Defensora del Pueblo convoca al TSE a dialogar con las organizaciones sociales

ATB, Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, ante la jornada de bloqueos que se realizaron, este 3 de agosto, en diferentes puntos del país, reafirma que las demandas de todos los sectores de la sociedad deben ser escuchadas y atendidas por el Estado, y éstas deben desarrollarse en el marco del respeto por la vida, la integridad, la dignidad, la salud y la seguridad de la población en su conjunto.



La Institución Defensorial repudia cualquier tipo de confrontaciones, agresiones y hechos de violencia contra la integridad física de las personas y de la propiedad pública y privada, así como el uso innecesario y excesivo de la fuerza pública y de agentes químicos.

Asimismo, enfatiza que se debe respetar los derechos de las siete personas arrestadas durante los bloqueos en Oruro y El Alto, más aún si son menores de edad, como el caso de un adolescente de 16 años arrestado en inmediaciones de la Ceja de El Alto.

Condena la violencia policial ejercida contra un adulto mayor en la ciudad de Cochabamba, desconociendo que esta persona tiene protección especial por encontrarse en situación de vulnerabilidad, y la presunta agresión a un efectivo policial que habría sido herido en el ojo.

La Defensoría del Pueblo rechaza la criminalización de la protesta ante los reclamos y el ejercicio del derecho a la protesta pacífica de la población.

Insta al Tribunal Supremo Electoral, a la Central Obrera Boliviana, a las organizaciones del Pacto de Unidad y a todos los sectores movilizados, a retomar el diálogo como mecanismo para solucionar las diversas posiciones respecto a la fecha de las elecciones nacionales, con el fin de promover el respeto a los derechos y garantías constitucionales individuales y colectivos; evitar situaciones de provocación o confrontación que podrían derivar en una escalada de hechos de violencia y garantizar un proceso electoral democrático, pacífico con alta participación para asegurar, fundamentalmente, el ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas y todos los bolivianos.