Bolivia demanda elecciones limpias con observadores en zonas rojas

 

La democracia del Estado con el reconocimiento del sufragio universal y el protagonismo de los partidos políticos en la vida social actual, ha afectado profundamente en los últimos 14 años (2006-2019) a la base misma de la representatividad territorial y poblacional, especialmente a partir de la vigencia de la nueva Constitución de 7 de febrero de 2009.



En términos jurídico-constitucionales no son suficientes las leyes y reglamentos reguladores de los procesos eleccionarios para garantizar intacta una representación que asegure la aproximada proporcionalidad e igualdad en circunscripciones uninominales entre ciudadanos habilitados para votar en las ciudades capitales e intermedias frente a la población sufragante del área rural indígena originaria campesina.

Para identificar las desigualdades y que los observadores internacionales tengan una cabal constatación de esta realidad a escasos 4 días del verificativo de las Elecciones Generales fijadas para el 18 de octubre de 2020, es pertinente precisar que el padrón electoral en nuestro país de once millones de habitantes registra 7.332.925 de habilitados, bordeando el 75% de la población total, que en comparación a la media de países americanos oscila entre el 65 al 67%. Es un detalle no menor para un proceso eleccionario limpio. Donde no se hizo una auditoría técnica, tampoco se cumplió con las observaciones de los delegados de la OEA en el informe de 10 de diciembre de 2019 y ni se intentó en disolver la personería del MAS-IPSP pese a existir causas suficientes.

De otro lado, en buena medida los derechos políticos se siguen predicando desde los ciudadanos nacionales mayores de 18 años y no de los partidos políticos -que son simples medios para ejercer el derecho libre y consciente-, al tiempo que se ha ampliado la ciudadanía en todos los segmentos de la población boliviana al universalizarse el sufragio y la exigencia de la paridad de género.

Bajo este predicamento, la desigualdad se presenta por ejemplo en el Departamento de Chuquisaca por citar, donde la cifra de habilitados para votar es 368.623 y está dividida en 5 circunscripciones uninominales: la 1 con 109.090 votantes (29,60%), la 2 con 107.003 habilitados (representa el 29,02 %). Estas dos circunscripciones pertenecen a la población urbana (Ciudad Capital-Sucre) que en total representan el 58,62%; la 3 con 46.453 votantes (12,60%), la 4 con 62.469 habilitados (16,94%) y la 5 con 43.608 votantes (11,82%); estas tres últimas circunscripciones corresponden a poblaciones rurales campesinas e indígenas, las que están sobrerrepresentadas en 95% con relación a la subrepresentación de la población urbana o de las ciudades, con el complemento que esta marcada desigualdad representativa favorece al Movimiento al Socialismo Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en la que ha resultado ganador Evo Morales desde las elecciones de 2014.

Al tratarse de derechos de configuración representativa totalmente disfuncional, se observa también la sobrerrepresentación rural en los Departamentos de Beni, Oruro, Cobija y en La Paz (con mayores cifras de acentuación del problema desigualitario para elegir a diputados uninominales), si se toma en cuenta que 7 diputados indígenas originarios campesinos se eligen en asambleas y cabildos con 2.000 o 5.000 votantes.

Como una variante de distorsión del sistema democrático que merece ser reconducido hacia el ámbito de los derechos políticos del ciudadano e igualdad de sufragantes, son las circunscripciones denominadas Zonas rojas del Trópico de Cochabamba que se consignan con las circunscripciones uninominales  23, 24 y 25, que comprende a las poblaciones de: Sacaba, Colomi, Puerto Villarroel, Villa Tunari, Chimoré, Shinahota y Entre Ríos, segmentos poblacionales que representan al bastión del MAS-IPSP, dónde ni siquiera se permitió a los candidatos de la oposición democrática como Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa, Creemos de Luis Fernando Camacho, Chi de Frente para la Victoria (FPV) hacer propaganda política.

Al ser reductos del Trópico de Cochabamba y practicarse el voto duro del Movimiento al Socialismo Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos y aplicarse la fórmula de la coacción y amenazas contra los  habitantes que representen a otras organizaciones políticas o piensen distinto, la libertad de conciencia se halla secuestrada y, por la gravedad que representa las coacciones, entendemos urgente que es allí donde deben hacerse presente los delegados internacionales hasta que concluya el proceso eleccionario,  vale decir desde la apertura de actas y ánforas hasta el cierre de las mesas electorales. Así se tendrá una vivencia real del haz de imposiciones corporativas que distorsionan y anulan el voto libre, igual, secreto y consciente. Similar observación debe realizarse en la ciudad de El Alto, poblaciones de Achacachi, Yapacaní, Montero, San Julián, Cabezas y Riberalta.

Por tanto, la celebración de unas elecciones limpias y transparentes y el ejercicio del derecho a votar y ser votado, requieren la puesta en marcha de unos procedimientos y garantías y la intervención de un Tribunal Supremo Electoral imparcial, objetivo y de decisiones legales que inspiren confianza, transformando los votos obtenidos en cada mesa electoral del país en cuantificaciones públicas, permitiendo a los delegados de cada partido político suscribir actas y contar con una fotografía de resultados tan pronto concluya el cómputo; lo contrario, es aumentar el volumen de desconfianza colectiva que afectó a los electores el fraude deliberado y doloso del pasado 20 de octubre de 2019, atribuido por las últimas pruebas reveladas al MAS-IPSP y a 15 ciudadanos mexicanos informáticos que llegaron exprofesamente para organizar y ejecutar el monstruoso daño a la democracia boliviana, con su coordinador el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

Los candidatos que están en carrera a la silla presidencial y obtener escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los del ala de libertades deben generar un acuerdo democrático de unidad y construir los cimientos dialógicos de una futura administración, donde el objetivo sea la calidad de vida y la convivencia pacífica de todos los sectores de la población boliviana. A los ciudadanos elijan con inteligencia, libres y con fe en Dios.

Según (Murdoch, Iris, 2019:32) “La verdadera política es sencillamente enjugarse las lágrimas y la lucha incesante por la libertad. Sin libertad no hay arte ni hay verdad. Reverencio a los grandes artistas y a los hombres que dicen no a los tiranos”.

 

Pedro Gareca Perales, Abogado constitucionalista y Defensor de DDHH.