La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) secuestró el contrato que realizó la Gestora Pública con una empresa que elaboraría el software para la migración de datos de las AFP. El Gobierno indicó que se provocó un daño económico al Estado de $us 3.5 millones.
La querella en un inicio era contra el exministro de Economía, Luis Arce Catacora y ahora candidato presidencial del MAS, pero ahora se amplió este proceso al exministro de Economía, Mario Guillén, exviceministro de Pensiones, Oscar Ferrufino, y exdirectora de Pensiones Patricia Mirabal, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
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