La Asamblea Legislativa de Bolivia sancionó una ley que obliga a las clínicas a recibir pacientes del Estado. Testimonios de gente que gastó significativas cantidades de dinero en el sistema público. En el privado los gastos son exorbitantes
Cuando azota con fuerza el Covid-19 obliga a ir tras una cama hospitalaria y es ahí donde empieza la desesperación por conseguir recursos, porque la saturación que hay en el sistema de salud, tanto público como privado, cobra un alto precio económico para salvar la vida.
Ahora tomó fuerza el debate del precio de la asistencia en un hospital público y en un privado, luego la Cámara de Senadores sancionó una ley transitoria para garantizar la atención y tratamiento de pacientes con coronavirus durante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus, posibilitando que las clínicas privadas atiendan a estos enfermos con costo para el Estado.
Y la tensión subió con el anuncio de expropiación de centros privados (que luego fue aclarado por el ministro Arturo Murillo, quien dijo que no se entendió bien lo que quiso decir, cuando se refería a establecer convenios con las clínicas privadas).
La gente denuncia que en el sector privado exigen hacer fuertes depósitos de dinero como garantía para atender a un paciente, pero otras también dicen que el sistema público no es del todo gratuito. Y estas quejas son de conocimiento de las autoridades sanitarias, pero aún así no e ha podido regular, y aunque hay un protocolo marco de atención para los pacientes en todo el sistema de salud, el precio en el sector privado es más elevado y varía en función de la oferta y demanda; mientras que en el sector público el Estado solventa gran parte del tratamiento médico.
Las redes sociales se convierten en el desahogo de muchos. “No reclamamos que los servicios privados sanitarios sean insostenibles o gratuitos. Lo que se espera es que sean más accesibles y solidarios ante las carencias e insuficiencias de los sistemas públicos”, dice uno de los comentarios.
Luz María Castellón luchó y venció el Covid-19. “Es bastante cara la curación”, indica. Calcula que en 21 días que estuvo en terapia intensiva del hospital Japonés, sumado a los medicamentos, llegó a gastar Bs 15.000. Pero, a diferencia de otros pacientes, ella no estuvo intubada y por ser personal de salud en ese nosocomio se benefició de un descuento del 90%. Además tuvo apoyo y algunos de sus colegas la atendieron de favor y sin cobrar.
Ella tiene el seguro de la Caja Nacional de Salud, pero por la saturación que hay, optó por quedarse en el hospital Japonés y tuvo que cubrir gastos como otras personas.
Los que tienen el seguro del Sistema Único de Salud (SUS) tienen cubiertos los gastos de laboratorio, internación y hemoderivados, pero para esto último la gente tiene que llevar su donante.
No siempre hay los medicamentos en el seguro y los familiares tienen que comprar. Y estos son distintos de acuerdo a la dolencia y complicación, y para los que están en sala y en terapia. “El paciente de terapia goza de la nutrición parenteral y albúmina, pero en sala eso ya no está cubierto y hay que comprarlo.
Lo mismo pasa con los antibióticos, se los debe comprar, y se calcula que la persona gasta entre Bs 500 y 1.000 cada día. “Los paquetes se han hecho para algunas patologías, no para todos, y eso hace que tengan un costo aparte. La internación sí es totalmente gratuita”, detalló Castellón.
También hay otros gastos, como la compra de filtros de los ventiladores y el circuito cerrado de aspiración que también tienen que comprarse.
Lo cierto es que es muy difícil poner un precio cerrado a la recuperación, porque cada caso es distinto y todo depende de lo que necesite.
“En todas las clínicas piden pagos adelantados”, comenta Helen Álvarez, que sufrió la pérdida de su padre con Covid-19 buscando un espacio de terapia intensiva.
Ella comenta que un principio hicieron todos los esfuerzos por ir al sistema público, pero no lograron un espacio, y luego se decidieron acudir al privado, arriesgándose a buscar dinero de donde sea, pero tampoco lo lograron.
