Morales y dirigentes sociales quedaron libres de cargos en las últimas horas
La Fiscalía Departamental de Oruro rechazó ayer la denuncia interpuesta en contra del expresidente Evo Morales y dirigentes del Pacto de Unidad por los supuestos delitos de atentado contra la salud pública, destrucción y deterioro de bienes del Estado, durante los bloqueos que se registraron en agosto de este año.
“Ante la carencia e insuficiencia de medios de convicción del hecho denunciado, además que las actuaciones policiales resultan ser insuficientes para proseguir la acción penal y considerando a falta de individualización del presunto autor, el suscrito fiscal de materia, dispone el rechazo de la denuncia”, señala el requerimiento de fundamento de rechazo, que presentó el fiscal Aldo Morales al Órgano Judicial.
Dicho documento fiscal es refrendado por una notificación procesal del juez de Instrucción Penal de Oruro, Alipio Véliz, quien ordenó el archivo de obrados.
La denuncia de los cívicos de Oruro fue interpuesta en contra del exmandatario Evo Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, el extinto secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, y la dirigente del Pacto de Unidad, Segundina Flores.
La querella fue presentada por la presidente del Comité Cívico de Oruro, Rosario Sandalio, el 14 de agosto.
“Estamos esperando que nos notifiquen con el rechazo de la denuncia que presentamos como ente cívico, para presentar objeción en el plazo establecido”, sostuvo Sandalio.
El 7 de agosto el exjefe de Epidemiología, Virgilio Prieto, denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que los bloqueos impidieron el suministro normal de oxígeno medicinal a los hospitales, lo que provocó la muerte de más de 30 pacientes con covid-19.
DEMANDA INTERNACIONAL
En septiembre, la Procuraduría General del Estado interpuso una demanda por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) ubicada en La Haya (Holanda), contra Morales y Huarachi.
La denuncia presentada por el ahora exprocurador general del Estado, José María Cabrera, apuntaba al bloqueo registrado durante la primera quincena de agosto y que, según las autoridades, provocó la muerte de al menos 30 personas porque se impidió el paso de oxígeno medicinal, ambulancias, médicos y otros imprescindibles para atender la emergencia sanitaria.
Los bloqueos fueron convocados por la COB y las organizaciones sociales afines al MAS en rechazo a que se postergue las elecciones hasta el 18 de octubre.
El exprocurador, además de presentar la denuncia, fue recibido en audiencia oficial por la Fiscal General de la Corte, Fatou Bensouda.
“No pueden quedar impunes estos actos inhumanos, de tremenda crueldad. La Corte Penal tiene jurisdicción para que estas personas, incluso gobernantes en funciones y exgobernantes, cumplan y respondan ante la justicia por los actos criminales que han cometido”, sostuvo en ese entonces la exautoridad, según difundió el canal estatal Bolivia Tv.