las actividades de lobby deben ser públicas y de fácil acceso.
Tratamiento preferencial* Los gobiernos deben crear mecanismos para garantizar que la prestación de servicios y la asignación de recursos públicos no estén impulsadas por conexiones personales o estén sesgadas hacia grupos de intereses especiales a expensas del bien público general.
Empoderar a los ciudadanos* Los gobiernos deberían proteger las libertades civiles y los derechos políticos, incluida la libertad de expresión, expresión y asociación.* Los gobiernos deben involucrar a la sociedad civil y proteger a los ciudadanos, activistas, denunciantes y periodistas en el monitoreo y la exposición de la corrupción.
Reforzar cheques y saldos* Los gobiernos deben promover la separación de poderes, fortalecer la independencia judicial y preservar los controles y equilibrios.