CIDH: «No forma parte del grupo entrar a cuestiones de índole política»

“El grupo interdisciplinario tiene el mandato de apoyar a las autoridades bolivianas en la investigación y sanción de esos hechos, y en la formulación de planes de reparación integral a las víctimas”.

Fuente: paginasiete.bo



Alcides Flores  / La Paz

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Joel Hernández García, explica a Página Siete los alcances del trabajo que realiza en el país -desde esta semana- el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la institución que dirige. Da fe del profesionalismo e independencia de los integrantes de este grupo, que fueron seleccionados gracias a su trayectoria y experiencia en el área de la investigación de hechos relacionados a los derechos humanos.

Hernández, un destacado jurista y diplomático mexicano, que forma parte de la CIDH desde 2018, es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en derecho internacional en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York  y conoce ampliamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Está en el país el GIEI de la CIDH para investigar los hechos de violencia y la violación a los derechos humanos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. ¿Qué debemos esperar como resultado del trabajo de estos profesionales?

Que las víctimas de la violencia política y de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 reciban justicia y reparación por las violaciones incurridas. El grupo interdisciplinario tiene el mandato de apoyar a las autoridades bolivianas en la investigación y sanción de esos hechos y en la formulación de planes de reparación integral a las víctimas. En la medida en que se obtenga justicia por parte de las autoridades bolivianas  estaremos  muy satisfechos.

En Bolivia hay dos certezas que manejan los analistas y  politólogos como causas de lo ocurrido en 2019: la primera, la violación de la Constitución Política por parte de Evo Morales al volverse a postular como candidato a pesar del referendo del 21F. Y la segunda certeza, la investigación de la OEA que llegó a la conclusión de que en los comicios de 2019 hubo fraude, conclusión avalada incluso por la Unión Europea. ¿Por qué el grupo de expertos no incluye estos dos hechos en su investigación?

No forma parte del grupo entrar a cuestiones de índole política o de índole electoral. Hay que entender el mandato del grupo en el contexto en el que la CIDH le propone al Estado de Bolivia su establecimiento. Justamente después de las elecciones del año pasado, cuando existe un clima de violencia poselectoral, la CIDH manda una delegación encabezada por el entonces secretario ejecutivo Paulo Abrão y se ve una situación de deterioro de los derechos humanos.

En ese contexto se le propone al Estado boliviano una de las recomendaciones específicas: crear un mecanismo internacional independiente que apoye las investigaciones. Ese es el contexto histórico y la razón por la cual se formula (ese grupo de investigación) para que exista memoria, verdad y justicia en las violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, a eso se circunscribe el trabajo del grupo.

También hay coincidencia en el país en que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se hubiera pronunciado a tiempo sobre la reelección indefinida, este país se habría evitado tantas muertes y tanta destrucción. ¿Por qué la Corte IDH fue tan indiferente?

Todos los mecanismos internacionales tienen sus propios procedimientos, tienen sus tiempos y tienen sus límites. Tienen en su mandato, desde luego, alcances importantes para mover la agenda de los derechos humanos, pero tienen sus límites.

Es la propia ciudadanía la que tiene el destino en sus manos. Todos los organismos internacionales son organismos de apoyo. En el caso específico de la Corte IDH, hay que entender muy bien en qué contexto se está dando el proceso de opinión consultiva. Esta es una opinión que solicita Colombia en 2019 a partir de una pregunta general que formula a la Corte sobre si existe un derecho humano a la reelección indefinida para que la Corte haga un análisis jurídico de ese alegado derecho humano y establezca cuáles son las condiciones para la reelección que se ajustan a la Convención Americana de los Derechos Humanos. No está referido al caso de Bolivia en particular, está referido a cualquier situación que se presente en nuestro continente.

Una vez que la Corte IDH termine su proceso va a emitir una opinión que no tiene carácter vinculante porque es consultiva, pero sí tiene una autoridad moral muy importante porque la Corte IDH es la última intérprete de la Convención Americana y el estándar que fije la Corte servirá de guía para la región, para todo el proceso democrático que se dé.

