El presidente filipino se quejó de que “siguen entrando drogas” al país. Más de 5.700 sospechosos de consumirlas o venderlas han muerto desde que el mandatario inicio su guerra contra el narcotráfico
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó públicamente al máximo responsable de las aduanas del país que disparase a matar a traficantes de drogas, en una de sus amenazas más explícitas en los cuatro años de letal campaña antidroga, el pilar de su presidencia.
Duterte asegura que no ha autorizado las ejecuciones extrajudiciales, pero ha amenazado de muerte a los traficantes de forma abierta y reiterada. Tanto él como la policía nacional, que se ha hecho cargo de gran parte de la campaña antidroga, han dicho que la mayoría de los sospechosos abatidos por la policía durante la iniciativa se resistieron y pusieron en peligro la vida de los agentes.
En declaraciones televisadas el lunes por la noche durante una reunión del gobierno sobre la pandemia del coronavirus, el mandatario dio la orden al comisario de la Oficina de Aduanas, Rey Leonardo Guerrero.
Guerrero, un general retirado del ejército y ex jefe del Estado Mayor, no estaba presente cuando Duterte hizo esas declaraciones, aunque el presidente dijo haberse reunido antes el lunes con él y otros dos oficiales en el palacio presidencial en Manila.
“Sigue entrando droga en el país por las aduanas”, dijo Duterte, añadiendo que antes había aprobado las solicitudes de Guerrero de armas de fuego. “Le dije: ‘Aprobé la compra de armas de fuego, ¿y hasta ahora no han matado a nadie? Pónganse en forma’”.
“Se lo dije directamente. “Sigue entrando droga. Me gustaría que mataran (…) en cualquier caso, los apoyaré y no irán a la cárcel. Si son drogas, disparen a matar. Ese es el acuerdo’”, dijo Duterte sin entrar en detalles.
Más de 5.700 sospechosos de tráfico o consumo de drogas, la mayoría pobres, han muerto en la campaña antidroga de Duterte, que ha alarmado a los grupos de derechos humanos y a gobiernos occidentales, además de provocar una pesquisa de posibles crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional. Duterte ha prometido mantener la mortal campaña durante los dos años de mandato que le quedan.
Los grupos de derechos humanos señalan que según sus investigaciones, algunos sospechosos fueron asesinados sin piedad y después la policía modificó la escena y les puso armas en la mano para que pareciera que se habían resistido. La policía ha dicho que los grupos de derechos deben presentar denuncias penales en los tribunales si tienen pruebas contra agentes.
En 2018, después de que dos grandes cargamentos de drogas ilegales eludieran a la agencia en el puerto de Manila, Duterte puso bajo control militar temporal la oficina aduanera, salpicada por casos de corrupción.
Una investigación del congreso sobre cómo pasaron por el vigilado puerto los grandes alijos, se cree que de metanfetaminas, terminó con recomendaciones de que se presentaran cargos contra algunos funcionarios de aduanas y se hicieran reformas en la agencia.
(Con información de AP)
Fuente: infobae.com