La misa en homenaje a las víctimas de Senkata. Foto: La Razón
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“Todas las autoridades vamos a apoyar a la CIDH para esclarecer la verdad y se sancione con todo el peso de la ley”, dijo el ministro Edmundo Novillo en el acto realizado hoy en Senkata (en El Alto paceño) con asistencia de vecinos, activistas del MAS y ministros del actual gobierno. Del acto de desagravio por las víctimas también participó el jefe de la misión de la ONU en Bolivia para los Derechos Humanos, Alán García Campos y la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo y de Defensa, Edmundo Novillo, condenaron los hechos ocurridos en noviembre de 2019 con un saldo de 10 muertos y 70 heridos, según la Asociación de Víctimas de la «masacre» de El Alto, y de cuyos hechos responsabilizan al gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
El expresidente Evo Morales a su vez dijo este jueves que la Justicia, «por un compromiso con la vida», debe dar con los responsables de la masacre de Senkata, que tuvo lugar justo hace un año como consecuencia de una violenta intervención militar.
Hasta el presente el presidente Luis Arce ni ninguna de las autoridades de su gobierno o los dirigentes del MAS, han hecho mención y menos reconocen la existencia de otras víctimas de sectores de la ciudadanía no alineados al masismo y que también sufrieron pérdida de vidas humanas y destrucción de su patrimonio, como resultado de los violentos conflictos que vivió el país, tras el denunciado fraude electoral de octubre de 2019 y la posterior salida de Evo Morales en noviembre del mismo año.
Las declaraciones de los ministros de Estado confirman la posición del actual gobierno, que esta mañana es ratificada por el ministro Novillo en declaraciones al canal estatal:
A la posición expresada por las autoridades del Gobierno, se suma el exmandatario y presidente del MAS, Evo Morales, quien exigió hoy dar con los responsables de la «masacre» de Senkata, que tuvo lugar justo hace un año como consecuencia de una intervención militar. «Recordamos a los héroes por la democracia y nos solidarizamos con sus familias y con los heridos. La justicia boliviana, de oficio, por compromiso con la vida, debe avanzar en la investigación y dar con los responsables. No puede haber impunidad», afirmó el líder político desde su cuenta en Twitter (@evoespueblo).
El jefe de la misión de ONU en Bolivia para los Derechos humanos, Álan García Campos, consultado por el canal estatal Btv comentó que la investigación por la muerte de más de 35 vidas en el país debe realizarce con independencia de la filiación política que tengan tanto las víctimas como los perpetradores de los hechos de violencia.
Dijo que el objetivo es que todos obtengan justicia y sean reparados de manera integral.
Datos
El 19 de noviembre de 2019, afines al expresidente Evo Morales intentaron ingresar a la planta de YPFB en Senkata y tomarla, luego un operativo policial-militar permitió controlar la situación y permitir el abastecimiento de carburantes a La Paz. Los movilizados dinamitaron el muro del recinto e intentaron ingresar, pero fueron contenidos por efectivos de las FFAA.
Los conflictos sociales empezaron la noche del 20 de octubre de 2019, cuando los entonces vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendieron el conteo de votos sin explicación porque entonces se garantizaba la segunda vuelta. Cuando se reanudó la publicación, un día después, Evo Morales había ampliado su ventaja y el TSE lo declaró ganador.
El 10 de noviembre renunció Morales a la presidencia después de conocer el informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos que estableció que en las elecciones del 20 de octubre de 2019 se alteró “la voluntad expresada en las urnas”. Después se desencadenó una ola de violencia entre la ciudadanía que condenaba el fraude electoral y los grupos de afines al MAS que defendían al gobierno de Evo.
Las discrepancias continúan y se acentúan al presente sobre lo ocurrido en los difíciles días de octubre y noviembre de 2019.
Ayer en la Cámara Baja en el homenaje a las víctimas, la mayoría del MAS dijo que éstos ofrendaron sus vidas en “defensa de la democracia y el voto ciudadano”. La oposición reaccionó. “CC y Creemos queremos denunciar que el MAS está tirando por la borda el esfuerzo de reconciliación y reencuentro entre bolivianos en la Asamblea”, denunció el diputado de CC Carlos Alarcón, pues “se pidió que se hiciera un homenaje póstumo y se deberían recordar todas las muertes” y no sólo las de los afines al MAS.
Afirmó que la declaración “podría convertirse en una condena anticipada de completa distorsión de los hechos históricos de cómo sucedieron el año pasado”.
El jefe de bancada de Creemos Erwin Bazán denunció que el MAS pretende establecer una narrativa de los hechos de 2019 que sólo favorezca al partido azul en contra de los bolivianos que fueron víctimas de la violencia y que merecen justicia. Recordó las dos muertes en Montero y del activista Julio Llanos, en El Prado. Tampoco se cuentan las viviendas quemadas del exrector de la UMSA Waldo Albarracín o de la periodista Casimira Lema.
Aseguró que entonces la CIDH prometió incorporar “en esa fase de investigación otros hechos muy sensibles como las (dos) muertes de Montero, atracos a buses de potosinos, quemas de (66) buses PumaKatari en La Paz, las quemas de inmuebles de personalidades (Waldo Albarracín), la actuación de francotiradores de Vila Vila.
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