La imputación de la Fiscalía tiene elementos que fueron sustraídos de las declaraciones de los acusados. Apuntan al ex ministro Marcelo Navajas y al director de AISEM, Geovanni Pacheco.
Ivan Alejandro Paredes Tamayo
Marcelo Navajas fue a las 12:00, del 8 de mayo, a las oficinas de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) para seguir el proceso de adquisición de 170 respiradores mecánicos.
Ese mismo día, había dado luz verde a la compra mediante una nota al director de AISEM, Geovanni Pacheco. Incluso, horas antes, había tenido un contacto con IME Consulting Global Services SL para asegurar la llegada de los equipos médicos que ahora presentan un sobreprecio.
Esa misma fecha, también se sabía que estos respiradores no eran aptos para terapia intensiva e incluso un funcionario que observó a la intermediaria española fue desvinculado día después de su denuncia.
EL DEBER accedió a la imputación que realizó la Fiscalía contra Fernando Valenzuela Billewicz, quien fue director jurídico del Ministerio de Salud; Geovanni Pacheco Fiorilo, director de AISEM, Ana E.M. y Gabriela P.G., que fueron el nexo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que trabajaban en AISEM, agencia pública que dependía del Ministerio de Salud.
En el documento, se toma las declaraciones de los cuatro ahora aprehendidos y el Ministerio Público justifica sus acusaciones contra los implicados.
«(Se) indica que el ministro de Salud (Marcelo Navajas) había tomado contacto con la empresa IME Consulting Global Services SL para asegurar la compra de los equipos. Cabe destacar que dentro de la declaración Ana E.M. se afirma que el mismo día martes 8 de mayo, a las 12:00 pm, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, se presenta en oficinas de la AISEM a objeto de hacer un seguimiento al proceso de contratación», dice parte de la imputación a la que accedió este medio.
Luego, se menciona que un funcionario de AISEM observó que la empresa española IME Consulting Global Services SL no contaba con los documentos legales para la firma de contrato. El servidor al día siguiente fue desvinculado.
Al respecto, la abogada de Navajas, Rosario Canedo, remarcó que el ministro alejado, solo cumplió con los procedimientos legales. La jurista denunció que Navajas sufre violencia mediática en esta investigación.
«Acá se lo tiene (a Navajas) ejerciendo violencia moral, psicológica, porque está detenido por varias horas y hasta ahora no se le han tomado sus declaraciones a la espera de esa carta, que era el primer procedimiento. Esto no es administración de justicia, esto es vulneración y supresión a derechos y garantías», dijo.
Mientras, el fiscal de distrito de La Paz, Marco Antonio Cossío, adelantó que en este caso se produjo un daño económico al Estado de al menos tres millones de dólares y afirmó que Marcelo Navajas declaró en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en calidad de aprehendido. El ex ministro fue buscado por la Policía en su oficina y por la mañana llegó a las instalaciones policiales.
En el documento de imputación se detalla también que el 8 de mayo, tanto Navajas como Pacheco Fiorilo, conocían de las limitaciones que tenían los 170 respiradores mecánicos y aún así, se decidió proceder con la compra.
El doctor Moisés Callejas, de la AISEM, observó los equipos, pero recibió la siguiente respuesta: «Los equipos ya estaban reservados a la empresa IME Consulting Global Services SL».
Sobre la propuesta de la empresa Cosin, que ofreció los mismos respiradores a costos más bajos, Pacheco Fiorilo dijo, en su declaración, que esta compañía no contaba con la licencia de importación de la marca Respira por parte del fabricante GPA Innova.
Sobre Valenzuela, en la imputación se menciona que solo fue el representante de Navajas en este procedimiento de compra.
El Ministerio de Salud informó, a través de un comunicado, que pagó por cada equipo 27.683 dólares, lo que hace un total de 4.773.600 dólares que fueron cancelados gracias a un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que verificó la adquisición.
El respirador básico -modelo adquirido por Bolivia- tiene el precio de 6.000 euros (6.567 dólares) y los accesorios suman 2.000 euros más. Por lo cual el modelo básico cuesta en total 8.000 euros, equivalentes a 8.756 dólares.
Fuente: El Deber