Cambiar la legislación laboral, ¿arma de doble filo?

 

La creación, defensa o promoción de la legislación laboral en nuestro país, siempre ha sido un factor determinante para generar empatía y popularidad por parte de Presidentes, Ministros y autoridades (en general) para con el pueblo. Ejemplos sobran.



Durante el desarrollo de la cuarentena por el Covid-19, tanto la exmandataria Jeanine Añez, como Eva Copa (expresidenta de la cámara de senadores) promulgaron disposiciones laborales para promover la estabilidad laboral y el pago de salarios de los trabajadores durante la pandemia. Aun, a pesar que para muchos rubros no había forma de trabajar (ni tampoco teletrabajar), las normas promulgadas obligaron a los empleadores a seguir pagando salarios, por más que estos no tenían cómo generar ingresos.  Esta situación provocó despidos, renuncias, cierres de empresas y a la vez diversidad de debates jurídicos para ver si correspondía mantener los contratos laborales, a pesar de la fuerza mayor provocada por el COVID-19.

Lo cierto es que la ley laboral boliviana, en cuestión del derecho al salario (art.52°LGT) menciona que este es proporcional al trabajo, por lo cual podemos interpretar que sin trabajo, no hay salario. Sin embargo, por otra parte, tenemos legislado que las interrupciones de trabajo originadas por causas ajenas a la voluntad del trabajador, también forman parte del tiempo de servicio (DS.1592/1949) y, sobre todo, está estipulado en distintas normas (incluyendo la CPE) que los despidos deberán ser (siempre) justificados, conforme a las causales de ley (art.16/LGT), entre las cuales, no se encuentra contemplado el despido por fuerza mayor o ni siquiera la suspensión temporal de la relación laboral. Ante tal escenario, para cualquier presidente, ministro o autoridad de turno, siempre será más fácil pasar el problema a los empleadores (privados), antes que buscar una solución coherente que pudiera irse en contra del proletariado laboral.

Qué fácil resulta quedar bien con el pueblo con regalos o determinaciones que no le cuestan al gobernante, y que simplemente impone su cumplimiento al sector privado.

Determinaciones como el incremento salarial, el doble aguinaldo, la ley de empresas sociales, el pago de salarios (sin importar la crisis que hubiera), el asueto con goce de haber, así como la creación de cualquier otro derecho laboral, siempre favorecen a la gestión del Gobierno de turno, dándole un aire de grandeza o la apariencia de “gobernar escuchando al pueblo”.

Finalizando este año 2020, es notorio que la situación ha cambiado. Actualmente contamos con una de las tasas de desempleo más altas, con tendencia a agravarse. El Gobierno actual ha mencionado que está por impulsar una política dirigida a recuperar la economía (fuente El Deber). Para ello, por parte de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, ya han surgido pedidos para ajustar la relación laboral (fuente Eju.tv).

Ante tal panorama, surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué pasará con el pago del aguinaldo navideño?, ¿cómo lo podrán afrontar las empresas afectadas?; ¿El 2021 habrá incremento salarial?; ¿Se aplicará la ley de empresas sociales para aquellas que estén por quebrar? ¿Qué medidas laborales nos esperan para este 2021?

Para el actual Presidente Arce, aplicar medidas económicas sin afectar la legislación laboral no será fácil. Pues estará presente la presión de los sectores sociales, quienes muy probablemente buscarán similares beneficios que les otorgaron desde aquella llegada en el 2006. Cambiar la legislación laboral es una necesidad latente, pero sin duda alguna podría tornarse en un arma de doble filo para su gestión o la economía del país.

Oscar Gómez Berthón/Magíster en Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Empresarial.