Informe especial: Las pruebas del fraude electoral

Fuente: ABI

ESTRATEGIA PARA UN FRAUDE



Vea: Video: La prueba del fraude electoral

El exvicepresidente, Álvaro García Linera, admite en una reciente entrevista en El País de Madrid que ya “había señales de malestar entre la clase media tradicional” cuando se produjeron las protestas ciudadanas posteriores a las elecciones del 20 de octubre de 2019.  Con esa información se anticipó mucho antes una posible derrota del Movimientos al Socialismo (MAS) después de 14 años de gobierno y se planificó el operativo denominado “control electoral”, en el que trabajaron varios funcionarios públicos y ciudadanos extranjeros contratados específicamente para ese fin.

La vigilancia ciudadana permitió detectar varias acciones ejecutadas por ese grupo en el mismo día de los comicios y la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) encontró en los días siguientes evidencia contundente sobre la manipulación de los datos de la votación. El informe final establece la forma en que se quiso burlar la voluntad ciudadana: “A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del re direccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas. A ello se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible. Los hallazgos detallados revelan, asimismo, la parcialidad de la autoridad electoral…”

El trabajo del Ministerio Público y de la Policía, como se señala más adelante, corrobora la información proporcionada por la OEA.

EL “ASESOR” DE LA SALA PLENA DEL TSE

Sergio Daniel Martínez Beltrán era Director de Informática, Cartografía e Infraestructura Espacial del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuando fue convocado a su nueva misión para el gobierno.

El 27 de septiembre de 2019, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, ordenó la contratación de Martínez como consultor en línea y asesor de la sala plena. Pero el 30 de septiembre, el informático rechazó el acuerdo porque no estaba de acuerdo con el salario ofrecido.  Presionada por sus mandantes, Choque ordenó la incorporación de Martínez como Jefe TIC del Servicio de Registro Cívico (SERECI) en La Paz, con prisa y saltando todos los procedimientos de norma.  Todos los vocales del TSE, excepto Antonio Costas, aprobaron el irregular proceso.

Pero la presión para acomodar a Martínez en el puesto preciso no cesó ahí.  Poco después, los vocales Lucy Cruz Villca, Lidia Iriarte Torrez, Idelfonso Mamani Romero y Édgar Gonzales consiguieron que sea declarado en comisión a la Dirección Nacional de Tecnología y Comunicaciones (DNTIC) del TSE, justo el lugar en el que se manejaban la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el cómputo oficial de votos.

Una semana antes de las elecciones, los vocales Choque, Cruz, Iriarte y Gonzales presentaron a Martínez en la DNTIC como su asesor técnico. La orden de la presidenta fue que todos debían darle lo que pidiera y acceso total a todo. Así, con esos poderes, el sujeto obtuvo información delicada del TSE antes, durante y después del cómputo oficial.

UN TESTIGO EXTERNO

Un consultor internacional, experto en informática e inteligencia artificial, fue invitado a participar de las reuniones del grupo de “control electoral” armado desde el gobierno. El 1 de octubre, esa persona acompañó a la responsable de Informática del Ministerio de Defensa, Cynthia Paola Cortez Inchausti, a una reunión en la Casa Grande del Pueblo.

Para no dejar huellas, el jefe de seguridad del edificio había instruido que ningún ingreso relacionado con las actividades que se realizaban en el piso 17 sean registradas.

Ese día fueron presentados tres ciudadanos mexicanos, que se involucrarían en la conspiración.

Meses más tarde, temeroso de ser incluido en la investigación del fraude, el testigo relató varios hechos y señaló a personas que la Fiscalía y los policías comprobarían después como reales al compararlos con otras declaraciones.

PLANIFICACIÓN DEL FRAUDE EN LA CASA GRANDE DEL PUEBLO

El 1 de octubre de 2019, los mexicanos expertos en inteligencia electoral Ramón Díaz Ávila, Álvaro Iván Arce Cortez y Daniel Ariel García Portillo hicieron una demostración del sistema Territorial Visor en la Casa Grande del Pueblo.

Los extranjeros presentaron a Sergio Daniel Martínez Beltrán como el encargado de sistemas del Movimiento al Socialismo y coordinador con ellos. Con su cargo y autorizaciones concedidos por la presidenta del TSE, Martínez tenía la misión de sacar información delicada de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del TSE.

Cuando García Portillo realizó la demostración del sistema Territorial Visor, éste ya contenía los datos de cartografía, del CENSO y los del padrón electoral, bases de militantes, listas de votantes inhabilitados, las de difuntos y otros datos.  El objetivo de los mexicanos era elevar el porcentaje de votos a favor del MAS en las elecciones del 20 de octubre.

