El director del CEJIS, Miguel Vargas, informó que este “paquete de normas que las organizaciones buscan abrogar es contrario a lo establecido por la Constitución Política del Estado».
Caravana de hombres y mujeres que marchó por la Chiquitanía en septiembre y octubre. Foto: Archivo
La Paz 27 de febrero (ANF).- Fueron más de cuatro millones de hectáreas devastadas en la Chiquitania a causa de los incendios que iniciaron el pasado agosto y diferentes sectores se pronunciaron responsabilizando a determinadas normas que promueven las quemas en las regiones del oriente. Para evitar que esto se repita, pueblos indígenas y organizaciones ciudadanas de La Paz y Santa Cruz presentarán este jueves un proyecto para la abrogación de esas normas cuestionadas y denominadas “incendiarias”.
Se trata de dos documentos elaborados en consenso por las representaciones de diferentes sectores, expertos, líderes indígenas y académicos para una ley, y otro para un decreto supremo con el fin de abrogar las normas que causaron los incendios en la Chiquitanía en la pasada gestión. Se entregarán a las 15.00 a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Miguel Vargas, informó que este “paquete de normas que las organizaciones buscan abrogar es contrario a lo establecido por la Constitución Política del Estado en relación al derecho que tiene toda la ciudadanía a vivir en un medio ambiente sano, así como a los territorios y derechos de las naciones y pueblos indígenas que fueron altamente impactados luego de la aplicación de las más de seis normas aprobadas por el gobierno nacional”.
Tras los incendios con pérdidas irreparables en este bosque seco de la Chiquitanía, se llevaron adelante entre octubre y noviembre cabildos ciudadanos en diferentes regiones, previos a la renuncia de Evo Morales, donde se puso en la mesa de debate la anulación de estas normas, que entre otros aspectos avalan el chaqueo y las quemas “controladas” en las regiones de Beni y Santa Cruz.
Según datos reportados por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN),entre agosto y la segunda semana de septiembre, 4.1 millones de hectáreas de la superficie nacional fueron afectadas por los incendios, de las cuales 1.4 corresponden a áreas de bosques; asimismo, alrededor de 3 millones (74,5%) corresponden a Santa Cruz, y 879.441 hectáreas a Beni; mientras que 27 territorios indígenas entre Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona fueron afectados, según información del CEJIS, el Centro de Planificación Territorial Autonómica y Oré.
“Ambas propuestas de norma son el resultado de un amplio debate y trabajo conjunto entre las organizaciones de los pueblos indígenas de la Chiquitanía que fueron afectados de manera directa con los incendios el 2019, y decidieron solicitar la abrogación de las leyes y el decreto supremo que permitieron la ampliación de las áreas de cultivo y la frontera agrícola, afectando a los bosques donde precisamente habitan”, informó Leonardo Tamburini miembro del Colectivo Árbol de Santa Cruz.
En esa línea se pide la abrogación, por ejemplo, de las siguientes normas: Ley 741 de autorización de desmontes, DS 3973 que autoriza quemas y desmontes controlados en Santa Cruz y Beni y la Ley 1171 de manejo y uso de fuego para la actividad productiva.
Los incendios en la Chiquitanía movilizaron a sectores nacionales e internacionales, siendo que en los siguientes días una comisión de cuatro miembros del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza llegará al país para llevar adelante una evaluación sobre el “ecocidio” en esa región y establecer recomendaciones para que los incendios no se repitan y generen más daños irreversibles en el ecosistema.
El análisis de este suceso y los pasos a seguir para evitar que se generen nuevos incendios se da en diferentes escenarios, uno de ellos se registrará hoy desde las 18.00 en el Paraninfo de la UMSA , donde los mismos dirigente chiquitanos darán a conocer lo sucedido y sus planteamientos, al igual que el contenido de estos dos proyectos de ley y decreto supremo.
Fuente: https://www.noticiasfides.com