El Gobierno ha desmontado por partes el sistema de subsidios con vistas a la negociación de un nuevo programa con el FMI y tras las movilizaciones de 2019 que frenaron el primer intento
El Gobierno de Ecuador está hoy donde quería estar hace un año en materia de subsidios a los combustibles: en la senda del libre mercado. En octubre de 2019, el presidente Lenín Moreno emitió un controvertido decreto en el que eliminaba las ayudas públicas a las gasolinas y liberalizaba los precios. Los transportistas se levantaron y el movimiento indígena llevó las protestas al límite durante 15 días, paralizando al país y forzando al Ejecutivo a mover su sede de Quito a Guayaquil ante la tensión que se respiraba en la capital. Las movilizaciones, que dejaron varios muertos, terminaron solo cuando el presidente dio marcha atrás. Este 3 de octubre se cumple un año de la escalada y, pese a la impopularidad de las medidas, la política de subvenciones se ha ido desvaneciendo por etapas.
El último paso se ha dado a las puertas de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los ministros de Energía y de Finanzas han firmado, junto a Lenín Moreno, un nuevo decreto que elimina el monopolio de Petroecuador, la petrolera estatal, en la importación de combustibles de uso industrial y comercial. Se abre la puerta a que nueve ramas del sector privado, como el aeronáutico o el naviero, compren directamente las gasolinas que utilizan “con el objetivo de generar un alivio para la caja fiscal”, según justificó el Gobierno, sin especificar el monto del ahorro previsto.
Las empresas públicas que, hasta ahora, se encargaban de adquirir y distribuir el combustible que ingresaba al país con exclusividad deberán facilitar la infraestructura a los nuevos actores, según la orden presidencial, a cambio de una tarifa “razonable”.
La decisión está enfocada en el sector industrial y comercial, pero el Gobierno ha insistido en aclarar que no debe afectar a los hogares. “No se toca el gas licuado de consumo doméstico familiar. No se toca; sigue subsidiado, sigue congelado en el mismo precio. El consumidor no tiene por qué sufrir ningún impacto. Y ojo a los residentes, no se dejen engañar”, aclaró el titular de Energía, René Ortiz, un día después de anunciar la liberación.
La nueva medida, que redondea la retirada paulatina del subsidio estatal al precio de la gasolina implementada en julio, antecede a la sesión del directorio del FMI prevista para este 30 de septiembre en la que se oficializará un nuevo programa de crédito a Ecuador por 6.500 millones de dólares. El anterior acuerdo, de marzo de 2019, quedó suspendido después de las protestas de octubre y de las dificultades del oficialismo para conseguir el apoyo de la oposición a la hora de completar las reformas legales y ajustes para reducir el déficit fiscal que arrastra Ecuador desde la Administración de Rafael Correa.
Con las nuevas condiciones, el país andino recibirá 4.000 millones de dólares este mismo año para lidiar con la crisis económica derivada del coronavirus, que le ayudarán a ponerse al día con los gastos y sueldos de funcionarios públicos atrasados. Los primeros 2.000 millones de dólares llegarán inmediatamente y los otros 2.000 millones de dólares, a finales de año.
A diferencia de lo que ocurrió en octubre pasado, la liberación de la importación de derivados del petróleo no ha soliviantado el ánimo de los ecuatorianos. Ya asumieron en julio un alza en el precio del combustible de uso particular cuando, en medio de las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, el Gobierno anunció que se liberaba el precio del diésel y de la gasolina extra. Son las dos más económicas utilizadas por camiones, taxis, transporte público y por los vehículos particulares. Las autoridades se apoyaron en la baja cotización internacional del petróleo y sus derivados, pero se estableció además un sistema de bandas que impide que el precio en gasolinera se eleve -de acuerdo al comportamiento en el mercado internacional- más de un 5% por mes. La gasolina súper, que también es de uso particular, ya se había liberalizado en diciembre de 2018.