En la reunión de ese día también estaban presentes una asesora jurídica del Ministerio de Gobierno, el Jefe de Tecnología Informática de la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Alberto Encinas; el  Jefe de la Unidad de Planificación y Tecnologías de Información del Ministerio de Culturas, Marcelo Linares Gutiérrez;  varios jefes de sistemas de otras entidades públicas; y el responsable de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Justicia, Christian Felipe Virreira Scholvin. Este último iba a ser el encargado del desarrollo y soporte del software de la empresa mexicana y era, además, yerno del vicepresidente del TSE, Antonio José Iván Costas Sitic.

En determinado momento, el mexicano Díaz Ávila se retiró de la reunión con Max Eguívar, jefe de gabinete del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga.

Uno de los últimos puntos de la agenda de la reunión fue el establecimiento de responsabilidades de algunos ministros en relación al plan de control electoral. Así, la ministra de Culturas, Wilma Alanoca Mamani, quedaba a cargo de El Alto y en las manos del de Defensa, Javier Eduardo Zabaleta López, quedaba la ciudad de La Paz. El ministro Quintana iba a supervisar y coordinar todas las actividades con los vocales delegados presidenciales en los tribunales electorales departamentales y con los vocales del TSE Choque, Cruz, Mamani, Iriarte y Gonzales. Todos ellos tendrían que darle informes constantes y estar pendientes de cualquier instrucción de acuerdo al monitoreo y desarrollo del proceso electoral.

INVOLUCRADOS PREOCUPADOS

En medio de la investigación de la Fiscalía en todos estos meses, el registro de una reunión preocupa a algunos involucrados.

Si bien la instrucción era no dejar huella física de los encuentros, una quedó en la computadora del segundo al mando de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), Horacio López. La hoja da cuenta de las personas que participaron de una reunión pasado el mediodía del 8 de octubre de 2019.  Allí, López escribió los nombres de los participantes:

“Personas para reunión OEP:

María Eugenia

Ildefonso

Juan Pablo Tórrez (La Paz)

TED Tarija

Roy Coimbra

Gustavo Ávila

José Antonio Pardo

Marcelo Bracamonte

Héctor

JR

Procurador

Canciller

Nicolás

Sebastián Michel

Daniela Sachariaz (ARG)

Héctor Teodoro Fernández (ARG)

Antonio Cardonia

Diego Telo (EC)”

La participación de esos extranjeros no es menor dentro de todo el montaje del fraude. Al final, los datos alterados en Buenos Aires consiguieron la proclamación de un falso triunfo del MAS en primera vuelta.

TERRITORIAL EN ACCIÓN

Entre el 2 y el 11 de octubre llegaron a Bolivia varios ciudadanos extranjeros para unirse al trabajo de la empresa mexicana Territorial.  El equipo quedó conformado así:

Ramón Díaz Ávila, como líder y coordinador general.

David Ariel García Portillo, Isaac Gonzales San Martin, Jorge Enrique Rodríguez Santos y Milton Abel Huerta Gracia, como responsables del desarrollo y soporte técnico del sistema.

Jorge Hugo Romero Ortiz, Álvaro Iván Arce Cortez, Zoraida Abril Cruz Tenorio, César Paul Pacheco Flores, José Eduardo Aguilar Alba, José Octavio López Osorno, Ronald Beltrán Marcano Rivas, Jaime Alberto Castellanos del Campo, René Eduardo Santiago Gallegos, Gilberto Rodríguez de Ita, Marcela Amaranta Rodríguez Peynado, Rodríguez Rubio José Abisai, José Javier Salazar Mendoza, José Francisco Cabrera Anaya, Sergio Ramsés Puente Zamora y Guillermo de Jesús López Río quedaron como encargados de temas auxiliares y trabajos físicos manuales

Todos eran mexicanos, excepto Ronald Beltrán Marcano Rivas, de nacionalidad venezolana.

El equipo de Territorial se alojó en el hotel Real Plaza y estableció su cuartel general en los pisos 10, 11 y 12 del mismo entre la última semana de septiembre y el 23 de octubre de 2019.  El jefe de gabinete de Quintana, Max Eguívar, trabajó con ellos entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2019.

