La ayuda comenzó a llegar a las zonas afectadas. Se necesitan, al menos, 300.000 litros de agua
El ministro de Defensa, Luis Fernando López, informó que el Gobierno nacional realiza las gestiones pertinentes para que al menos tres hidroaviones inicien este jueves sus labores para ayudar a sofocar los incendios que se registran en la Chiquitania.
“Si todo va bien, son tres hidroaviones, 10.000 litros, pero necesitamos 300.000 litros para que no estén parqueados y paguemos en vano el parqueo aquí”, informó y explicó que primero se debe garantizar el suministro de agua que requieren los hidroaviones para realizar su trabajo.
Aclaró que no se puede quitar el agua a las comunidades, para dotar a los aviones, por lo que solicitó a las autoridades regionales posibilitar el traslado de cisternas para abastecer de ese elemento. Informó que, en tanto se coordina esa tarea, se envió una cisterna para la sofocación del fuego.
“Estamos viendo en este momento que se va la patrulla de 20 soldados más un médico, mientras tanto una oruga está trabajando a full (para) hacer muchos cortafuegos; necesitamos otra oruga más, con una está bien, pero con una más podríamos estar mejor”, precisó.
La autoridad afirmó que las zonas en las que más apoyo se requiere son Fátima y Copaibo. “Está complicado, entonces, ahí tenemos que atacar no solo con cortafuegos, yo creo que el tema de los hidroaviones es urgente y hay que ver el tema de eficiencia, también”, complementó.
El centro de operaciones está en Concepción
López, informó además que se decidió instalar en el municipio de Concepción, el centro de operaciones para sofocar el incendio en la reserva Copaibo, en la Chiquitania del departamento de Santa Cruz. «Lo que se hizo es organizar el centro de operaciones, que será en Concepción, para atacar Copaibo, que es el lugar más complejo».
Este miércoles se armará toda la logística para atacar el incendio en Copaibo, que es uno de los lugares más críticos porque cuenta con diversa fauna y flora.
«Estamos aumentando una patrulla de 30 soldados bomberos para que se vayan al lugar más cercado», agregó.
«Tenemos ya la manera de atacar el fuego. El tema del agua es importante, pero también las cuadrillas de bomberos aplacándolo», subrayó.
Sobrevuelo con compañía internacional
La autoridad nacional anunció, también, que la ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, se trasladará este miércoles junto a representantes internacionales a la zona afectada para hacer una evaluación y solicitar cooperación externa en caso de ser necesario.
Por su parte, el alcalde de alcalde de San Ignacio, Moisés Salces, agradeció la reacción del Gobierno nacional para diseñar un plan de mitigación del fuego. “Se han presentado diferentes focos en todos lados, y mire la reacción inmediata de nuestro ministro y estamos coordinando todo lo logístico, si se tiene que contratar aviones se lo va a contratar, no se está esperando como el año pasado que ardan más de medio millón de hectáreas para reaccionar”, manifestó.
Abrogación del decreto
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que este miércoles será abrogado el Decreto Supremo 3973, que el gobierno de Evo Morales emitió para permitir las quemas. “Mañana se reunirá el gabinete a primeras horas para anular este decreto en vista de que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, nosotros el día de mañana lo vamos a abrogar”, enfatizó.
El 9 de julio de 2019, el entonces presidente Morales promulgó el DS 3973, que dio luz verde para que, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autorice el desmonte y quema ‘controlada’ de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.
Casi un mes después, se descontroló el incendio forestal en la Chiquitania y muchos sectores atribuyeron a esa normativa como una de las principales causantes del desastre ambiental.
Luego, un grupo de parlamentarios presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la cuestionada norma y, según el ministro Núñez, en mayo de este año la presidenta Jeanine Áñez hizo un apersonamiento. Pero, hasta hoy el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado y ante esa situación, el Gobierno decidió abrogar el DS 3973, confirmó la autoridad.