Una investigación del centro de pensamiento Freedom House detalló la manera en que la crisis sanitaria ha servido de excusa para la comisión de abusos de poder, corrupción y violaciones a la libertad de prensa en numerosos países
El activista prodemocracia hongkonés Joshua Wong. REUTERS/Tyrone Siu
La pandemia de coronavirus ha servido como excusa a numerosos gobiernos a lo largo del mundo para realizar acciones que implican el socavamiento de la democracia.
A esa conclusión llegó un informe del centro de pensamiento Freedom House, en asociación con la encuestadora GQR. Desde el comienzo del brote de COVID-19, indicó, el estado de la democracia y los derechos humanos ha empeorado en 80 países.
Sus autoridades, indicó, han incurrido en abusos de poder, iniciativas para silenciar a sus críticos y la búsqueda de cerrar instituciones claves, muchas veces socavando los propios sistemas de rendición de cuentas necesarios para proteger la salud pública. El documento explica que si bien este proceso de declive viene teniendo lugar desde hace 14 años, la pandemia lo ha exacerbado y profundizado.
El informe estima a su vez que la crisis de la gobernabilidad democrática probablemente continúe después de que el grueso de la crisis sanitaria haya quedado atrás, al considerar que las leyes y normas que se están implementando ahora serán difíciles de remover.
Entre los expertos encuestados, el 64% estuvo de acuerdo en que el impacto de COVID-19 en la democracia y los derechos humanos en su país será mayormente negativo durante los próximos tres a cinco años.
La experiencia de China durante los últimos nueve meses podría resultar un modelo distópico para el futuro de otras naciones: en el gigante asiático se ha visto aumento -aún mayor- de la retórica nacionalista y propagandística, algo que ha sido interpretado como un esfuerzo por ahogar los llamados a la transparencia y la rendición de cuentas. Beijing también ha amplificado sus sistemas de vigilancia e incrementado la represión de las personas dentro y fuera del país que compartan información que contradiga los mensajes del régimen, entre ellos posibles críticos dentro de los altos rangos del Partido Comunista.
No obstante, los expertos remarcaron que es posible rescatar casos positivos: el periodismo ha prosperado en ciertos países a medida que la gente busca información fidedigna y los reportajes de investigación han persistido aún en los entornos más hostiles, inicaron.
También se han destacado casos de donde la ciudadanía se ha manifestado en contra de acciones autoritarias por parte de los gobiernos. Un ilustrativo es el de Bielorrusia, donde las protestas masivas que comenzaron en agosto -luego de un proceso electoral donde el presidente Alexander Lukashenko se proclamó victorioso pese a numerosas denuncias de fraude- se han convertido en un importante movimiento de reforma política. Si bien la cantidad de casos en donde la democracia fue golpeada, la demanda del público por esta forma de gobierno no se ha extinguido y los pueblos están dispuestos a salvaguardarla.
Los investigadores destacan cinco áreas principales que se han debilitado durante la pandemia: controles contra los abusos de poder, protección de grupos vulnerables, transparencia y lucha contra la corrupción, libertad de prensa y elecciones creíbles.
Abusos de poder
Los funcionarios y los servicios de seguridad perpetraron actos de violencia contra civiles, detuvieron a personas sin justificación y se extralimitaron en su autoridad legal, expresa el informe. Los gobiernos también están utilizando la pandemia como una justificación para otorgarse poderes especiales más allá de lo que es razonablemente necesario para proteger la salud pública. Han explotado poderes de emergencia para interferir en el sistema judicial, imponer restricciones sin precedentes a los oponentes políticos y socavar funciones legislativas cruciales. Además, la vigilancia ha aumentado enormemente durante la pandemia volviéndose excesiva e intimidante. Tanto figuras de la oposición como el poder judicial han sido reprimidos en muchos países.
En Kazajstán, Camboya, Sri Lanka y Azerbaiyán hubo un aumento en la persecución de activistas cívicos y oposición política por expresar sus opiniones críticas en las redes sociales o difundir información sobre violaciones de derechos humanos, incluso mediante la iniciación de causas penales. En estos países se ha utilizado el COVID-19 para reforzar su represión contra la oposición política utilizando el pretexto de romper la cuarentena.
En Guatemala, la pandemia se ha utilizado para continuar los ataques contra el estado de derecho.