Helen y su hermana se recuperaron de la enfermedad en su domicilio, gracias a la colaboración de personas de buena voluntad que les ayudaron con tratamientos, porque aseguran que no querían vivir la mala experiencia que pasaron con su papá, que no pudo ser asistido.
Carlos Hurtado, responsable del Equipo de Primera Respuesta de Covid-19 de la Gobernación, manifestó que los precios que se denuncian es un tema que los tiene muy preocupados, aunque señala que el Servicio Departamental de Salud (Sedes), como órgano rector en el departamento, está encima del control de medicamentos y para que no haya mucha inflación en los precios para los pacientes.
El responsable de Primera Respuesta del Covid-19 explica que todos los protocolos que se manejan en los sistemas público, privado y de la seguridad social están determinados por el Ministerio de Salud y por los Comités Científicos de los departamentos.
“En Santa Cruz tenemos una guía de manejo departamental de coronavirus, que se hace por niveles o grupos de pacientes (leves, moderados y graves), y de acuerdo a ello viene la prescripción de medicamentos que se les da a los pacientes, quienes además tienen que hacerse estudios de laboratorios, apoyos de imagen como las tomografías y radiografías que tienen un costo, al igual que los honorarios médicos. “Eso es lo que hace la diferencia del sistema público y del privado”.
Esto muestra que, aunque el tratamiento es similar en el sistema público como en el privado, lo que hace elevar el precio en las clínicas es que el empresario hace sus propias inversiones y cobra por todo el servicio que presta, mientas que en el sistema público el Estado está obligado a velar por la salud de los ciudadanos.
Hay que tomar en cuenta también que en el sistema público o en la seguridad social los estudios salen gratis para los pacientes Covid-19; en las clínicas privadas hay tomografías que llegan a costar entre 200 y 400 dólares. “En los hospitales públicos no hay pago de honorarios médicos, mientras que en las clínicas, sí”, especifica Hurtado.
El alza de precios en los medicamentos también ha movilizado a las autoridades, lo que incluso ha provocado que se hagan operativos y algunas farmacias fueron clausuradas por especular con el precio de los fármacos.
Hay que cuidar también de hacer compras innecesarias, porque hay algunas clínicas que dan medicamentos que no están dentro del protocolo departamental de manejo del coronavirus. “Instamos a las clínicas a que cumplan el protocolo, porque es lo único que los va a amparar y avalar ante cualquier problema que se suscitara con los pacientes”, instó Hurtado.
Cuando un paciente grave necesita terapia intensiva la situación se complica más, porque los medicamentos tienen mayor costo y los equipos que necesita también, y eso se hace inaccesible.
La alta demanda también ha hecho que los costos en el sistema privado sufran incrementos. “Ahorita, en Santa Cruz, no se pilla una sola cama y eso hace que haya filas en las clínicas para ser atendidos, mucho más para ser internados”, indicó la autoridad.
De acuerdo con Hurtado, la Gobernación ve con buenos ojos la norma que se impulsa para que se pueda dar una atención de calidad, pero advierte que hay que tomar en cuenta que el sistema privado también está saturado.
Hay que vigilar
El infectólogo Juan Saavedra señala que, tanto en el servicio público de salud como en el privado, el paciente termina cubriendo los costos de los medicamentos que va a recibir.
“La diferencia es que en la clínica privada le cobran, además, el uso diario de la cama y la habitación, y los honorarios del médico tratante”, dice Saavedra.
Considera que las autoridades departamentales responsables del control, deberían auditar la calidad de atención en los hospitales privados para demostrar que cumplen con los estándares mínimos de calidad y verificar que los médicos tratantes estén habilitados para el ejercicio legal en el país.
También deben velar por situaciones que aquejan a la población, porque en este momento están sufriendo por la falta de oxígeno. Por ejemplo, hay personas que todos los días hacen tres horas de colas para que les carguen el tubo de oxígeno y el precio también se ha incrementado.
En cuanto a la norma que ahora se impulsa, tiene sus observaciones, porque para ser atendido en las clínicas a cuenta del Estado, deben ser referidos por el sistema público, pero el problema es que mucha gente se queja de que va de un lugar a otro y no los atienden.
