La instancia gubernamental manifiesta que el exdefensor del Pueblo presentó un requerimiento de medidas cautelares ante el organismo antes que el periodista argentino, Adair Pinto, pero ésta se gestionó más rápido.
Fuente: Página Siete Digital/ La Paz
La Procuraduría General del Estado (PGE) advierte que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) persiste en el manejo de un doble estándar en el proceso de concesión de medidas cautelares. La instancia gubernamental compara los casos del periodista argentino Adair Pinto y del exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín.
“El doble estándar tiene que ver con la aplicación de un trato diferenciado para casos similares, es decir una aplicación sesgada, y en consecuencia injusta, en el tratamiento de las solicitudes de medidas cautelares, mismas que se otorgan a personas o grupos de personas que se encuentran en riesgo, en razón de su trabajo o afiliación”, se explica en el comunicado de PGE.
La Procuraduría observa el tiempo en que demoró la CIDH en atender la solicitud de dos casos, uno del periodista argentino Adair Pinto, que indicó que su vida corría peligro tras un altercado en un karaoke con personas de la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), y el otro por el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, quien expuso los riesgos para su integridad refiriendo ataques que sufrieron él y sus familiares desde 2017, que incluyeron la destrucción y quema de su vivienda el 10 de noviembre de 2019.
Albarracín presentó su solicitud de medidas cautelares el 20 de febrero y Pinto el 28 de febrero, la CIDH dio preferencia al último pedido que trasladó al Estado, en menos de dos meses, el 16 de abril. Mientras que la presentada de Albarracín, fue trasladada al Estado, casi seis meses después, el 11 de agosto.
“Este evidente trato diferenciado confirma que ese organismo internacional mantiene la práctica del doble estándar para el tratamiento de solicitudes de medidas cautelares, con una clara inclinación política, ya que Pinto, hace una labor periodística claramente favorable al anterior gobierno. En el caso Albarracín la solicitud fue respaldada con denuncias de ataques como el que sufrió su hijo Franco en febrero de 2018, cuando recibió el impacto de un proyectil durante una protesta”, remarca la Procuraduría.
La instancia gubernamental recordó que hasta el 17 de febrero se observó que el extracto histórico de la página web de la CIDH refería que, entre 2006 y 2018, ese organismo internacional recibió al menos 115 solicitudes de medidas cautelares, de las cuales solo se transmitieron seis al Estado y se estas apenas tres fueron otorgadas.