Y cuál es la opinión de la CIDH sobre la reelección indefinida y sobre lo que pasó en Bolivia.

Por lo que respecta a la opinión consultiva de la Corte, la comisión participa en el procedimiento y la comisión es muy contundente en señalar que no existe un derecho humano a la reelección indefinida. La comisión examina los derechos políticos contenidos en la Convención Americana y señala que, dependiendo de cada régimen político y de acuerdo a las constituciones nacionales, existe la posibilidad de una reelección, pero esta reelección tiene que tener un carácter de necesidad y de proporcionalidad.

Por lo mismo, no resulta proporcional una reelección de tipo indefinida y no está tampoco consagrada como un derecho a la luz de la Convención Americana, porque tiene diversos efectos adversos a la democracia.

¿El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia se excedió en su rol? Además, emitió un fallo por encima de los resultados de un referendo.

Todo tribunal de nuestra región  debe hacer dos controles en los fallos que realizan: uno, el control de la constitucionalidad, es decir ver que los actos impugnados sean acordes a la Constitución, y dos, tiene que ser un control de convencionalidad, es decir ver que los actos sean acordes a la comisión. El TCP hizo una interpretación alejada de la convencionalidad. Pero el proceso en sí mismo es un proceso de índole nacional, por lo que no existe la facultad de la comisión de poder revertir un fallo del TC. Ahora, una vez tengamos la opinión consultiva de la Corte… cualquier Tribunal Constitucional va a tener una opinión jurídica de la Corte IDH y va a ayudar a hacer ese análisis de convencionalidad.

¿Cuán independiente es el trabajo de la CIDH?

La CIDH es autónoma, independiente en su mandato y en sus actos. Esto es un capital que ha ganado la comisión a lo largo de 60 años y que es indispensable que lo ejerza para que pueda hacer su mandato de protección a derechos humanos. Si a la comisión no se le reconoce esta autonomía e independencia, está limitada para actuar.

Hay algunos casos que dejan la sensación de que la CIDH fue muy condescendiente y lenta en su actuar (para atender los casos de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Evo Morales), pero fue muy ágil en los casos contra el gobierno de Jeanine Añez.  Ejemplo, en menos de un mes la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la Defensora del Pueblo, del Delegado Defensorial de Cochabamba y de la alcaldesa de Vinto. Los tres, cercanos al MAS.

Habría que ver caso por caso. En las medidas cautelares la comisión tiene que actuar con máxima urgencia, en función de la gravedad de la situación cuando exista una situación de irreparabilidad de los derechos que son afectados. Y esta celeridad lo hace la comisión en todos los países, no sólo en un caso determinado como Bolivia, ni  condicionado a un gobierno u otro. La cartera de casos que la CIDH tiene sobre Bolivia es muy amplia. Hay varios casos que se encuentran en estudio y proceso.

Lo que sí hay que tener muy claro son los contextos históricos, y si en un contexto histórico en el que existen amenazas a la vida y éstas son repetidas, pues es lógico que habrá un mayor número de medidas cautelares.

Le pongo un ejemplo de un caso en el lado opuesto, ocurrido en 2014 durante el gobierno de Morales. En ese entonces, el que fue ministro de Salud Juan Carlos Calvimontes reveló públicamente la enfermedad del magistrado Gualberto Cusi. La Ley 3729 prohíbe explícitamente revelar la enfermedad que él padece. En septiembre de ese año, Cusi recurrió a la CIDH porque en el país no pudo conseguir justicia. Pasaron meses,  años y la CIDH nunca dio curso a su solicitud. A los cinco años su caso se archivó, a pesar de que sus derechos fueron violados flagrantemente por el gobierno.

Pero entonces estamos hablando de otro procedimiento, no estamos hablando de medidas cautelares, tal vez (por) lo que usted me está poniendo como ejemplo -yo desconozco las peculiaridades del caso-, estamos hablando más bien de un caso que se somete a la CIDH en razón de alegadas violaciones de los derechos humanos. Ese es un procedimiento totalmente distinto, es un procedimiento que pasa por varias etapas…

Cusi hizo la solicitud de “medidas cautelares”, usó esos términos cuando recurrió a la CIDH.

