Un documento al que accedió EL DEBER refleja que el monto que le corresponde al Gobierno departamental es de $us 8 millones, mientras los municipios cruceños han de recibir cerca de $us 20 millones. Aducen que los recursos urgen para atender la emergencia y el tema está en manos de la Asamblea.
La restitución del 12% de recursos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las entidades territoriales autónomas (ETAs) tiene a las autoridades subnacionales en vilo. Ahora es la Gobernación de Santa Cruz la que se suma al pedido de los alcaldes cruceños y reclama $us 8 millones.
Así lo refleja un documento al que accedió EL DEBER con los datos detallados del Ministerio de Hidrocarburos y la normativa vigente y que corresponden a marzo de 2020.
Los alcaldes cruceños mantienen un bloqueo en las vías departamentales, demandando la devolución de recursos (entre otros temas), hablan de $us 20 millones. A lo que se suman $us 3 millones que corresponden a la universidad pública cruceña.
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El documento expone que, al igual que la Gobernación cruceña, el resto de gobiernos departamentales del país también deben recibir $us 8 millones cada uno, con excepción de Tarija que debe recibir unos $us 10 millones de acuerdo a la normativa vigente.
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El secretario de Gobierno, Vladimir Peña, sostuvo que a las gobernaciones, municipios y universidades de Bolivia les corresponde cerca de $us 250 millones, a tiempo de acotar que la ley del IDH ha sido un fracaso porque no hubo exploración y no se invirtieron los recursos confiscados.
Los recursos estaban destinados al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (Fpieeh), del cual no se han expuesto resultados hasta la fecha.
Las autoridades de gobiernos subnacionales apuntan a atender la emergencia con la devolución de estos recursos, la cual está en manos de la Cámara de Diputados.
El proyecto de Ley de Recuperación del 12% del IDH para ETAs y Universidades muestra que el 50% de los recursos devueltos deben ser destinados a actividades de prevención, atención y contención del coronavirus, así como equipamiento de hospitales y compra de pruebas rápidas.
Mientras, el 25% de los recursos deber enfocarse en provisión de alimentos en el marco de los programas de seguridad alimentaria y el restante 25% en el fortalecimiento de la producción local.
No obstante, existen voces como las del diputado Andrés Gallardo, quien sugirió que tales recursos sean administrados por los gobiernos subnacionales y universidades de acuerdo a su autonomía, es decir, que puedan usar el dinero confiscado según las necesidades propias de cada jurisdicción y que la devolución sea definitiva y no así temporal.
Vale recordar que en día pasados, el gobernador cruceño, Rubén Costas, alertó que, para enfrentar la emergencia el departamento, necesita de manera urgente de 180 unidades de terapia intensiva, la masificación de pruebas rápidas y otras medidas a implementarse para frenar la expansión del virus.
En dicha ocasión, la autoridad departamental pidió al Gobierno apoyo con la asignación de recursos necesarios para la compra de 5 millones de barbijos y 250.000 pruebas rápidas, necesarios para mejorar la protección personal y el diagnóstico de casos.
Se conoce que Costas envió una solicitud para que los recursos sean restituidos cuanto antes y que se trate la ley con carácter urgente. El última palabra la tiene la Cámara de Diputados.
Fuente: El Deber