Funcionarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) que continúan en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) obstaculizan deliberadamente la gestión administrativa en la Dirección de Redes en la concesión de contratos para la instalación de gas domiciliario, exigiendo nuevos requisitos inexistentes, denunció este lunes en representante de las empresas instaladoras, Ángel Arauz.
«Son artimañas que están utilizando personeros públicos de la anterior gestión (MAS) que buscan convulsionar el país, incomodando a las empresas y empujando para que salgan a las calles (…) han aumentado requisitos, es decir que no sólo es el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, ahora nos piden seguro contra el COVID-19, pago a las AFP»s», afirmó en declaraciones públicas.
Explicó que desde octubre del pasado año, debido a los conflictos políticos y sociales, luego la pandemia del coronavirus, estas empresas han dejado de prestar servicios, lo que ha ocasionado que varios de sus afilados estén en la quiebra y cerca de ser cerradas, especialmente en El Alto.
De acuerdo con el plan de ejecución operativa para este año, YPFB programó 28.000 nuevas instalaciones de gas domiciliario, pero a la fecha no logró viabilizar ni un solo contrato para estas empresas, a pesar de que presupuesto se encuentra en la petrolera estatal, dijo Araruz.
«Este extremo lo hemos denunciado ante la Gerencia de Redes de YPFB, de que servidores públicos estarían atentando contra las empresas, pero no nos han hecho caso, nos hemos declarado en estado de emergencia», puntualizó, tras señalar que en reunión ampliada otorgaron a YPFB 48 horas para resolver los contratos pendientes desde el pasado año.