Los negocios y empresas al verse obligados de acatar el cierre temporal de su emprendimiento, han buscado la forma de cómo poder paliar la falta de ingresos (diarios) habituales. Esto ha provocado que muchos (pequeños, medianos y grandes) empresarios tomen ciertas medidas laborales (con su personal) para sobrellevar el momento y evitar, en lo posible, el cierre de su negocio.
Algunos empleadores, inicialmente optaron por el camino de obligar a sus empleados tomar vacaciones. Esto con la finalidad de que el personal en general y sobre todo, aquellos trabajadores con vacaciones acumuladas, puedan hacer uso de ese descanso y a la vez, su ausencia no se sienta en la empresa. Una medida quizás cuestionable (dada la actual coyuntura), sin embargo, desde el punto de vista legal, es correcto que el empleador marque el calendario de vacaciones. Algunos trabajadores consideraron que era un abuso obligar a salir de vacaciones (dado el encierro en casa), a pesar de que a fin de mes les llegaba su sueldo y su estabilidad laboral estaba garantizada.
Posteriormente, al extenderse la cuarentena, surgieron nuevas normativas que permitían excepciones para que determinados rubros laborales puedan volver a trabajar, siempre y cuando cumplieran con las obligaciones emergentes. Junto con estas excepciones, llegarían las obligaciones de dotación de insumos de bioseguridad para el personal y de la misma forma, el empleador tendría que otorgar el transporte para sus empleados (desde el domicilio hasta la fuente laboral).
La situación económica ya era dramática para muchas empresas, y a ello se les sumaron estas nuevas obligaciones laborales, por lo cual comenzó a verse en muchos rubros la figura de los Convenios Laborales de Rebajas Salariales. Esta figura (legalmente establecida y vigente a la fecha) es una forma de consensuar entre las partes de la relación laboral, un sacrificio económico por la subsistencia de la empresa, pues de lo contrario, se corre el riesgo mayor del cierre de la misma y la afectación de todos.
Lastimosamente, muchas empresas se han visto obligadas a tomar la drástica decisión de desvinculación de personal. En algunos casos lo hicieron de forma sorpresiva, comunicando directamente al trabajador la dificultad de la empresa y ofreciéndole de forma inmediata el pago de sus beneficios sociales a cambio de su renuncia, bajo promesa de volver ser contratado tan pronto se estabilice la situación. En otros casos, han recurrido directamente a despedir de forma justificada, quedando pendiente la reacción legal del trabajador frente a los estrados judiciales, los cuales (pasada la Cuarentena) sin duda alguna estarán por demás de colapsados.
Si bien, el Estado junto con otras instituciones promovieron la modalidad del Teletrabajo para intentar paliar la actual situación laboral, lastimosamente no ha sido suficiente. No todos los rubros pueden aplicar dicha modalidad laboral y para aquellos que sí podrían, la actual coyuntura impide que el empleador logre dotar el equipamiento respectivo, así como también es imposible obligar a un trabajador destinar parte de su economía, para mejorar sus servicios de internet o para comprar equipos informáticos idóneos para su actividad.
Las medidas emitidas por el Estado, no han sido suficientes. Es ilógico pensar que las empresas saldrán adelante sin alivianarles las obligaciones (cargas sociales, laborales, tributarias, burocráticas, etc.) que desde mucho antes de la pandemia ya eran cuestionadas.
Estamos en una crisis laboral donde los salarios y estabilidad laboral están riesgo, por más que se promulguen infinidad de disposiciones jurídicas para prohibir despidos o rebajas salariales, nada podrá impedir que una empresa cierre debido a la actual crisis económica, salvo que el Estado recapacite y de una vez por todas, aliviane la cuestionada carga de las obligaciones empresariales.
Abogado- MSc. Derecho Laboral y Seguridad Social.