Respecto a la aprobación de la ley de elecciones:
En política las decisiones se toman mayormente apoyándose en ciertas bases informacionales, es decir, en aspectos del problema dado al que se decide otorgar más valor. Esto ocurre porque lo moralmente correcto en ciertas circunstancias no es fácilmente distinguible, como es el caso de la aprobación de esta ley.
La Presidente del Estado, antes de su decisión final, se encontraba inmersa en el siguiente dilema: si aprueba la ley, se corre el riesgo de que muchas personas se contagien de coronavirus en el día de la votación, lo que podría causar muchas muertes, dado que se espera el pico de la infección en Bolivia más o menos por la fecha de las elecciones. Si no aprueba la ley, el MAS convulsiona el país, pudiendo generar graves conflictos sociales, así como elevar los contagios por las aglomeraciones en las protestas; ambos escenarios también pudiendo causar un gran número de muertes. Visto de esa forma, se hace muy complicado distinguir la manera de proceder más correcta, pues los riesgos a correr en ambas posibilidades son muy elevados. ¿En base a qué entonces se toma una decisión de esta magnitud?
Aquí es donde aparece el valor personal que el político agrega a una de las opciones con la finalidad de arribar a una decisión. Puesto que la moralidad es indistinguible, las preferencias personales, las conveniencias políticas y otros diversos factores externos pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro. En este caso, si la Presidente no aprueba la ley de elecciones, la responsabilidad del desenlace de la convulsión social que esta acción genere recaería directamente sobre ella. Sin embargo, si ella aprueba la ley mostrando falta de voluntad, las consecuencias de unas elecciones durante la pandemia serían fácilmente reprochables a aquellos que presionaron para que se realicen.
De esta manera, la candidata busca reducir el daño político que esta circunstancia pueda causarle. ¿Por qué digo la candidata y ya no presidente? Porque si no existieran cálculos políticos de ningunos de los contendientes en las elecciones, el país probablemente no pasaría por estas circunstancias. Si la Sra. Jeanine Añez no fuera candidata, por un lado, los demás candidatos no tendrían motivo político para apurar las elecciones. Es más, a pesar de que el próximo presidente tendrá una presión gigante por paliar la crisis económica poscovid, la peor parte se la lleva quien gobierna durante la crisis sanitaria y el parón total de actividades. Así los candidatos podrían estar, quizá no tranquilos, pero sí menos presionados. Por otro lado, la Presidente probablemente podría gozar de apoyo parlamentario pleno para combatir esta crisis y no se vería inmersa en esta clase de dilemas, pues el MAS -con su mayoría parlamentaria- no tendría motivos políticos para bloquear las decisiones acertadas que ella haya querido tomar.
Esto pone en evidencia lo perjudicial que es para el Estado boliviano tener a una Presidente candidata, incluso cuando tiene el absoluto derecho de serlo. Además, aunque ella pretenda deslindarse de su responsabilidad ante las posibles consecuencias de unas elecciones precipitadas, los efectos de su candidatura materializan su co-responsabilidad. Digo co-responsabilidad porque no debemos olvidar a los políticos oportunistas que presionan por elecciones sin considerar las vidas en juego. Mucho menos debemos olvidar a aquellos que mandan a su gente a protestar, poniendo en peligro la vida de sus mismos electores.
En este momento sólo puedo expresar mi inmenso repudio por la deleznable clase política que nos gobierna y que nos pretende gobernar.
