La comisión mixta de la Asamblea Legislativa cerró la investigación por las muertes en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) y para este lunes tiene previsto presentar el informe final en el que se establecerán responsabilidades de autores intelectuales y materiales de las órdenes de actuar tanto de la Policía como del Ejército.
La presidenta Jeanine Áñez y el ministro de Defensa, Luis Fernando López, enviaron ayer los cuestionarios con la información solicitada y de esta manera evitaron el juicio de responsabilidades.
El presidente de la comisión, Víctor Borda, explicó que la única autoridad que se negó a brindar los datos de lo sucedido, en medio de la crisis postelectoral, fue el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, según Oxígeno, dijo que además de las respuestas, la mandataria envió tres informes sobre la violación a los derechos humanos en la administración de Evo Morales.
Aseveró que el único fin es justificar un presunto Golpe de Estado tras las denuncias de fraude electoral.
EL PROCESO
Borda informó, citado por ERBOL, que en el relevamiento de información, se pudo conocer que unas 1.500 personas fueron procesadas por terrorismo y sedición, posiblemente a iniciativa del gobierno transitorio.
La situación de todos los procesados será parte del informe en conclusiones que presentará ante el pleno de la Asamblea Legislativa, junto a otros detalles como la cantidad exacta del número de fallecidos en los enfrentamientos entre sectores sociales movilizados con efectivos de la Policía y del Ejército tras la renuncia del expresidente Evo Morales.
Anticipó que se ha confirmado que, de 37 víctimas mortales, 27 fallecieron por impacto de bala. Los peritos lograron identificar que un parte falleció por calibres 22, 5.5 milímetros que pertenece a armas de origen norteamericano, y otras perecieron por impacto de proyectil 7.62 milímetros activadas desde fusiles automáticos ligero (FAL). Se precisaron que hubo 512 heridos.