El presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (CADECOCRUZ) habló con Eju.tv sobre las precauciones de su sector en materia de bioseguridad para la fase de reactivación. Aldo Sülzer Limpias también comentó la situación general de la construcción, su aporte en la generación de empleo y las propuestas para otorgarle liquidez a las empresas.
Eju- ¿Cómo se están coordinando las medidas para un retorno seguro al trabajo?
Aldo Sülzer Limpias- Después de dos meses sin trabajar, los constructores estamos reiniciando actividades de manera progresiva. Mediante el consenso y el diálogo permanente con las autoridades nacionales, departamentales y municipales, hemos ido afinando los procedimientos por aplicar, para precautelar la salud y la vida de los trabajadores del sector constructor y de la población en su conjunto.
Este trabajo de coordinación ha abarcado permisos de circulación, horarios de trabajo y estrictos Protocolos de Bioseguridad, asegurando la logística para facilitar el proceso de reactivación de la construcción.
Sin embargo, nos sorprendió la determinación de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), de instruir a las cajas de salud que emitan un certificado de incapacidad temporal por accidente de trabajo a toda persona infectada de coronavirus por consecuencia de su labor diaria.
Los constructores rechazamos la disposición, considerando que es muy difícil determinar con certeza el origen del contagio del Covid-19, incluso porque muchos enfermos son asintomáticos. Por eso planteamos a la ASUSS que nos convoque a la brevedad posible, para analizar en profundidad esta problemática y considerar otras medidas alternativas, considerando que el riesgo está en todos los lugares donde las personas interactúan.
¿Cuál es la situación actual del sector y qué proyección se hace para el resto del 2020?
Somos un sector grande, dinamizamos otros 17 sectores de la economía. Actualmente, el 9% de la población ocupada del país se dedica a la construcción, es decir, más de 460.000 trabajadores.
Según el Centro de Estudios Económicos y Desarrollo (CEED) de CADECOCRUZ, nuestro sector ya venía siendo golpeado por el proceso de desaceleración iniciado en 2016, y que en la anterior gestión llegó a su punto más álgido pues el crecimiento de la actividad constructiva fue de sólo 1,91%, indicador más bajo que el del PIB de Bolivia, situación que no se daba desde el 2004. Para este año se prevé un crecimiento negativo y un despegue muy lento.
Este es un momento muy difícil para las empresas constructoras, especialmente para aquellas que trabajan para el sector público, que ascienden al 73%. Durante la cuarentena sanitaria se paralizaron proyectos de inversión pública que alcanzan los 7.000 millones de bolivianos. Muchas de estas empresas enfrentan deudas impagas de parte del Estado, que no vienen solo de este gobierno sino del anterior, son deudas agregadas.
Para otorgar liquidez, CADECOCRUZ ha propuesto al gobierno central la creación de un fideicomiso para el pago de las deudas estatales con las empresas constructoras, incluyendo a las gobernaciones y alcaldías para que puedan concluir sus planes operativos de obras en 2020. Esto, considerando que la caída en los ingresos por impuestos a los hidrocarburos debido al derrumbe del petróleo ha reducido la capacidad de pago de las entidades estatales regionales.
¿Hay expectativas por el Plan Empleo que anunció el gobierno? ¿Qué otras medidas propone CADECOCRUZ?
El gobierno anunció que realizará inversiones importantes en obras a partir de junio, para reactivar la economía y crear más empleo. Estamos a la espera de que se concreten estos anuncios y se lancen las convocatorias. La inversión en construcción e infraestructura en el país haría que el dinero llegue a más de un millón y medio de personas.
También es importante replantear la inversión pública de esta gestión, porque el presupuesto 2020 ya no es válido. Se necesita iniciar proyectos a corto plazo, de rápida ejecución y con mucha mano de obra; eso dará estabilidad económica y social a las familias.
Por otra parte, dentro del Plan de Emergencia que propusimos al gobierno está el determinar que por los próximos dos años todas las adquisiciones y contratos de prestación de obras y servicios públicos se suscriban sólo con empresas nacionales.
Igualmente, postergar las presentaciones y el pago de impuestos nacionales, departamentales y municipales hasta el mes de octubre de 2020; y un proyecto de ley para que las empresas privadas y personas particulares puedan regularizar las deudas que tengan con instituciones del Estado, que se encuentren en proceso coactivo fiscal.