Fraude sistémico y adulteración electoral

Un sistema electoral sano y que refleje la realidad de los votos emitidos durante una elección, debe tener como condición indispensable una correlación, casi exacta, entre la población representada con la cantidad de escaños asignados.

Bolivia tiene un sistema electoral con tres categorías de circunscripciones. Una nacional que elige i) Presidente y vicepresidente. Existe luego ii) la elección departamental que designa 4 senadores por departamento y diputados plurinominales. Finalmente, iii) 70 circunscripciones uninominales, que eligen, precisamente, los diputados uninominales. De estos, el 10% corresponden a diputados de circunscripciones especiales-indígenas en 7 de los 9 departamentos. Se exceptúan los departamentos de Potosí y Chuquisaca La primera distorsión se da en la circunscripción departamental.

Todo sistema electoral bicameral busca un equilibrio entre la igualdad territorial y la disparidad poblacional. De ahí que se define a la Cámara de Senadores como la que pone a todas las regiones en igualdad de condiciones,  tanto en la forma de elección, en sus atribuciones específicas, como en su forma de elección.



Es una distorsión elegir senadores por porcentaje, ya que la elección debe ser por mayorías y minorías, a modo de garantizar la presencia de la totalidad de la población de un departamento en la Asamblea Legislativa.

La segunda distorsión se da en la Cámara de Diputados en la elección de representantes uninominales, con los asignados 70 escaños.  De estos escaños, 7 corresponden a circunscripciones especiales, lo que equivale al 10% de los diputados uninominales y al 5% del total de los representantes nacionales, sin tomar en cuenta que los 41 pueblos indígenas de los 7 departamentos, solo representan el 1.9% de la población boliviana.

Las 9 capitales departamentales del país suman 4.627.875 inscritos en el padrón electoral del 2019, lo que hace un 67% de los electores y solo tienen 27 circunscripciones en las 9 capitales.

Los inscritos rurales, esto incluye ciudades intermedias y capitales de provincias, suman 2.303.951 en el padrón 2019, lo que equivales a un 33% de los electores.

Este sistema implementado en los 14 años de dictadura cocalera, empezó con el cambio forzado e ilegal de la Constitución, continuó con la toma de los tres poderes del Estado, siguió con la toma del Poder electoral, y la sanción de la Ley 421 de 7 de octubre del 2013.

Si queremos que la democracia vuelva plenamente a nuestro país, necesitamos reformar totalmente el sistema electoral, sanear el padrón electoral, dictar leyes que garanticen el principio de un ciudadano un voto, hacer que los Departamentos estén en igualdad de condiciones representados en la cámara de senadores y que los Diputados sean elegidos en igualdad de condiciones.  Lo contrario significa continuar sometidos a reglas de la dictadura cocalera que no acaba de irse,  ni deja de manejar las estructuras del Estado.

Negar el fraude sistémico y la disparidad de la representación urbano/rural, es no darnos cuenta de que nos llevan a legitimar la dictadura. Y eso sin adicionar la inmadurez de nuestros líderes políticos, quienes siguen disputándose quien pierde con menos frente al candidato del cocalero.