Una abogada advierte que quienes interfieren en la atención médica a afectados cometen un delito que tiene cárcel. Un psicólogo llama a ponerse en el lugar de los enfermos y pensar que "podemos ser los siguientes". Las autoridades anuncian una campaña.
Fuente: paginasiete.bo
Ivone Juárez, Mayra Peñaloza / La Paz
El miércoles 11 de marzo, el ministro de Salud, Anibal Cruz, confirmó que a Bolivia había llegado el coronavirus: dos mujeres eran las primeras portadoras (pacientes cero). Llegaron de Europa, una a Santa Cruz y otra a Oruro. Ninguna sabía que portaba el mal, no reportaron su llegada reciente a Bolivia y no guardaron cuarentena. ¿Merecían un castigo? Algunos ciudadanos y algunos trabajadores en salud decidieron que sí y lo primero que hicieron fue negarles su derecho salud, delito penado con 10 años de cárcel, como lo confirmó ayer la Presidenta Jeanine Añez.
En la localidad de San Carlo de Santa Cruz, donde nació la mujer diagnostica con el virus, sus vecinos, tal vez algunos con los que creció, obligaron a las autoridades de salud de la región a sacarla del hospital donde había sido internada. Argumentaron miedo al contagio. A bordo de una ambulancia, la paciente llegó hasta la ciudad de Santa Cruz, donde, prácticamente durante todo el día, deambuló por la urbe porque esta vez no sólo fueron ciudadanos lo que se negaron a que fuera internada en un centro de salud, sino también algunos trabajadores de salud.
La Gobernación del departamento tuvo que habilitar un espacio en sus oficinas para acoger a la paciente.
En La Paz sucedió algo parecido. Algunos vecinos que viven alrededor del Hospital Municipal de La Portada rechazaron la internación de una paciente Covid 19.
Está cerca de un colegio; el hospital es para la zona; ¡por qué vienen a contagiar!; ¡Presidenta, usted los ha recibido (a los enfermos), lléveselos, viva con ellos!, gritaban.
La afecta (paciente cero en La Paz) había llegado de un viaje de Europa.
Y en estos días se han vuelto a suscitar esas muestras de intolerancia y discriminación, pero ya no sólo contra las personas diagnosticadas con el Covid 19, sino contra las que son sospechosas de portar el virus y los bolivianos que están regresando al país después de que países vecinos, como Perú, Chile, Argentina y Brasil, cerraran sus fronteras para protegerse de la pandemia.
De acuerdo a los protocolos internacionales, estas personas deben ser puestas en cuarentena y las autoridades bolivianas en su afán de cumplir con esta medida de bioseguridad decidieron habilitar algunos espacios, como en la ex Villa Sudamericana, ubicada en La Tamborada, Cochabamba, pero donde algunos pobladores rechazaron la determinación argumentando que el lugar no cuenta con los servicios básicos suficientes. Estas personas incluso protagonizaron bloqueos, incumpliendo la máxima recomendación contra el coronavirus: evitar las concentraciones.
En este contexto y ante el crecimiento de casos de la enfermedad, las autoridades bolivianas expresaron su preocupación por estas expresiones de intolerancia, discriminación y falta de solidaridad con las personas afectadas.
Derecho a la salud
Desde el Ministerio de Salud se recuerda que en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) toda la población boliviana tiene derecho a acciones de salud y mucho más en este momento de crisis de salubridad.
El artículo 18 de la CPE indica: Todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.
La población no puede actuar de una manera insensible, inhumana e irresponsable contra los enfermos con este virus y sospechosos. Se trata a una violación a su derecho a la salud, dieron autoridades en salud a Página Siete.
En ese contexto remarcan que los últimos decretos emitidos para proteger a la población boliviana de la expansión de la pandemia establecen sanciones civiles y penales contra las personas que incurran en estos actos, que se constituyen delitos civiles y penales.
Anunciaron la pronta difusión de una campaña de comunicación para sensibilizar a la población en este aspecto y recordarle que comete un delito.
Delito sin atenuante
La abogada Teresa Montaño, especializada en negligencia médica, remarca que impedir la atención en la salud a una persona es un delito civil y penal penado con hasta siete años de cárcel. La resistencia a prestar ayuda a personas enfermas es inaceptable; todas las constituciones del mundo señalan que todos los seres humanos tenemos derecho a la vida salud y seguridad. No sólo parte de la población, sino médicos y enfermeras están atentando contra los principios constitucionales más altos, advierte.