En Serbia, el poder judicial se ha convertido en un títere del poder ejecutivo. Los juicios se están llevando a cabo a través de un enlace de video, sin la presencia de abogados defensores.
Al mismo tiempo, distintos parlamentos se han visto paralizados por restricciones sanitarias y leyes de emergencia, y en ocasiones manipulados con fines políticos. El acontecimiento más perturbador ha sido la “aprobación de leyes que limitan las libertades individuales afirmando ser necesarias para frenar el virus”.
En contraste, el informe resalta como casos positivos a Túnez y Georgia: aún siendo democracias nuevas, se han resistido a imponer medidas que impliquen abusos de poder. Georgia ha tenido una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo, lo que ha dado como resultado un aumento significativo de la popularidad del partido gobernante “Georgian Dream”. El partido buscará capitalizar el apoyo en las elecciones que tendrán lugar este mes en el país.
Minorías marginadas
Los gobiernos y las sociedades han seguido utilizando a los grupos marginados como chivos expiatorios, culpándolos de propagar el virus, destaca el documento. Un ejemplo ilustrativo es el de los musulmanes en la India, donde el nacionalismo hindú ha estado en alza durante los últimos años impulsado por el primer ministro, Narendra Modi. Los musulmanes del país fueron calificados de “súper propagadores” y sometidos a “una campaña de odio cruel”, especialmante luego de que tomara estado público una reunión religiosa islámica en Nueva Delhi que luego fue relacionada con un brote de COVID-19. De manera similar, en Sri Lanka, los musulmanes recibieron el mismo trato, al punto que algunos miembros del gobierno los culparon de que la gente no pudiera celebrar el Año Nuevo cingalés.
En Costa Rica, muchos migrantes y refugiados nicaragüenses ya marginados que trabajan en el sector agrícola son considerados por muchos como contribuyentes a la propagación del COVID-19. En Serbia, «la atmósfera anti-migrante¨ ha crecido también: este grupo ha sido apuntado como posibles portador y transmisor del virus.
Las políticas y prácticas específicas relacionadas con la pandemia también se han dirigido a los refugiados que ya están huyendo de la persecución en sus propios países.
El gobierno de Malasia prometió falsamente que no se tomarían medidas contra los refugiados que se hicieran pruebas de Covid, pero luego terminó arrestando y deteniendo a muchos para ser deportados. Los periodistas que intentan exponer las condiciones de los refugiados en medio de la pandemia han sido amordazados en varios países.
En Myanmar, donde la Corte Internacional de Justicia ordenó al gobierno que prevenga el genocidio contra los rohingya, el ejército ha intensificado sus ataques contra la minoría étnica, lo que puede estar relacionado con un menor escrutinio internacional debido al coronavirus.
Transparencia y anticorrupción
Expertos de todo el mundo expresaron un amplio escepticismo sobre la información que dan los gobiernos sobre el coronavirus. La misma es poco transparente y en muchos casos no verificable.
Las encuestas realizadas corroboran la idea de que la corrupción prospera cuando la transparencia disminuye. La corrupción y el dinero en la política figuran entre los temas principales que se consideran más afectados por la respuesta a la pandemia. Los desembolsos masivos de gobiernos para ayudar con la salud pública y la economía, a menudo distribuidos apresuradamente sin mecanismos significativos para monitorear los fondos, han brindado grandes oportunidades para la corrupción.
Por ejemplo, en Mauritania, los ministros del partido gobernante utilizaron fondos de la pandemia para hacer donaciones en nombre del primer ministro. Otros expertos compartieron historias sobre la desaparición de suministros o contratos sospechosos con proveedores médicos no certificados.
A medida que la pandemia se prolonga, la atención pública se desviará inevitablemente hacia otra parte, lo que permitirá más abusos. La carga de evitar que las normas degradadas se arraiguen recaerá en gran medida sobre los defensores de la democracia y los periodistas independientes, que deben seguir presionando a los gobiernos para que sean transparentes y se adhieran al estado de derecho.
Libertad de prensa
Los medios independientes a menudo se han visto sofocados durante la pandemia, lo que dificulta la rendición de cuentas y la difusión de información vital. Según la investigación de Freedom House, el 47% de los 192 países encuestados experimentaron restricciones en los medios de comunicación como parte de la respuesta al brote de coronavirus.
