De octubre 2003 a octubre 2019

Dante N. Pino Archondo 

Cayetano Llobet en uno de sus últimos análisis, refiriéndose a Evo Morales dijo que estaría en el poder tanto como duraría el gas que lo encumbró. Y tuvo razón, casi como siempre. Pero las causas de su tremenda caída y huida posterior, estuvieron centradas en la constante y sistemática violación de las leyes atentando contra los valores democráticos. El tema económico no fue el centro del rechazo social, aunque sus efectos comenzaban a limitar el derroche al que se acostumbró durante 14 años. El gas, sin embargo, fue el recurso que a Evo Morales le permitió justificar la violencia desatada en octubre de 2003. El proyecto del presidente Sánchez de Lozada para buscar mercados que potenciaran a Bolivia como proveedor de gas, fue usado por la conspiración para atraer las movilizaciones en contra de una supuesta venta de gas a Chile, se lo trató de vende patria, y con esa consigna se desató la violencia buscando sembrar de muertos y heridos en la región del Altiplano, donde la dirigencia sindical es mayormente proclive a usar de sus bases como carne de cañón.

El año 2013 Evo Morales en su condición de presidente ordenó presentar una demanda contra la república de Chile para obligarla a negociar una salida soberana al océano Pacífico. El 1 de octubre de 2018 el tribunal de la CIJ en La Haya, falló en contra de Bolivia y determinó taxativamente que Chile no tiene obligación de negociar este asunto con Bolivia. De esta forma el que se opuso a la venta del gas por Chile y le demandó ante tribunal internacional por el enclaustramiento boliviano, se quedó sin gas y sin mar, ocasionando un gravísimo daño al derecho boliviano para recuperar su cualidad marítima.



El año 2003 la violencia desatada desde el 15 de septiembre hasta el 14 de octubre con uso de armas de fuego contra el Ejército y la Policía, planificando y ejecutando emboscadas en Warisata, bloqueando la carretera troncal que une las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, sin permitir el tránsito de alimentos y medicinas, usando dinamita para destruir las carreteras, generar miedo y crear el caos social, atacando la planta de gasificación de Senkata con dinamita, incendiando fábricas en la ciudad de El Alto, destruyendo propiedad privada en esa ciudad, tuvo como resultado final muertos y heridos los cuales fueron usados por Felipe Quispe como trofeos de guerra exponiendo los cuerpos en las calles. Todo esto terminó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien en su carta enviada al Congreso de la República advirtió sobre el ataque a la democracia, sus instituciones, a los derechos humanos por grupos corporativos sindicales que iban a generar desunión entre la sociedad.

El año 2019 Evo Morales, desconociendo el referéndum del 21 de febrero de 2016 que le negó la repostulación a una nueva candidatura, forzando fallos infames del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Electoral Plurinacional, se habilitó para terciar en las elecciones convocadas para el mes de octubre 2019. Lo hizo como corolario de una sucesión de hechos de violencia que tuvo muertos en Sucre por la defensa de la Constitución, en Cochabamba planificando la quema de la Gobernación y provocando muertos, en Pando ejecutando un enfrentamiento previamente pensado por el gobierno para tomar preso a su Gobernador, en Santa Cruz usando a Eduardo Rozsas como pivote para complicar a la dirigencia cruceña y acusarla de separatismo ajusticiando a  Rozsas y dos de sus socios de aventura Martin M Dwyer irlandés y Arpád Magyarosi húngaro, en el Hotel Las Américas, golpeando e hiriendo a campesinos que se oponían a una carretera que cruza el TIPNIS, golpeando a discapacitados que le pedían un bono, enfrentando a indígenas con mestizos, corrompiendo a dirigentes sindicales, Alto Mando de las Fuerzas Armadas y Policía, expandiendo la coca por todo el territorio nacional. Todo esto en nombre de un proceso de cambio que solo sirvió a sus propósitos de afianzar la producción de la hoja de coca y facilitar la labor del narcotráfico usando el territorio nacional.

Como el año 2003 el gobierno tuvo que mandar a las Fuerzas Armadas a resguardar el orden que había rebasado a la Policía, mediante una carta escrita del mismo presidente de la república y evitar un daño de dimensiones gigantes a la Planta de Senkata, así tuvo que hacer el gobierno de la señora Jeanine Añez el año 2019 emitiendo un decreto supremo liberando de juicios a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de esta tarea urgente y necesaria. Como el año 2003 se incendiaron viviendas y fábricas y se bloquearon caminos y destrozaron puentes, el año 2019 se repitieron estos hechos, que al final contabilizan muertos, que no son resultado del uso legal de la fuerza ejercida por un gobierno que trata de proteger el bien privado y la vida de sus habitantes, sino el resultado de la provocación activista de delincuentes que se escudan como dirigentes políticos y sindicales.

Y sin embargo a los directos responsables de la violencia desatada se les otorgó amnistía por el gobierno del señor Carlos Diego de Mesa Guisbert, en un acto vergonzoso que le muestra como un  hombre sin principios ni valores democráticos, que dio un paso al costado porque dijo que no quería ser responsable de los muertos, pero al mismo tiempo protegía a los verdaderos asesinos. Su ambición era ser presidente al costo que fuera.

El tiempo le ha dado la razón al presidente Sánchez de Lozada. Aunque sus antiguos amigos ahora le renieguen, aunque sus militantes que le coreaban en las calles ahora se escondan o renieguen como lo hizo Pedro con su Maestro. Evo Morales ha sido el látigo infame que usó la democracia para destrozar Bolivia. Ahora que la democracia lucha por recuperar el espacio y tiempo en que estuvo prisionera de bandidos, se puede comprender mejor lo que pasó en octubre de 2003 y entonces es tiempo de reparar la injusticia, de recuperar el relato de la verdad y de entender que los valores y principios democráticos no deben ser rematados como mercancía barata.