La jurista añade que no existe atenuante o justificativo legal ante este delito, ni siquiera el de la falta de información o el miedo.
Sería una atenuante el miedo, pero ante toda la información que se tiene sobre la enfermedad no existe atenuante. La conducta de estos sectores sólo se constituye en agravante y en nuestro país se ve una actitud reiterada contra los enfermos, lo que representa un incremento en las penas, sostiene.
Al referirse al personal en salud que negó el ingreso de personas afectadas por el Covid 19 a centros médicos, asegura que el argumento de no contar con medidas de bioseguridad y equipos adecuados tampoco es una atenuante.
Nadie, ni siquiera un indio selvático puede apelar desconocimiento de la ley. El negar la atención a alguien no es sólo omisión de socorro, sino un atentado contra la salud pública porque ponen en riesgo la vida de los confirmados y de los posibles contagiados, afirma.
Considera que el Fiscal General del Estado debe tomar acciones y evaluar las sanciones que se debe emitir contra las personas que están atentando contra el derecho a la salud de los pacientes con Covid 19 y los sospechosos de portarlo.
Tenemos que detener esta situación, no sólo jurídicamente y conscientizándonos, sino apelando a medidas duras. Si pensamos fríamente, todas esas personas deberían ir a la cárcel, asegura.
Tristeza y desesperación
La abogada Teresa Montaño considera que ninguno de los enfermos con Covid 19 que fueron y son blanco de discriminación se animará a iniciar un proceso contra sus agresores porque en su experiencia como especialista en negligencia médica nadie quiere revivir el sufrimientos y el terror de ser rechazado por una enfermedad, ser asediado e insultado.
No creo que quisieran revictimizarse y revivir ese rechazo injusto y colectivo. No sólo quedarán con el trauma de haber sobrevivido a esta enfermedad llena de estigma, sino a la experiencia de haber sido casi linchado, añade.
El psicólogo Rodrigo Ayo señala que las personas que han sido afectadas por la enfermedad tienden a enfrentar un cuatro de miedo, tristeza y desesperación porque ven su vida en peligro. La preocupación de adónde dirigirse, dónde recibir atención médica llena de miedo, tristeza, desesperación y depresión ante un evento que se prolonga en el tiempo y pone en riesgo la vida, dice.
Añade que antes de asumir un acción de discriminación contra las personas que hoy presentan los síntomas del virus y las que han sido diagnosticas se asuma que podemos estar en esa situación. Nosotros podemos ser la siguiente víctima, eso es importante pensar, sostiene.
Pero Bolivia no es el único país donde las personas afectadas con el virus están siendo estigmatizadas y discriminadas, por eso en algunas naciones se debate incluso el derecho a la reserva de la identidad de los pacientes para prevenir el estigma y la discriminación social en contra de ellas.
La OMS advirtió que el estigma puede hacer que las personas oculten la enfermedad para evitar la discriminación, que no consulten a un médico inmediatamente y que no practiquen las medidas de prevención para evitar la propagación de la pandemia.
Es tiempo para la solidaridad y no para el estigma
El coronavirus llegó a Bolivia y la respuesta de algunos ciudadanos ha sido el estigma y la discriminación contra las personas afectadas con la enfermedad o las que son simplemente sospechosas de portarla, negándoles incluso su derecho a la salud.
1. Derecho: El artículo 18 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho que todos los bolivianos tenemos a la salud. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna, dice la ley de leyes.
2. No discrimine: Tenga cuidado con las conductas de rechazo, estigma o discriminación hacia las personas que fueron diagnosticadas con el coronavirus o que presenten los síntomas. El miedo puede llevarnos a cometer excesos.
3. Empatía: La enfermedad no discrimina y el coronavirus no es la excepción. Póngase en el lugar de los afectados y no olvide, todos podemos contraer la pandemia en cualquier momento.
4. Palabras: Cuide los términos que usa cuando se refiere a una persona afectada por el coronavirus. Evite decir que está infectada o es portadora. Diga que fue diagnosticada o dio positivo a la prueba.
5. Efecto: El estigma que crece contra las personas afectadas por el virus puede llevar a que muchas oculten que la padecen y así propagar más la enfermedad.
6. Recuerde: Todos podemos contraer la enfermedad, sea solidario y póngase en el lugar del otro. Es tiempo para la solidaridad y no para el estigma.
Fuente: paginasiete.bo