Los periodistas que cubrían la crisis han sido arrestados y atacados con violencia, acoso e intimidación. Los gobiernos han ejercido control sobre el contenido, revocado el registro de los medios, suspendido la impresión de periódicos, negado credenciales de prensa y limitado cuestionamiento independiente en conferencias de prensa. Se aprobó una nueva legislación contra la difusión de “noticias falsas” sobre el virus, se bloquearon sitios web y se eliminaron artículos en línea o publicaciones en redes sociales.
En Tanzania, se ha prohibido a los medios de comunicación cubrir la pandemia. Nigeria ha visto un aumento de casos de periodistas detenidos por sus opiniones sobre las políticas gubernamentales, y la presidencia restringido acreditaciones para sus conferencias de prensa.
Estas restricciones intencionales ayudan a que los gobiernos actúen con impunidad, a veces con la ayuda de un poder legislativo o judicial subordinado. Incluso cuando los gobiernos parecen estar proporcionando información precisa, las cuarentenas y las restricciones de viaje pueden obstaculizar la capacidad de los medios de comunicación para monitorear a los países y cuestionar a sus gobiernos.
Los activistas y periodistas de la democracia y los derechos humanos, que ya estaban bajo una tremenda presión por parte de gobiernos no democráticos, se han enfrentado a graves limitaciones durante el brote de coronavirus. En las respuestas a la encuesta, se citaron restricciones de movimiento en particular por crear obstáculos para la realización de talleres, reunirse con fuentes, brindar apoyo a poblaciones vulnerables y realizar trabajo de promoción.
Elecciones creíbles
Las elecciones nacionales en nueve países y muchas más votaciones subnacionales se vieron interrumpidas de alguna manera entre enero y agosto de 2020.
En Sri Lanka, el presidente Gotabaya Rajapaksa disolvió el parlamento controlado por la oposición en marzo en un intento por celebrar elecciones parlamentarias anticipadas en abril. Sin embargo, a medida que se aceleró el brote del coronavirus, se pospusieron, dejando a la legislatura nacional fuera de sesión más allá del plazo constitucional y debilitando los controles sobre el poder ejecutivo. Durante cinco meses , hasta realizar la votación en agosto, el presidente gobernó sin una legislatura.
Bielorrusia, llevó a cabo una elección fraudulenta que ha dado lugar a protestas masivas en el país resistiendo el resultado de la elección y desafiando al presidente reelecto , Lukashenko, quien usa todo su poder para socavarlas violando derechos humanos.
Tanto Bolivia como Etiopía decidieron posponer sus elecciones.
En Hong Kong, donde las protestas a favor de la democracia contra el creciente control de Beijing han persistido durante más de un año, las elecciones legislativas originalmente programadas para septiembre, en las que la oposición esperaba obtener más avances después de importantes éxitos en las votaciones del consejo de distrito de 2019, se pospusieron por 12 meses. Aunque el COVID-19 fue la justificación oficial, las tasas de infección y muerte relativamente bajas en el territorio, la imposición en junio de una ley de seguridad nacional draconiana y la prohibición en agosto de 12 candidatos prodemocracia de postularse el próximo año son algunas de las muchas señales que han llevado expertos para acusar al Partido Comunista de China de utilizar la postergación para completar su asfixia de la libertad y la autonomía de Hong Kong.
En contraposición a todo esto tenemos a Corea del Sur y Nueva Zelanda, dos democracias ricas, pequeñas y establecidas que demuestran que elecciones exitosas pueden avanzar durante una pandemia con una planificación y recursos adecuados. El COVID-19 se instalará entre nosotros por un buen tiempo , por lo que la democracia no puede aplazarse indefinidamente.
A pesar de las cuarentenas, los toques de queda y los cierres, muchas personas todavía están tomando las calles para desafiar a sus gobiernos, revelando que el patrón global de protestas masivas que surgió en 2019 sigue más vigente que nunca. Aunque 158 países han tenido nuevas restricciones impuestas a las protestas, los investigadores de Freedom House identificaron protestas significativas en al menos 90 países desde que comenzó el brote.
Los defensores de la democracia deben apoyarse unos a otros en todo el mundo para garantizar que los fallos gubernamentales conduzcan a nuevas demandas de instituciones más fuertes. De lo contrario, concluye el documento, la mortal pandemia de COVID-19 sumará otra consecuencia para el mundo: un daño duradero a la libertad global.
Fuente: infobae.com