Con música fúnebre y lápidas por la Chiquitania, así recibió un grupo de activistas a Añez

«Que en paz descansen 2 millones de animales», era otra de las lápidas que demandaba el apoyo necesario para los bomberos que trabajan en sofocar los incendios forestales y rescatar a la fauna silvestre.

Wara Arteaga 

paginasiete.bo



La música fúnebre resonó fuerte en la casa de Gobierno de Santa Cruz esta mañana, mientras la presidenta del estado se encontraba en el interior, presentando un Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendio. A la salida, junto a la banda, se encontraban decenas de personas con lápidas, para recordar las muertes por los incendios en la Chiquitania. Pedían abrogar las «leyes incendiarias».

«Un funeral simbólico», así denominaron el acto de protesta. Entre las lápidas que recordaban las innumerables pérdidas a causa del incendio en el bosque chiquitano destacaba una: «Aquí yacen bomberos por responsabilidad del gobierno #SosChiquitania», indicaba. Muy cerca, en manos de otro de los manifestantes, estaba la foto de Pablo Miguel Suárez  Núñez, un bombero paceño que perdió la vida en septiembre de 2019, en la Chiquitania, al intentar sofocar el incendio forestal.

Fotos: Ríos de Pie

Entre los pedidos de la protesta pidieron la abrogación de la ley 741, del decreto supremo 3973. Según una recopilación que realizó la Fundación Solón, la ley 741es una norma de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias; en cambio  el DS 3973 modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

«Que en paz descansen 2 millones de animales», era otra de las lápidas que demandaba el apoyo necesario para los bomberos que trabajan en sofocar los incendios forestales y rescatara a la fauna silvestre.

«Q. E. P. D. 5 millones  de hectáreas de bosque #SosChiquitania», destacaba otro cartel que hacía alusión al territorio afectado por los incendios forestales. En una investigación publicada por la Fundación Solón, se destacan al menos 10 normas «incendiarias» aprobadas  por el gobierno, entre el 2013 y 2019. Los activistas piden la abrogación de estas normas desde hace meses.