Otro vacío que observa es que la norma deja a las clínicas privadas con la libertad de decir no tengo cama y, por lo tanto, puede negarse a recibir a un paciente que venga del sector público. En esta norma debería especificar que un porcentaje de camas de piso y de terapia tienen que ser separadas para el cumplimiento de la norma.
Los pacientes madrugan en busca de atención médica. Fotos: Jorge Gutiérrez
Hay tensión
La tensión con los privados se ahondó con el anuncio del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de comenzar con una expropiación o intervención de clínicas para garantizar la atención de la población, aunque luego remarcó que se refería a comprar o alquilar estos bienes a “precio justo”.
El ministro indicó que esto empezaría con dos centros particulares de la Udabol, en Santa Cruz, y Univalle en Cochabamba. Esto lo dijo luego de manifestar que la Caja Nacional no está dando abasto para atender ni a la mitad de sus asegurados y esto rebasa a los hospitales públicos.
La respuesta del sector no se dejó esperar. El Hospital Universitario Martín Dockweiler (conocido como clínica Udabol), a través de un comunicado, informó que las instalaciones de este nosocomio están en la etapa de implementación y equipamiento y que el anuncio de Murillo “solo genera inseguridad jurídica que perjudica e impide la puesta en funcionamiento del hospital.
En Cochabamba, la Federación de Empresarios Privados señaló que se estaría poniendo en peligro la “seguridad jurídica” del país. “Rechazamos toda medida no consensuada y aceptada, que pone en grave peligro la estabilidad económica y seguridad jurídicas de las empresas e instituciones».
Mientras, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su rechazo a la intención de expropiación del Gobierno y detalló que, de aplicarse esa intención, sería una acción unilateral. Exhortó al diálogo para concretar esfuerzos para enfrentar la crisis sanitaria.
Control a las farmacias
El ministro Murillo también pidió a las farmacias no aprovecharse de la gente, ya que se halló establecimientos que venden medicamentos que cuestan hasta 10 veces más que el precio normal. “Tienen todo el derecho de ganar, pero no de robar. No le roben al pueblo”, pidió el ministro Murillo.
Tratamiento caro
El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz Wilfredo Anzoátegui indicó que si bien existe un arancel médico, las tarifas también se regulan por la oferta y la demanda.
Puntualizó que hay que considerar que en el sistema público la mayoría de los servicios son subvencionados por los diferentes niveles de gobierno, mientras que en una clínica privada todo es cubierto por la misma empresa.
En lo que se refiere a la implementación de una nueva norma para la atención en centros privados a costo del Estado, indica que primero deben sentarse los ministerios de Salud y de Trabajo, y los representantes del sector privado para instalar mesas técnicas y elaborar la reglamentación.
Indicó que se deberá también tomar en cuenta a las clínicas que no están atendiendo a pacientes Covid-19, y que son para otro tipo de pacientes, pues al negarse puedan tener problemas. “Por eso es que tienen que sentarse, porque la norma tiene que estar reglamentada, no es nomás lanzar una ley”, subrayó Anzoátegui.
Rafael Quinteros, gerente general de la clínica San Rafael, dijo que se debe respetar a la institución privada. “Hay que ver la reglamentación y ver cuál es el alcance”.
También pone sobre la mesa el hecho de que el Estado es un mal pagador. “Hasta ahora no ha podido pagar cuentas pendientes del SUS, de la gestión 2019”, sostuvo.
En su caso, dijo que tiene como cinco meses por cobrar y hasta la fecha no le desembolsan.
Quinteros recordó que el sistema público tiene una subvención total del Estado, personal, equipamiento, insumos y medicamentos, por eso la gratuidad puede ser permitida. Lo que no ocurre en el privado, donde el empresario debe costear todo el equipamiento y personal.
Además, remarcó que hablar de Bs 2.300 por día de terapia intensiva que pagaban con el Sistema Único de Salud (SUS), ahora no es viable, porque no cubre lo que realmente cuesta, tomando en cuenta que no alcanzaría ni para el oxígeno.