La expresidenta del órgano electoral es una de las principales acusadas en el caso del fraude electoral del año pasado. Están otras dirigentes y funcionarios del anterior Gobierno. Murillo aseguró que defienden a personas que cometieron delitos.
Una “autoconvocatoria” que se difunde por las redes sociales llama a un plantón que se llevará a cabo este miércoles a las 10:00 en la Plaza San Francisco. El objetivo es exigir la “libertad para las presas políticas”, entre las que nombra hay exfuncionarias del Gobierno de Evo Morales y dirigentes afines, incluida la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque.
La expresidenta del Órgano Electoral fue recluida desde noviembre del año pasado en la cárcel paceña de Obrajes por el presunto fraude electoral que se llevó adelante en la elección de octubre de 2019.
Fue aprehendida luego de conocerse, a través de un informe emitido por la Organización de Estados Americanos (OEA), algunas irregularidades encontradas en el proceso que tuvo como ganador al Movimiento al Socialismo, del entonces presidente Evo Morales.
Todos los vocales electorales que condujeron ese proceso electoral están presos, a excepción de Antonio Costas (entonces vicepresidente del TSE) quien fue beneficiado con medidas sustitutivas.
La diputada del MAS y secretaria del comité de DDHH e igualdad de oportunidades, Sonia Brito, aseguró que no sabe cuál es el criterio de las organizadoras, pero «la expresidenta del TSE está encarcelada sin probar si es que realmente hubo fraude electoral. No se identificó su culpabilidad, no hay un debido proceso, se usa políticamente. Ella es una persona mayor, tiene diabetes y a mí me han dicho que está muy abandonada, incluso por la gente del MAS. Es lo que me dijeron algunas organizadoras”, manifestó.
El Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, consideró que los integrantes del MAS y todas las personas que han delinquido, «que han robado, que sacaban dinero que no se sabe de dónde salía, que han hecho fraude electoral o han sido cómplices del terrorismo y la sedición, ahora son víctimas y perseguidos políticos».
Brito confirmó el apoyo de la comisión de DDHH que incluso hizo eco de la movilización y lanzó una convocatoria. Señaló que el plantón fue armado por diferentes organizaciones feministas. “Exigimos el respeto a los DDHH para las detenidas políticas. Esta mañana no nos permitieron como autoridades del Legislativo que ingresemos al penal de Obrajes para ver a las detenidas políticas. Hay que diferenciar las cosas”.
El movimiento que se producirá mañana se desencadenó luego de que este lunes la justicia negó la libertad a Patricia Hermosa, la exjefa de gabinete del expresidente Evo Morales, que está acusada de complicidad de terrorismo y sedición y guarda detención en la cárcel de mujeres de Obrajes, en La Paz.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Julio Huaraya informó que junto a otros legisladores de su partido formalizaron una querella penal contra el Ministro Murillo, y el Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas, por los presuntos delitos de robo agravado y privación de libertad de al exjefa de gabinete.
“Sufrió una detención violando sus derechos fundamentales y le han sustraído documentos originales que pertenecían al señor Evo Morales, es por eso que se está realizando esta denuncia ante el Ministerio Público”, señaló el asambleísta.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas, desmintió cualquier abuso. La exfuncionaria denunció en redes sociales un posible abuso policial durante su reclusión, y que como consecuencia sufrió la interrupción de un embarazo. Rojas aclaró que ella no estaba en estado de gestación. Además, para rebatir una “detención ilegal” presentó la orden de aprehensión y lamentó que algunas autoridades quieran desconocer que se actuó en el marco de la ley.
En la lista también está María Palacio, quien fue detenida el 8 de enero en el aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto porque en su maleta llevaba $su 100.000 con destino a Buenos Aires, Argentina. La mujer declaró el dinero a la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y argumentó que era para pagar funcionarios y empresas de la firma Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) en ese país.
El movimiento también incluye el caso de la presidenta de la Adepcoca (Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas de La Paz) paralela, afín al Movimiento al Socialismo (MAS). Elena Flores, aprehendida en marzo tras ser acusada por la toma y destrucción del centro de salud de la entidad cocalera en 2019.
Otra de las llamadas «presas políticas» es la trabajadora del hogar del exministro Quintana. El 11 de junio, tras gozar de una detención domiciliara, Edith C. A. fue llevada nuevamente a la cárcel de Obrajes de la ciudad de La Paz, procesada por los delitos de encubrimiento y tenencia ilícita de un arma.
Por último, la Fiscalía imputó en febrero a Lorgia Fuentes por legitimación de ganancias ilícitas con afectación al Estado y enriquecimiento ilícito, en relación a presuntos nexos con el exministro de Gobierno, Carlos Romero. Ella está en el mismo centro penitenciario desde entonces.
Fuente: El Deber