LA INTERRUPCIÓN DEL TREP

Alrededor de las 8 de la noche del día de las elecciones, cuando ya la sala plena había dado el informe de los datos del TREP con 83,76% de las actas verificadas y una segunda vuelta electoral en puertas, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, recibió una llamada del director de la empresa de auditoria informática Ethical Hacking. Álvaro Andrade le comunicó que encontró un servidor no registrado y pidió a los vocales que se dirijan con urgencia a las oficinas de la DNTIC, ubicadas a unas siete cuadras del lugar.

Antes de dejar el centro de informaciones, los vocales Iriarte y Gonzales ordenaron al director del SERECI, José Antonio Pardo, cortar el TREP. Pero éste se negó. Frente a tal respuesta y con la llamada de Andrade, la presidente Choque, Mamani, Iriarte y Cruz salieron del Hotel Real Plaza. El chofer del vehículo que los llevaba a las oficinas de la DNTIC oyó cómo Cruz gritaba nerviosa al teléfono “Carajo, Apáguenlo”.

Los vocales Gonzales y Costas llegaron después en sus propios vehículos.

La reunión allá terminó con una acusación de fraude contra el MAS al gerente de NEOTEC, Marcel Guzmán de Rojas.  Cruz volvió a insistir en el corte del TREP, secundada por los vocales Gonzales, Iriarte y Mamani. Después de unos minutos, la vocal salió y personalmente volvió a exigir a los funcionarios de la dirección de informática la interrupción del sistema. Algunos habían desoído inicialmente la misma orden, dada por teléfono también por la presidenta Choque.

Otras dos personas que fueron testigos de lo que pasó esa noche en las oficinas de San Jorge fueron el Director de Tecnologías del TSE, Windsor Saire Quipildor y Wilson Rodríguez Vinaya. El último era parte del personal de confianza de la vocal Lucy Cruz en la DNTIC. Antes de ocupar ese puesto fue vocal suplente del TED Oruro, cuando Cruz era delegada presidencial.

EVIDENCIAS QUE PROPORCIONÓ LA AUDITORÍA DE LA OEA

Lo que vino en las horas y días siguientes ya es historia conocida.

La auditoría de la OEA dio la estocada final al fraude del gobierno de Evo Morales.

En los resultados de la pericia se establece:

  • La paralización intencional y arbitraria del TREP. El TSE ocultó, de manera deliberada, que un 5.58% de actas ya se encontraban en el sistema sin ser publicadas.
  • La introducción de servidores a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP.
  • El servidor oculto BO1 atendió peticiones web ajenas a al TSE.
  • Se evadieron los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico hacia una red que estaba fuera del dominio, administración, control y monitoreo del personal del TSE.
  • El esquema tecnológico paralelo y no controlado facilitó un entorno que permitía la manipulación de datos, suplantación de actas y otras maniobras.
  • Se detectaron irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo. Hay, por ejemplo, actas en equipos de la AGETIC falsificadas y fechadas con anterioridad al evento electoral e introducidas en el sistema informático del TREP y del cómputo oficial de votos.
  • Se quemó un número incierto de actas y más de 13.100 listas índice de electores habilitados.
  • El software fue modificado en pleno proceso electoral. Entre los cambios registrados se incluyen modificaciones de actas del exterior.
  • El TREP y el cómputo no eran dos cosas absolutamente independientes, como declararon los exvocales del TSE cuando proclamaron el triunfo del MAS en primera vuelta. Al menos 1575 actas del TREP fueron introducidas directamente en el cómputo oficial.
  • Se registraron al menos 37 actas del voto en el exterior que presentaban inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejaban un número distinto de votos comparado con el total de votantes en las listas
  • Se constataron actas del voto en el exterior originales (sin llenar) en las instalaciones del TSE.
  • Los datos de 41 mesas de sufragio fueron modificados con una función denominada “desanular actas” desde el TSE.
  • La deficiente cadena de custodia no garantizó que el material electoral no haya sido manipulado y/o reemplazado.
  • Entre el 24 y el 25 de octubre se interrumpió la publicación del cómputo oficial debido a ataques de denegación de servicio contra el servidor de publicación de resultados oficiales.
  • Votantes inhabilitados fueron incluidos en la lista de electores.
  • El análisis estadístico realizado reveló que la victoria en primera vuelta de Evo Morales era improbable y que su proclamación se dio por un aumento masivo e inexplicable de los votos del MAS en el 5% final del cómputo. Sin ese aumento, el MAS no habría obtenido la diferencia del 10% necesario para evitar la segunda vuelta.

Las investigaciones comprueban varias de estas situaciones.

Falta aun involucrar en el proceso a los cerebros del fraude que impidió una segunda vuelta electoral en la que el MAS tenía todas las de perder.