Fraude electoral: Procurador denuncia que la Fiscalía intenta dilatar el proceso

  • Inspección ocular del caso fraude electoral, ayer. | APG
Fuente: Los Tiempos

La Procuraduría General del Estado, activistas y cívicos denunciaron que Fiscalía está retrasando el proceso por el caso fraude electoral de 2019, evitando de este modo que se presenten las acusaciones formales contra varios exmiembros del Gobierno de Evo Morales.

La denuncia apunta a que la Fiscalía está solicitando pericias informáticas sobre el proceso electoral, que tardarían al menos dos meses en ser realizadas, cuando en la actualidad ya se tiene informes técnicos informáticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y declaraciones de empresas como Ethical Hacking.

“Esta pericia que pide la Fiscalía ya la han visualizado hace ocho meses y no la han podido efectivizar, y ahora me suena a pretexto para no cerrar el caso y pasar a la siguiente etapa del juicio”, dijo a Los Tiempos el procurador Alberto Morales.



Explicó que se ha pedido a la Fiscalía Departamental de La Paz que prescinda de esta pericia y acelere el proceso investigativo.

El fiscal departamental de La Paz, Mario Cossío, explicó que hubo una paralización de todas las investigaciones debido a la cuarentena rígida de los meses abril, mayo y junio.

Morales dijo que las pericias de la OEA y otras ya han establecido que hubo un fraude en varias etapas, desde el padrón, la manipulación del voto a través de control social, falsedad de actas, transcripción de actas favoreciendo al MAS y también sobre el corte del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) la noche del 20 de octubre de 2019.

Pese a este pedido, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció ayer que se contrató con fondos propios a una empresa europea para que realice una pericia informática del fallido proceso electoral.

“El Ministerio Público, por cuenta propia, ha logrado tomar contacto con una empresa y, con los pocos recursos que tenemos, vamos a lograr cubrir los gastos que demande la pericia informática internacional”, dijo Lanchipa.

La autoridad dijo que dentro de este caso se tiene como base un informe de la OEA, pero que el Ministerio Público debe tener una posición técnica para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe.

“Tenemos la posición de varios expertos nacionales e internacionales, pero como Ministerio Público tenemos que tener la certeza para presentar la situación real de lo que aconteció en todo el manejo informático en las elecciones pasadas”, sostuvo el Fiscal General.

El procurador Morales indicó que en la actualidad hay 11 casos abiertos por fraude electoral. Nueve de ellos son departamentales y dos son nacionales. Estos dos últimos se encuentra en la sede judicial de La Paz.

En el caso fraude electoral I están imputadas nueve personas, entre ellas, los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros funcionarios. El caso fraude electoral II, que implica al expresidente Evo Morales y a su entorno, aún no ha sido abierto por la Fiscalía del Estado, por lo que la Procuraduría pidió, en un memorial con 308 indicios, que se impute al exmandatario y a los exministros implicados.

El director departamental de la PGE de La Paz, Fabio Joffré, exigió a los fiscales anticorrupción hacer las gestiones para la respectiva imputación del caso fraude II, también por delitos de alteración y ocultación de resultados electorales, manipulación informática en procesos electorales.

Según la Procuraduría, los delitos no pudieron cometerse sino en función de la acción de “una compleja estructura de poder montada por los acusados para perfeccionar y dejar en la impunidad tan abominables atentados contra la democracia y el derecho al sufragio de la población”.

Los indicios, según el Procurador, apuntan a Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana y Héctor Arce Zaconeta, principales autores que ejercieron el dominio de las operaciones de fraude electoral detectadas en dichas elecciones. También se implica al exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) Nicolás Laguna.

Exvocal Lucy Cruz ordenó parar TREP

La exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Lucy Cruz fue identificada en la inspección ocular como la persona que ordenó el corte del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

“Se identificó a una de las vocales, que es la señora Lucy Cruz, que ha sido implicada como la que dio la orden para el corte del TREP”, explicó el jefe de la División Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Luis Fernando Guarachi.

En noviembre de 2019, una auditoría realizada por la OEA detectó irregularidades y “manipulación dolosa” en la transmisión de los resultados de las elecciones de 2019.

Indagan a Agetic y a estructura de mexicanos que operaron en el fraude

La Fiscalía Departamental de La Paz desarrolló ayer la segunda jornada de la inspección técnica ocular, en la que se visitaron tres lugares que habrían tenido importancia gravitante en el fraude electoral. Entre ellas, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), que, según indicios, fue uno de los centros de operaciones del fraude.

El jefe de la División Corrupción Pública, Luis Fernando Guarachi, explicó que se encontró material electoral en las oficinas de Agetic, lo que llama la atención, pues esta institución no tenía ningún convenio con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Guarachi también relató que, según las declaraciones de los sindicados, los exvocales del T SE hubo amenazas de demandas penales y “casi llegaron a los golpes” por ciertas decisiones que se habrían tomado al margen de la ley.

Además de la visita a la Agetic, también se inspeccionó el hotel Radisson, donde se había instalado el Centro de Cómputo Nacional de las elecciones anuladas, y se visitó la Dirección Nacional de Tecnologías, en la zona de San Jorge, en La Paz

Por otra parte, el procurador general del Estado, Alberto Morales, aseveró que se constató que un grupo de extranjeros, de nacionalidad mexicana, tenía acceso a la base de datos y al sistema del proceso electoral, lo que llama profundamente la atención, porque estos equipos extranjeros no eran parte de ninguno de los protocolos habilitados por el TSE.

Según Morales, los equipos de mexicanos se instalaron en el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo (Palacio de Gobierno), en el Ministerio de la Presidencia y en un céntrico hotel.

Estos extranjeros tendrían relación con varias autoridades locales y nacionales de México.