Según fuentes de la Fiscalía de La Paz, la principal investigada es Carla Rocio de la Torre (esposa del coronel Iván Rojas), debido a la relación laboral que tuvo con el gerente de la Red ATB Marcelo Hurtado, detenido por legitimación de ganancias en el caso PAT. En ese proceso, se solicitó el análisis financiero de más de 40 involucrados en el negociado de publicidad, entre los directivos de esos medios de comunicación y el gobierno de Evo Morales.
Carlos Quisbert / La Paz
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó una denuncia por lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas contra el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Iván Rojas y su esposa Carla Rocío de la Torre, por el movimiento sospechoso de más de seis millones de bolivianos en sus cuentas de banco.
Según fuentes de la Fiscalía, la principal investigada es De la Torre, debido a la relación laboral que tuvo con el gerente de la Red ATB Marcelo Hurtado, detenido por legitimación de ganancias en el caso PAT. En ese proceso, se solicitó el análisis financiero de más de 40 involucrados en el negociado de publicidad, entre los directivos de esos medios de comunicación y el gobierno de Evo Morales.
Rojas afirmó que tiene todos los descargos, que levantaba su secreto bancario pero aún no fue notificado por la Fiscalía. Anunció que daría una conferencia luego de declarar oficialmente.
Según el formulario de denuncia, el director de investigaciones financieras Ramiro Rivas Montealegre emitió un informe el 10 de junio, por el que hace conocer que en las transacciones realizadas por Rojas y su esposa, “tanto activas como pasivas”, existe un crecimiento progresivo de su capital, que no está acorde a sus perfiles socioeconómicos.
“Sus actividades profesionales no permiten respaldar su accionar financiero; asimismo, las operaciones (tienen) la calidad de sospechosas, considerando la cuantía (del capital) de 235.742 dólares y 4.526.300 bolivianos, sumado al hecho que el esposo de la principal analizada, el señor Rojas, es un servidor público, se podría presumir la existencia de hechos de corrupción vinculados a su cargo”, destaca parte del informe de la UIF, al que accedió Página Siete.
Pese a esas sumas de dinero, en la declaración jurada ante la Contraloría, Rojas declaró tener un patrimonio de 16.500 bolivianos, una deuda de 120 mil y una renta de 230 mil bolivianos.
El informe de la UIF señala que existe un “manejo coordinado” del dinero y existen “flagrantes contradicciones en las declaraciones” que ambos dieron a los bancos sobre el origen y el destino de los fondos.
“Se encuadrarían a la tipología de lavado de dinero” dice el documento. La UIF afirma que “existen indicios” de que De la Torre y Rojas incurrieron en legitimación de ganancias ilícitas.
La investigación contra De la Torre, según fuentes de la Fiscalía, se abrió porque ella era secretaria en una de las firmas de Marcelo Hurtado y una de las 40 personas que, por medio de empresas fachada, ayudaron al empresario a lavar dinero que percibía el canal PAT, favorecido por el gobierno del MAS con contratos publicitarios, según la teoría de los fiscales.
El Ministro de Gobierno lo ratifica y surgen más antecedentes
- Ratificación Sobre la denuncia contra Iván Rojas, el ministro de Gobierno Arturo Murillo dijo que le ratificó su confianza y que no era necesario que pida licencia mientras dura la investigación. Dijo que estaba satisfecho con el trabajo que realizaba el jefe de la Felcc, pero pidió “que aclare” las dudas sobre la denuncia.
- Procesos También se dio a conocer un registro de otros seis procesos que presuntamente se siguen contra Rojas, por supuestas vejaciones y torturas, lesiones graves, amenazas, privación de libertad y robo agravado.
- Detenciones Varios fiscales afirmaron que en casos que son de interés del actual Gobierno, Rojas, presionó y amenazó hasta lograr que se emitan órdenes de aprehensión contra diferentes personas. Lo señalan como el responsable de varias detenciones ilegales, como la del mismo Marcelo Hurtado, contra dos de los asilados en la residencia de México que tenían salvoconducto, Felipa Huanca y el juez Hugo Huacani, y otros.
- Disputa Oficiales del mismo rango señalan que las denuncias surgen porque de por medio también existe una pugna entre los oficiales de la Policía, quienes en 2021 deben ascender a generales, entre ellos Rojas y el exhombre de confianza de Carlos Romero, Jhonny Aguilera.
- Sucre Rojas fue designado en el cargo luego del cambio de Gobierno, pero durante los conflictos por el fraude electoral en octubre de 2019, lo denunciaron por tratar de “comprar la lealtad” de los policías en favor del MAS, para que repriman a la población que rechazaba el fraude en Sucre.
Fuente: Página Siete Digital