La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de estados de excepción. En el Gobierno aseguran que se busca «proteger» a los sectores afines al MAS
Miguel Angel Melendres Galvis
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, manifestó este domingo que el proyecto de ley de estados de excepción propiciada por el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene objetivos y contenidos políticos para “blindar” a su propia militancia que incurre en sedición contra el Gobierno.
“Vamos a acudir al Tribunal Constitucional para demandar la inconstitucionalidad de esta ley. No tiene ni pies ni cabeza y la Constitución es clara en su concepción respecto al tiempo de duración de los estados de excepción. Por lo tanto, es una ley estéril que tiene objetivos y contenidos políticos para proteger a su propia militancia”, dijo la autoridad.
El 11 de junio, la Cámara de Senadores, de mayoría masista, aprobó el proyecto de ley de estados de excepción. Entre otros puntos especifica que los servidores públicos, civiles, militares y policiales serán responsables de los actos que emitan, las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción.
Además, será procesado y sancionado administrativa, civil y penalmente cualquier servidor público por los actos que pueda cometer en el ejercicio de sus funciones.
“Desde el inicio, cuando nos hicimos cargo del Gobierno, hubo una intención de blindar a un sector del país, a la dirigencia vinculada al MAS, a la gente que hace sedición, que promueven desorden y que están del lado de la delincuencia. Lo digo con propiedad porque eso es lo que busca la ley, es una ley de garantías transformada ahora en una condición especial”, expreso Santamaría.
Entre los 25 artículos de dicho proyecto se menciona que un estado de excepción solo podrá ser decretado cuando “se constituya en una amenaza real de estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares, de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia”.
Ante esa intención, Santamaría precisó que la Constitución Política del Estado fija el mecanismo a través del cual el Poder Ejecutivo debe rendir cuentas al Legislativo sobre la declaratoria de un tiempo de excepción, por tanto, el proyecto de ley que impulsa el MAS es meramente político electoral.
El MAS rechaza sedición
Consultado al respecto, el diputado Víctor Borda, del MAS, rechazó las aseveración del viceministro Santamaría.
“No estamos en un movimiento de sedición. Es algo ilógico. ¿Para qué vamos a buscar sedición o alzamiento armado cuando sabemos que el 6 de septiembre se va a realizar una elección democrática donde será el pueblo el que elija al nuevo gobierno?”, preguntó.
De la misma manera, dijo a EL DEBER que el artículo 139 de la Constitución Política del Estado (CPE) hace referencia a que un estado de excepción debe ser regulado por una ley.
Recordó que por precepto a la CPE, un estado de excepción no suspende ni inhibe los derechos y garantías constitucionales en Bolivia y que la Asamblea Legislativa tiene que darle las atribuciones en un estado de excepción al Gobierno y las limitaciones a la Policía y el Ejército.
“El artículo 138 de la Carta Magna establece responsabilidades a los funcionarios públicos que violen y vulneren derechos y garantías constitucionales. Bajo esta interpretación es que se emite esta ley que nos parece pertinente y adecuada para que todos los actos de autoridades, políticos, administrativos, policiales, militares, se ajusten a la ley y al respeto a la vida, a la libertad y a la salud de las personas”, subrayó.
Fuente; https://eldeber.com.bo