La defensora Nadia Cruz manifestó que en este momento el sistema público y de seguridad social de salud se encuentran colapsados.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió públicamente a la presidenta Jeanine Áñez que promulgue la ley obligará a las clínicas privadas a atender obligatoriamente a pacientes con Covid-19 que sean derivados del sistema público de salud.
«Observamos la falta de acción oportuna, diligente y un evidente incumplimiento de deberes por parte de la Presidenta transitoria Jeanine Áñez respecto a la omisión en la promulgación de la referida ley; denunciamos públicamente esta conducta, que además de infringir la Constitución Política del Estado, pone en situación de riesgo y vulnerabilidad la salud de la población», manifestó la Defensora del Pueblo Nadia Cruz.
La Defensora, en conferencia de prensa, manifestó que en este momento en que el sistema público y de seguridad social de salud se encuentra colapsados, por lo cual es importante que las clínicas privadas se incorporen en la lucha contra el coronavirus de forma universal y con acceso irrestricto.
La institución defensorial aseveró que ha realizado verificaciones en las que evidenció que el subsistema público de salud se encuentra completamente colapsado y desbordado en cuanto a su capacidad para atender y recibir pacientes aquejados por Covid-19.
Señaló que establecimientos privados de salud demandan montos exorbitantes como garantía que oscilan entre los 20 mil y los 30 mil dólares, previo a la internación.
«Este estado de vulnerabilidad absoluta es en el que ha puesto a la población la actitud negligente y dilatoria de la presidente Áñez al no promulgar la Ley para Garantizar la Atención y Tratamiento por Parte del Subsector Privado de Salud Durante la Emergencia Sanitaria Producida por el coronavirus», remarcó Cruz quien, además, dijo que no se quiere pensar que haya una suerte de protección a las clínicas privadas en desmedro de la población.
La ley establece que las clínicas y centros privados de salud deben atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el subsector público de salud. La normativa fue sancionada el 8 de julio pasado y remitida al Ejecutivo para su promulgación.