Desconozco las peculiaridades del caso, pero si hubiera sido una solicitud de medidas cautelares, aquí es muy importante tener en cuenta que éstas son un instrumento para proteger derechos a la vida y a la integridad que deben  tener tres requisitos reglamentarios: urgencia, gravedad y reparabilidad. La CIDH hace un análisis jurídico detallado de esos elementos. Cuando no existe el cumplimiento de esos requisitos, no puede (hacer nada). En repetidas ocasiones nos enfrentamos a una confusión del procedimiento y se esperaría que a través de las medidas cautelares la CIDH se pronuncie sobre una violación de derechos humanos. No es materia de la medida cautelar, es materia de procedimiento ante el sistema de casos… En ocasiones se confunde el mismo nombre, se piensa que una medida cautelar de la CIDH es similar a una medida cautelar que se da por un tribunal nacional. Es simplemente una coincidencia de nombre. Entonces, se crean  muchas expectativas alrededor de las medidas cautelares.

Similares quejas han habido de parte de La Apdhb, del Cedib, del Cejis y otras organizaciones que en octubre .de 2016 solicitaron medidas cautelares para frenar el intento del gobierno de Evo Morales de alinearlos.

Entiendo muy bien la frustración que pueda haber y las altas expectativas de los peticionarios. Pero el trabajo de la comisión consiste en escuchar a todos, en recibir todas las peticiones, pero inevitablemente, como sucede en cualquier órgano judicial, hay que hacer un análisis jurídico de los elementos de facto con base en derecho a resolver.

¿Cómo han sido elegidos los del  del grupo de expertos?

La CIDH llevó a cabo una búsqueda y un análisis de expertas y expertos de la más alta calidad moral, con calificaciones técnicas de reconocido prestigio en distintas áreas para formar un grupo interdisciplinario. Tienen amplia experiencia internacional en materia de investigación de delitos, en materia de derecho constitucional, en materia de derechos internacionales de los derechos humanos y también en materia de derechos de los pueblos indígenas. Son éstas las cuatro disciplinas que están representadas en el grupo.

En la primera audiencia del grupo de expertos participaron dos víctimas del MAS en los hechos de 2019: la periodista Casimira Lema y la estudiante Yareth García. Ellas fueron acosadas por seguidores del gobierno, las llamaron “golpistas” y “asesinas”. ¿No tendría que separarse a las víctimas de uno y otro lado? ¿Cómo es la metodología de trabajo del grupo?

Desconozco esos hechos. Lo que sí le puedo decir es que dentro del mandato que tiene el grupo es el de precisamente proponer al Estado medidas para garantizar la seguridad de las personas que cooperen con ellos.

¿En qué tiempo estará  el informe del grupo? ¿Es vinculante?

Lo siguiente es muy importante para tener claridad en las expectativas: son las autoridades bolivianas  las responsables de la investigación y de la sanción por violaciones incurridas en el periodo de septiembre-diciembre del año pasado. El grupo tiene un carácter de coadyuvancia, lo que busca es acercar a las autoridades instrumentos de apoyo con la elaboración de planes de investigación, de planes de reparación integral a las víctimas. Todo esto con el lente del derecho internacional de los derechos humanos.

Confiamos en que estas recomendaciones que emita el grupo, en primer lugar, sean de utilidad, que gocen de una idoneidad para que ayuden al proceso; en segundo lugar, que con ellas se fortalezca la investigación que van a hacer las autoridades.

Hoy por hoy el grupo de expertos  tiene un mandato de seis meses. Este mandato puede ser renovado previo acuerdo de partes y tendremos que ver eso en función del desarrollo de las investigaciones.

HOJA DE VIDA

  • CIDH  Fue elegido miembro de la CIDH para el   período 2018-2021.
  • Títulos  Es licenciado en derecho y tiene una maestría.
  • Prestigio  Es conocido por su labor en el sistema para el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: paginasiete.bo