El juez separó al Ministerio Público del proceso porque el fiscal no presentó a tiempo una resolución de acusación contra el acusado.
Fuente: paginasiete.bo
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Marcelo Blanco / La Paz
El juicio por la violación de una adolescente de 15 años avanza sin la participación ni apoyo del Ministerio Público. El último fiscal asignado al caso, Samuel Lima, fue apartado del proceso hace tres años por decisión judicial, debido a que no presentó una resolución de acusación o sobreseimiento a tiempo.
Actualmente, sólo la parte denunciante, el padre de la víctima, impulsa el proceso para llegar a una sentencia.
La omisión o retardación no fue responsabilidad de la Fiscalía, sino deviene de un estudio pericial que no arrojó a tiempo el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). El estudio del ADN no se remitió a tiempo a la Fiscalía. Lo que hice es solicitar la ampliación del plazo para que el IDIF lo remita y recién dar la acusación, explicó el exfiscal Lima al ser consultado por qué no emitió la acusación a tiempo.
En septiembre de 2015, Willy Díaz, padre de la víctima, denunció que su hija fue vejada a por Mario L., quien es familiar de la madre. Días después aprehendieron al acusado y lo enviaron de forma preventiva a San Pedro.
El exfiscal Lima resaltó que pidió al juez Ricardo Pinto una ampliación de 60 días para tener la prueba del ADN que involucre al imputado, pero el pedido no fue aceptado. El juez no ha previsto que en materia de violaciones y en tema de menor de edad se aplica la informalidad, se olvido eso. Lima sostuvo que, de acuerdo a la Ley 348, no se exigen formalismos.
Después de que el fiscal se quedara al margen del proceso en 2017, el padre de la víctima presentó una denuncia contra Lima por incumplimiento de deberes en 2018. En enero de este año, la Sala Penal Segunda falló a favor del exfiscal. Según el fallo, no existió dolo en su accionar en el caso.
Paralelamente, luego de que la denuncia por parte del Ministerio Público contra el presunto violador quedara extinguida, Díaz siguió con su denuncia particular. Sin embargo, pese a tener varias pruebas, como el certificado médico forense, prueba psicológica, incluso el estudio de ADN del IDIF donde arrojó que Mario L. tiene un 99,9% de probabilidad de ser el responsable de la vejación, aún no existe una sentencia condenatoria.
El caso se dilata mucho, se suspende por diferentes razones, por ejemplo, que el acusado no asista a las audiencias con su abogado, que no se notifique a las partes involucradas, que no se emita la orden de conducción para que se saque al acusado del penal de San Pedro rumbo a los tribunales. Existe una serie de dilaciones, ya van como 15 veces que la audiencia se suspende, afirmó el abogado de la víctima, Benedicto Tancara.
El próximo lunes, en el Juzgado Primero Anticorrupción de El Alto se reinstalará el juicio oral contra Mario L. por el delito de violación.
Fuente: paginasiete.bo